El Perú debe adoptar una posición firme ante la destitución ilegal de Dilma Rousseff.,La destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, constituye un golpe de Estado que la comunidad internacional debe de señalarlo con firmeza. El argumento sobre que el acto es jurídicamente válido porque el procedimiento del impeachment (juicio político) está incluido en la Constitución de ese país es falso y los peruanos lo sabemos por experiencia: fue el mismo argumento que usó el fujimorismo en 1997 cuando destituyó a los tres miembros del Tribunal Constitucional que osaron oponerse a la reelección de Alberto Fujimori. En un régimen de derechos y libertades, la ley no solo es la ley, sino que además debe ser justa y su aplicación requiere ser respetuosa del debido proceso. En este caso, Rousseff fue objeto del conjuro de fuerzas corruptas y desesperadas. El proceso se inició en la Cámara de Diputados hace meses violando desde el inicio los elementos básicos de un proceso justo y democrático, especialmente en la formulación de la denuncia, una demanda sin pies ni cabeza que la comunidad jurídica de ese país y de América Latina consideran antijurídica y carente de sustento. Es obvio que debemos darnos por enterados de que en Brasil se investiga una descomunal trama corrupta que involucra a empresarios, políticos y tecnócratas públicos. Las indagaciones afectaron al gobierno de Rousseff, a todos los partidos del arco político brasileño y a gobernantes regionales y empresarios. Ninguna de esas causas pudo ser dirigida a Rousseff, a la que en cambio se le atribuyó irregularidades administrativas de orden fiscal. En el proceso se demostró que el Presidente de la Cámara de Diputados, acusado él sí de corrupción, y un puñado de legisladores impulsaron la caída de la presidenta como una coartada para evadir a la justicia al punto que un ministro del gobierno ilegítimo que desplazó a Rousseff debió renunciar debido a la difusión de un audio en el que reconocía precisamente esta sucia estrategia. No debe pasarse por alto que 25 de los 61 senadores que esta semana derrocaron a Rousseff están acusados de corrupción y que en el colmo del cinismo el usurpador presidente Michel Temer es acusado también de recibir sobornos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano competente del sistema interamericano de DDHH, se ha hecho eco de las denuncias de ilegalidad del proceso de destitución, ha recordado el debido proceso y alertado a las autoridades judiciales de Brasil sobre que el caso se encuentra bajo su supervisión. El golpe se ha consumado por ahora pero es posible que el Tribunal Supremo de ese país anule lo actuado. El pronunciamiento de la comunidad internacional es crucial y en tal sentido llama la atención el silencio del gobierno peruano, especialmente de nuestra cancillería. Desde una opción sensata no se demanda la adopción de medidas como las tomadas por otros países pero bien valdría que, como lo han expresado otros países, el Perú por lo menos deplore lo sucedido a título de injusticia y llame como corresponde al respeto de la legalidad. En este punto, es lamentable el inmovilismo de Torre Tagle.
