Manuel Romero Caro y Humberto Campodónico expresan sus opiniones en torno al gaseoducto. , “Insisten en fórmulas proteccionistas y no defienden a consumidores” Manuel Romero Caro En relación a las críticas a los principales megaproyectos, Humberto Campodónico (HC) dice “nos parece muy bien que se investigue. Pero una cosa son los fines legítimos de búsqueda de la verdad y otra cosa son las campañas políticas que esconden intereses privados cuyo objetivo es el lucro”. Si HC conoce ese tipo de campañas, que no se esconda en generalidades y que señale claramente a qué campañas políticas y a qué intereses privados se refiere. En lo que al GSP se refiere, la única campaña que conozco es la que se inició hace más de dos años contra mi persona cuando empecé a criticar la manera como se otorgó la concesión y cómo se está ejecutando el proyecto. En todo caso, mi punto de vista ha sido muy claro desde el primer artículo: estoy defendiendo los intereses de los consumidores. Tampoco entiendo a qué intereses privados se refiere HC, ya que en mis artículos lo que estoy demostrando es que con Kuntur ( propiedad de Odebrecht ) el Gobierno al que sirvió el señor Campodónico fue muy generoso al no exigirle el cumplimiento de sus obligaciones y al no ejecutarle la carta fianza. Y luego, en un muy cuestionado proceso, le otorga la concesión del GSP a otra empresa de Odebrecht (Odb). Mientras que en Kuntur el riesgo era 100% privado, el GSP recibirá miles de millones dólares en subsidios de los consumidores eléctricos. Convirtiéndose de un problema 100% privado en un problema de todos los consumidores eléctricos. Y este es el origen de todos los problemas. Por lo que si ambas empresas tienen el mismo dueño, ¿a qué intereses privados estaría defendiendo? Quizás HC se está confundiendo con su propio caso. Ya que él está defendiendo puntos de vista que coinciden con los intereses de Odb (que sigue siendo el mayor accionista del GSP) sin preocuparse por defender los intereses de los consumidores. En realidad esta coincidencia no debería de extrañarnos, ya que HC, siendo Presidente de PetroPerú, suscribió con Braskem (brazo químico de Odb y principal interesado en la Petroquímica), un memorando de entendimiento para el análisis técnico y económico de la viabilidad de la petroquímica del etano. Ambas empresas encargaron un estudio a Chemical Market Resources. ¿Y cuál fue la primera conclusión de dicho estudio? “Lo más importante para el proyecto es establecer el suministro de etano y contratos de precio”. ¿Y cuáles fueron las dos primeras recomendaciones ? 1)“ Negocie el suministro de etano y contratos de precio tan pronto como sea posible. Esto debe de tener en cuenta el costo competitivo para entregar polietileno a clientes en Perú de Estados Unidos”. 2) “A menos que sea necesario, debido a un precio más alto del etano que no proporcione una ventaja competitiva clara, no debe de haber ninguna petición para un arancel proteccionista. Además puede ser posible reclutar el apoyo de la asociación de plásticos, de sus miembros y de sus conexiones políticas al negociar un precio más favorable del etano si un arancel no es solicitado”. En otras palabras, es necesario conseguir el precio más bajo posible para el etano a través del lobby. Pero si esto no se consiguiera, habría que solicitar un arancel proteccionista. Recomendaciones que coinciden con lo que manifiesta HC en su artículo, que los precios del etano y metano no los determinará “el libre mercado”. Recomendando formar una Comisión Multisectorial con participación de los gobiernos regionales para viabilizar el proyecto. Que es lo mismo que intentó lograr el ex asesor de Odb y ministro de Energía (Eleodoro) Mayorga. Comisión que tuvo que ser desactivada luego que el ministro Ghezzi descartara tajantemente que el Gobierno tuviera algún interés en conceder subsidios o bajar impuestos para impulsar a nuevos motores del crecimiento de la economía. Esta fórmula violaba los contratos-ley y la santidad de los contratos. El punto de vista de HC inclusive representa un cambio de su propia opinión, ya que en una mesa redonda sobre el GSP en Gestión el 07.04.16, al hablar sobre la propiedad de la molécula, manifestó: “A lo que voy, no es a que el Estado sea el dueño, sino que pueda decidir el destino de la molécula, pagando el precio que se debe pagar”. Este es el precio que fije el mercado, o los productores y consumidores, pero de ninguna manera el precio que fije el Estado. Estas viejas fórmulas proteccionistas, de controles de precios, de lobby, ya han sido descartadas, sin embargo Odebrecht-Braskem y Campodónico insisten en ellas. HC toca el tema de las reservas, el de los subsidios, el proceso judicial, etc., pero no dice ni una palabra del principal problema pendiente del GSP: la falta de demanda, ya que el proyecto se aprobó irresponsablemente, sin contar con un estudio de mercado. Inclusive HC, en la mesa redonda anteriormente mencionada, manifiesta que “el problema (del GSP) es que no está concebido como proyecto integral y ese es uno de sus principales defectos”. Era integral cuando estaba concebido con la petroquímica; pero sin ella el proyecto ha quedado sin su principal demandante. En relación a los subsidios que pagaremos todos los consumidores , HC menciona que la cifra de US$ 11,000 millones presenta múltiples errores. El más importante es uno: que no hay subsidio con recursos del Estado. Esto es claramente una desinformación, ya que en el artículo de mi autoría, empezando por el título (Consumidores pagaremos subsidios por más de US$ 11,000 millones al GSP) se precisa que son los consumidores (y no el Estado) los que tendrán que asumir los subsidios. En relación al Ingreso Garantizado Anual (IGA), el informe N° 1553-2016 –GRS de Osinergmin establece que el IGAo sería de US$ 912.3 millones que serían aportados por los consumidores. Cuando el GSP entre en operación comercial se efectuaría un ajuste en función de lo que hubieran aportado los consumidores en el período preoperativo , pero también se efectuarían ajustes en función de los escalamientos de costos y de las obras adicionales que se hubieren efectuado. Estimándose que el resultado neto no sería muy diferente de la anualidad de $912 millones. Y para el resto de los 30 años de la concesión los concesionarios recibirían sí o sí $ 912 anuales (o la cifra reajustada) menos los ingresos que pudiera generar el GSP. La diferencia que estimo que será muy importante en los primeros años de operación por falta de una demanda suficiente, se cargaría a los consumidores. Finalmente en relación a la percepción de corrupción, en la encuesta de este mes de Pulso Perú (de Datum) muestra un resultado contundente: Casi el 70% de encuestados consideró que sí hubo algún acto de corrupción en la licitación de los tres principales megaproyectos (GSP, Talara y Línea 2), y solo el 6% indicó lo contrario. “Quienes no quieren gasoducto están en campaña por intereses privados” Humberto Campodónico 1) (Manuel) Romero dice que casi no hay demanda para el GSP y los perjudicados son los consumidores ya que el concesionario tiene un Ingreso Garantizado Anual (IGA) de US$ 912 millones si la demanda es inferior a 500 millones de pies cúbicos diarios. No. Ya hay una demanda de 400 mmpcd provenientes de la reserva fría de Enersur (560 MW), el Nodo Energético del Sur (720 MW de Enersur en Ilo y 720 MW de Kallpa en Mollendo) y Quillabamba (180 MW), así como los usuarios industriales Cachimayo, Aceros Arequipa, Cementos Yura y Southern Peru. A esto se suma la demanda de GNV, otras industrias y consumo domiciliario. Conclusión: hay demanda y el tubo ya está lleno al 80%. 2) Por tanto, las cifras de Romero de US$ 11,000 millones sobre el pago del IAG están infladas. La cosa es más bien al revés: con gas en el sur habrá más incentivos para que los industriales no vengan a Lima porque habrá energía barata con el gas natural. El problema es al revés: el aumento de la demanda eléctrica hará que el tubo quede chico. Hoy Lima produce el 80% de la energía eléctrica. Apostemos por la descentralización. 3) Romero dice que hemos cambiado de posición. No. Nos reafirmamos en el enfoque de un proyecto integral, que ahora no existe: oferta, transporte y gestión de la demanda. La oferta actual es pequeña: 400 mmpcd del Lote 88. Hay que ampliarla a 1,200 mmpcd negociando con la estatal china CNPC (tiene 3 a 4 TCF de reservas de gas) respetando los precios pactados. Sobre eso, Romero no dice nada, porque más le interesa la crítica al GSP (un medio y no un fin) y no que el gas llegue a Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. 4) Romero dice que queremos volver a un esquema proteccionista y me atribuye estar de acuerdo con las recomendaciones de una consultora para poner un arancel proteccionista si el precio del etano es demasiado alto. Absurdo. También dice que nuestra propuesta de una Comisión Multisectorial (CM) implica que esta fije los precios del etano. Otra vez, absurdo. El precio del etano debe ser el precio internacional, que hoy está en igual nivel del gas natural. A ese precio, el etano necesario para la petroquímica cuesta US$ 60 a 70 millones anuales, lo cual la hace rentable ¿De qué proteccionismo se habla? 5) Romero dice que no se puede volver a conceder subsidios. Pero eso nada tiene que ver con el apoyo a una industria naciente. No habría Camisea sin el pago de aranceles en 7 años, recuperación anticipada del IGV, depreciación acelerada, Garantía de la Red principal, take or pay con Electroperú. ¿Lo bueno para Lima no lo es para el sur? La Ley 29176 del 2004 tuvo nombre propio: se dio para que Peru LNG goce los incentivos de la Ley de Hidrocarburos. ¿Dejó de percibir ingresos el Estado? Si Romero fuera coherente debió criticar a Camisea, la exportación del Lote 56 (obra de los “lobbies”) y la ley 29176 de Peru LNG. No lo hizo. 6) El “libre mercado” es incapaz de impulsar el complejo petroquímico, lo que Romero confunde con “fijación de precios”. Ahí entra la CM para decidir su locación y juntar a todos los inversionistas interesados. No podemos seguir quemando el gas con el etano adentro porque estamos perdiendo un valor agregado 20 veces superior, que genera miles de empleos y es la llave para la diversificación productiva. De eso no habla Romero. También se necesita buscar nuevas demandas de gas, incluida una planta de exportación de LNG, a destinos europeos y asiáticos. Todo eso lo debe impulsar la CM. 7) El artículo de Romero está orientado a decirle a la población que mis argumentos son los mismos que aquellos de “empresas corruptas”. Ergo, defiendo “empresas corruptas”. Ese es su hilo conductor. Romero trata de desprestigiarme por ósmosis. No lo va a lograr porque ahí está mi trayectoria para demostrar quién soy, que mis argumentos no son “prestados” y que defiendo principios que traslado a hechos concretos. 8) Quienes no quieren Gasoducto han montado una campaña para defender intereses privados. Así es la vida y la política. Ya esa denuncia está en el Congreso (incluida la re-exportación de gas de Shell, de la cual Romero tampoco habla). Muy bien. Que allí se determine la verdad y se separe la paja del grano, castigando cualquier forma de corrupción.
