Un golpe a la democracia

Steven Levitsky
La exclusión de Julio Guzmán de las elecciones sería un golpe duro a la democracia peruana. Tumbar a un candidato presidencial viable por el incumplimiento de reglamentos menores no fortalece a la institucionalidad democrática; la mina. Viola derechos constitucionales: el de Guzmán de participar en elecciones, y el de los ciudadanos a la representación electoral (según la última encuesta de Datum, el 17% del electorado apoyaba a Guzmán). 
 
Más allá de lo constitucional, la exclusión de un candidato viable por cuestiones administrativas viola un principio fundamental de la democracia: la plena competencia. En las democracias modernas, los candidatos que cumplen con requisitos básicos, como edad y nacionalidad (y cuya participación no viola leyes existentes que prohíben la reelección presidencial o la postulación de familiares del Presidente) no son excluidos.
 
Salvo en casos muy excepcionales, como candidatos que amenazan a la democracia, los estados democráticos evitan medidas que afectan seriamente a la competencia electoral. La exclusión de candidatos es una característica de los regímenes autoritarios: ocurre en Rusia, Irán, Egipto, Ruanda, y Venezuela. En las últimas tres décadas, ninguna democracia latinoamericana ha excluido un candidato viable por razones burocráticas. Ninguna. 
 
¿Cuáles son los candidatos presidenciales que han sido excluidos en América Latina? En Guatemala, Efraín Ríos Montt fue proscrito por golpista y genocida. En Paraguay, Lino Oviedo fue excluido en 1998 por golpista. La primera dama guatemalteca, Sandra Torres, fue excluida en 2011, pero su candidatura violó a la Constitución, que prohíbe las candidaturas de familiares del Presidente.
 
Otro caso podría haber sido el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que fue destituido y proscrito de la política por 15 años por su mala gestión de basura. Pero después de apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción contra Petro fue revertida, porque, según el poder Judicial colombiano, proscribirlo por una infracción administrativa violaba a su derecho constitucional de participar en elecciones.
 
La lista de candidatos presidenciales proscritos en las democracias latinoamericanas contemporáneas se limita, entonces, a golpistas y genocidas. Ríos Montt, Oviedo, Fujimori. Por presión política o por ombliguismo, las autoridades peruanas pretenden incluir a Julio Guzmán en esta lista –no porque hizo un golpe de Estado sino porque no tuvo sus papelitos en orden. Si proceden, Perú sería la única democracia en América Latina que excluye a un candidato presidencial viable por razones burocráticas. Es una vergüenza. Hasta la revista británica The Economist ya escribe de manipulación (“rigging”) en las elecciones peruanas.
 
La exclusión de Guzmán sería el golpe más duro a las instituciones democráticas peruanas desde la caída de Fujimori. Viola claramente el derecho de los peruanos a elegir a sus gobernantes. Según las encuestas, Guzmán es, hoy en día, el candidato mejor posicionado para ganarle a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. No es una exageración, entonces, decir que al tumbar la candidatura de Guzmán, el JNE privaría a los ciudadanos peruanos de su mejor opción para derrotar al fujimorismo. 
 
Sacar a Guzmán por infracciones administrativas generaría un precedente nefasto para la democracia. La barrera para la exclusión de candidatos –que debería ser muy alto– bajaría. En vez de ser algo excepcional, reservado para golpistas y genocidas, excluir a candidatos se convertiría en algo normal y hasta común (“Si sacaron a Guzmán…”). En un país con instituciones débiles y politizadas como el Perú, normalizar la práctica de tumbar candidaturas desde el Estado es muy peligroso para la democracia. Podría matarla.
 
Seamos pro o anti Guzmán, hay que salir a defender su candidatura, por el bien de la democracia. Y la izquierda debe ser la primera en hacerlo. Por compromiso democrático, pero también por su propio bien. Si se normaliza la práctica de eliminar a candidatos, ¿quienes serán sus futuras víctimas? ¿Los candidatos de derecha, que cuentan con recursos, amigos en el poder y años de experiencia con el sistema actual? ¿O los candidatos populares o progresistas, que carecen de estas cosas? 
 

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