El festival de los mortífagos

Maritza Espinoza

Domingo, 5 de Noviembre del 2017

Piden pena capital para cualquier cosa que no les guste. En el fondo, matarían con sus propias manos a cualquiera que los mirara feo, pero, la mayor parte del tiempo, se dominan a duras penas, disimulan, se hacen los civilizados, aunque, claro, de cuando en cuando, les salta el reflejo condicionado y asesinan -verbalmente, no les queda otra- al tipo que les birló la cola, al taxista que los cerró en la esquina o al mozo que les sirvió la sopa fría. 

Sin embargo, cada vez que ocurre un hecho que les mueve al mortífago que llevan dentro -la violación de un bebé (su pretexto favorito), un atentado con muchos fallecidos, un padre abusador, un caso de corrupción- se desata al Mister Hyde que duerme en sus entrañas y comienzan a chillar destemplados: ¡Muerte al violador! ¡Muerte al corrupto! ¡Muerte al asesino! ¡Muerte al terrorista! ¡Muerte a todo lo que se mueve y no me gusta…!

Estas semanas, los mortífagos locales vivieron un auténtico carnaval de histeria, cuando se supo que un hombre en Huaraz había violado a su pequeña de dos años. El hecho, horroroso, imperdonable, execrable como el que más, fue el pretexto perfecto para que bramaran al unísono, como en un siniestro mantra en homenaje a Lord Voldemort, exigiendo un referéndum para volver a aprobar la pena de muerte en el Perú, algo que, en nuestra Constitución, sólo se aplica en casos de traición a la patria en tiempos de guerra (y también por terrorismo, pero esa parte es letra muerta, pues nunca tuvo una salida legal).

En su chilla histérica, no se paraban a pensar un instante en que la pena de muerte no es sino la más ineficiente de las sanciones, nacida de aquella legislación, la taliónica, cuyo primitivo objetivo era solamente castigar el ojo por el ojo, el diente por el diente. Es decir, la venganza más primaria y animal, de esos tiempos en los que la humanidad recién se desperezaba de su convivencia con el mono que le dio origen.

Los argumentos de los mortífagos cholos son varios, pero casi todos se resumen en que “esa gente” (o sea, los seres humanos que han cometido el delito que los escandaliza) no merece vivir, por lo que hay que matarla y limpiar al mundo de la escoria que representan. Con ese aire de superioridad y perfección que sólo asumen quienes no son ni una cosa ni la otra, dictaminan qué bicho viviente puede seguir en el mundo de los vivos o no, de acuerdo a sus pobres estándares de moral y justicia.

Pero cuando se les pide que fundamenten un poco más sus razones -no te pases, que tú digas que un semejante no merece la vida no es motivo suficiente para tirarnos encima a todas las instancias jurídicas internacionales y mandarnos a un referéndum, cuando hay temas más importantes que dilucidar-, comienzan a tartamudear y echar espuma por la boca, que es una forma de decir que no pues, que no tienen ninguna razón de peso más que el siempre inconfesado apetito por la muerte (ajena).

Nunca dicen que la pena de muerte se encuentra en franco retroceso en casi todos los países medianamente civilizados, porque, a estas alturas, todo el mundo sabe que no sirve ni siquiera para disuadir a otros delincuentes de cometer su delito. ¿Creen ustedes que un sicópata que asesina a tiros a un grupo de estudiantes se muerde las uñas pensando: “Uy, qué miedo, después de esto me llevan a la silla eléctrica”? ¿Acaso el enfermo aquel que violó a su pequeña iba a dejar de hacerlo porque temiera ser ejecutado luego? ¿No son los terroristas, en su mayor parte, suicidas en potencia?  

De otro lado, los riesgos de implantar la pena capital, en un sistema judicial como el que tenemos, son inmensas. Y, claro, el grupete de despistados congresistas que acaba de presentar, una vez más, un mamarracho jurídico en ese sentido, ni siquiera se ha puesto a evaluarlo. Para complacer al populacho, han incluido el “delito de violación de la libertad sexual contra menores de siete años seguido de muerte” (claro, como para no meter allí a las víctimas del Sodalicio) como una de las tres causales de la pena capital, sabiendo que es un inviable jurídico y que todos los intentos en ese sentido han fracasado en el pasado.

En unas cifras que publicó el congresista Alberto de Belaúnde en Twitter, se señala que, en los últimos diez años, en un sistema judicial bastante más confiable que el nuestro, como es el norteamericano, se anularon 34 condenas a muerte por los siguientes motivos: error de identificación del criminal por parte de los testigos, perjurio o falsa acusación, confesión falsa o fabricada, evidencia forense falsa o engañosa, inconducta oficial y defensa legal inadecuada. ¿Les suena terrible? Pues esas cosas ocurren todos los días en nuestro sistema judicial. ¿Sabe a cuántos inocentes terminaríamos matando sólo para que a nuestros mortífagos se les sacie su avidez por ver morir al próximo?

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