Al BCP le costó cara la reunión de Dionisio Romero con Montesinos

Sentencia. La Corte Suprema dispuso que el Banco de Crédito pague impuestos por la defensa a favor del ex presidente del banco, a quien se le abrió juicio por su cita secreta con Montesinos en beneficio del BCP.

Pura corrupción. Dionisio Romero Seminario en la tristemente célebre salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Ángel Páez

La reunión que sostuvieron en secreto el ex presidente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Dionisio Romero Seminario y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), le costará caro a uno de los principales bancos del país.

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El BCP declaró como deducible del pago del Impuesto a la Renta por la defensa legal de Romero en un juicio que se le siguió por haber sostenido un encuentro con Montesinos, a quien le pidió que interfiriera en un proceso en beneficio del banco.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) interpuso demanda contra el BCP porque el encuentro de Romero con Montesinos se consumó en un ámbito ilegal para conseguir un beneficio económico a favor del banco que presidía.

La Sunat ganó en la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que la defensa del BCP interpuso una casación. Sin embargo, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema finalmente falló a favor de la Sunat. El BCP deberá pagar impuestos por más de 12 millones de soles.

El BCP aceptó el fallo.

“La demanda Contencioso Administrativa interpuesta por el BCP ante el Poder Judicial en el año 2011, contra las Resoluciones de la Sunat que denegaron al Banco la posibilidad de deducir como gasto tributario ciertos gastos incurridos en la defensa judicial de su Presidente del Directorio (Dionisio Romero) en los años 2004, 2005 y 2006, ha sido declarada infundada y el BCP, como siempre, es respetuoso de las decisiones tomadas en última instancia por el Poder Judicial, más allá de no estar de acuerdo con el contenido y sentido de la misma”, señaló una fuente oficial del banco.

El argumento de la defensa del BCP, que estuvo a cargo del abogado Juan Monroy Gálvez, fue que Dionisio Romero se reunió con Montesinos para que interviniera en un proceso judicial que interesaba al banco, y que la gestión resultó exitosa porque la entidad obtuvo un beneficio de 15 millones de dólares. Por lo tanto, se justificaba que el BCP pagara a los abogados que defendieron a Romero por haberse entrevistado con Montesinos.

La defensa de la Sunat se sustentó en que una gestión ilegal –la cita de Romero con Montesinos– no es deducible de impuestos, más aún si como resultado de dicho encuentro clandestino produjo beneficios al banco al margen de la ley.

Mala práctica

Increíblemente, la defensa del BCP alegó que Dionisio Romero actuó como “gestor de negocios”, no obstante que Montesinos se suponía no tenía ninguna injerencia. No era su función.

Pero el abogado del BCP Juan Monroy justificó la actividad ilegal de Montesinos: “En ese entonces era el asesor principal del presidente (Fujimori) y, obviamente, era una persona muy involucrada en los destinos de las decisiones del Poder Judicial. (…) Montesinos hace lo que tiene que hacer, y sabemos que lo hacía muy bien”, dijo.

La Corte Suprema rechazó la argumentación de Monroy.

Señaló que recurrir a un funcionario como Montesinos al margen del sistema judicial para obtener un beneficio económico contravenía las normas que obligaban a someterse a las decisiones del Poder Judicial.

El histórico fallo de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que preside Janet Tello Gilardi, implica un mensaje para aquellos empresarios que recurren a mecanismos al margen de la ley para conseguir sus objetivos económicos.

Lo que ganó el bcp con Montesinos

El abogado del BCP, Juan Monroy Gálvez, señaló que Dionisio Romero tuvo una actuación que favoreció económicamente al banco, lo que efectivamente sucedió porque, debido a la intervención de Montesinos, ganó US$ 15 millones.

Para la Corte Suprema, en otras palabras, el BCP y Romero recurrieron a un canal indebido para conseguir un objetivo crematístico.

Lo que cuestionaron los vocales supremos es que el BCP, para salvar un negocio de US$ 15 millones, tuvo que buscar el apoyo de Vladimiro Montesinos, por intermedio de Dionisio Romero.

Como se demostró en el juicio, finalmente el BCP consiguió lo que quiso luego de la cita Romero-Montesinos, un acuerdo que violentó las normas legales.

Durante el juicio los magistrados le preguntaron al abogado del BCP si debido al encuentro entre Romero y Montesinos el BCP ganó dinero, y el letrado Juan Monroy respondió que sí.

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