Harold Forsyth: Gobierno hace uso político del caso Polay Campos
Plan. Señala que CIDH analizará la demanda tras escuchar a los abogados del terrorista y del Estado. Internacionalista Juan Velit dijo que, con su reacción, Boluarte busca el respaldo popular.
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Para el exrepresentante permanente del Perú ante la OEA Harold Forsyth, así como para el internacionalista Juan Velit, la reacción del Gobierno por la admisión de la demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del terrorista Víctor Polay Campos demuestra un uso político del tema. Cabe destacar que este recurso se admitió hace más de un año y medio.
Forsyth consideró que la reacción de la presidenta Dina Boluarte y la del primer ministro, Alberto Otárola, han sido desproporcionadas y sostuvo que es una forma de aprovecharse políticamente del tema.
“No se entiende esta reacción destemplada de algunos representantes del Gobierno. La propia señora Boluarte y Alberto Otárola han tenido esta reacción pública sobredimensionada como si se tratara de una novedad. Es una forma de buscar réditos políticos ante una situación que ocurrió hace un año y medio”, dijo.
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Hace unos días, Boluarte expresó su “indignación y rechazo” al petitorio de Polay y subrayó que “ni un solo sol del erario público será para pagar al terrorista”.
Forsyth aclaró que la CIDH solo podría emitir algunas recomendaciones, si así lo amerita. Previo a ello, recibirá información de los abogados de Polay, así como la opinión del Estado peruano.
Por su parte, el internacionalista Juan Velit comentó que detrás de las palabras de Boluarte existe un ánimo de mejorar su alicaída aprobación.
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“Hay un uso político del Gobierno de este caso para buscar el respaldo de la población, porque esta fue la mayor agredida durante los años del terrorismo. Ella (Boluarte) pretende salir para defender los principios de la población y responderle a las acciones terroristas. Eso es más que evidente”, refirió.
Explicó que, eventualmente, lo que podría pasar es que exista una solución amistosa entre ambas partes. Agregó que, si el Estado peruano no tiene ninguna muestra de voluntad política para encontrar una fórmula de solución, los demandantes podrían elevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como se recuerda, Polay Campos, cabecilla del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cumple una condena de 35 años por sus acciones subversivas que generaron la muerte de miles de peruanos.
La demanda
En el 2007, un grupo de abogados, entre ellos Javier Valle Riestra y familiares de Polay, presentó la demanda ante la CIDH, que fue admitida en enero del 2022.El recurso alega supuestas violaciones legales en su proceso y que sus condiciones carcelarias afectaron su integridad personal.
La denuncia señala que, durante su detención y reclusión en diferentes centros penitenciarios, Polay Campos sufrió una serie de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Además, afirma que no se le permitió relacionarse con otras personas y que por 13 años se le impidió ejercer su libertad de culto, así como acceder al beneficio penitenciario de reducción de pena por trabajo o estudio.
También asegura que se vulneró el principio de legalidad, al sostener que el tipo penal de terrorismo utilizado para condenar a Polay no contiene una definición precisa y que su accionar debió ser calificado como rebelión.
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CIDH debe rechazar demanda por no tener razones jurídicas
El exdefensor del Pueblo Eduardo Vega afirmó que es lamentable que se haya admitido la demanda de Polay después de 15 años de haber sido presentada.
“El caso Polay no tiene razones jurídicas para ser considerado ante la CIDH. Tengo la confianza de que, después del análisis, el caso será rechazado por la CIDH”, comentó.
Resaltó que la defensa de los derechos humanos siempre debe valorar el grave daño que Víctor Polay y el MRTA hicieron al país. “Rechazar y archivar este caso es un acto de justicia”, agregó.
Dijo que es importante que el procurador supranacional Carlos Reaño pueda dar las explicaciones sobre la defensa que viene realizando en este caso.
Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en periodismo de la Universidad de Piura (UDEP). Redactora de la sección política del diario La República. Experiencia como redactora e investigadora para el área política de otros medios impresos y de televisión.
