César Azabache: “Un lavador puede poner dinero en política, como puede ponerlo en oro o casinos”

La próxima definición que debe realizar la Corte Suprema sobre qué delito configuran los aportes irregulares o ilícitos de dinero sucio a las campañas de los partidos políticos ha desencadenado un ataque en contra del juez supremo César San Martín. El abogado y exprocurador César Azabache responde al respecto.

—¿Algunos aportes partidarios podrían ser considerados como delito de lavado de activos?

—Hay desde el año 2019 reglas especiales sobre aportes a campañas que hacen que, en determinadas condiciones, la entrega de fondos pueda ser ilegal por excesiva. Pero aportar a campañas es desarrollar una actividad económica como cualquier otra.

—¿En qué sentido?

—Que aportar a una campaña es como invertir dinero en madera, oro, casinos, tragamonedas. El problema del lavado de activos no está en la actividad a la que se filtra dinero, está en que exista un agente que porta fondos obtenidos por crímenes y que los inserta en la economía o en cualquier sector de la actividad social. Un lavador puede elegir casinos, grifos…

—O partidos políticos.

—O la política. No interesa dónde. La cuestión no es a qué actividad se dirige. El asunto es la fuente que filtra fondos ilegales. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí: un lavador puede poner dinero en política, como puede ponerlo en oro, madera, casinos o grifos. Si el dinero es insertado por un lavador de activos, no importa dónde lo inserte.

—Si es tan claro, ¿por qué se ha desarrollado un debate al respecto?

—El debate no está en el hecho de que un lavador inserte fondos en cualquier actividad económica. El debate real está en las circunstancias de que quien recibe esos fondos pueda ser acusado. El problema está en establecer las circunstancias que justifiquen reprocharle al receptor haber actuado de manera dolosa, con conocimiento y voluntad.

—Ese receptor tendría que haber conocido el origen ilícito del dinero, ¿correcto?

—Correcto. Y el debate en los casos Odebrecht ha sido, primero, si el año 2010 era posible reconocer a la empresa no solo como corrupta, sino como portadora de fondos lavados. Recordemos que las revelaciones son del año 2016. El segundo debate, mucho más difícil, es si Odebrecht tenía o no una lavandería. Mi impresión es que sí. Sin embargo, hay otras posiciones serias. Carlos Caro pone en duda la teoría de la lavandería y, desde ese punto de vista, lo que hacía la empresa era desviar fondos y punto. Entonces, hay un debate. Primero, ¿cuáles son los elementos que permiten atribuirle a una persona el reconocimiento de la actividad de Odebrecht como lavado? ¿Basta la indiferencia para atribuir un delito doloso?

—¿Qué significa la indiferencia?

—Es decir, si basta que a mí no me haya importado de dónde Odebrecht sacaba un millón o tres millones para entregármelos en maletas clandestinamente. Y lo segundo es la caracterización de Odebrecht como una lavandería, que tiene un problema, porque la Fiscalía no ha definido un caso contra ella por lavado de activos.

—¿Qué elementos deberían tomarse en cuenta para resolver la casación presentada por los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia?

—La casación no es de una sentencia o condena, es de una excepción. La defensa está pidiendo que se anulen los cargos. Se pretende argumentar que la historia que presenta la Fiscalía está demasiado lejos de lo que la ley prohíbe, incluso para justificar un juicio.

—¿Le parece correcto ese argumento?

—Desde mi punto de vista, eso no es verdad. El juicio va a ser difícil. La Fiscalía se ha comprometido en la acusación contra Humala y Heredia, como también en la acusación contra Keiko Fujimori y su entorno, a probar en juicio que los elementos para imputarles un comportamiento doloso están presentes. Si la Fiscalía ha dicho que lo puede probar en juicio, pues encuentro muy difícil que la Corte Suprema pueda anular el proceso sin dar espacio para ese juicio.

—¿Me dice que la casación no tendría éxito?

—Lo que creo es que la casación, al modo en que están las cosas en la jurisprudencia, no tiene cómo prosperar. La jurisprudencia de la Suprema es muy celosa en estos temas y abre muy pocos casos en los que se reconoce posible anular el proceso sin un juicio. La tendencia de la Suprema es llevar estas cosas al debate en el juicio. Desde ahí, la casación tendría que ser desestimada.

—¿Por qué cree que atacan a César San Martín?

—Lo que está ocurriendo en los hechos es que la Fiscalía estima que la discusión de la presencia de San Martín en la Sala no se ha cerrado con la última resolución que se dictó al respecto. Todos debemos entender, de una buena vez, que este país solo va a funcionar si aprendemos a aceptar las decisiones de los tribunales, incluso las que no nos gustan. Solo tenemos a los tribunales. Todo lo demás, en términos institucionales, se está descalabrando.

—Lo del audio vuelto a difundir el fin de semana, aparte de refrito, es sintomático de la disputa que se vive, ¿no?

—Debo confesar que lo del audio me ha sorprendido con total desagrado, porque está haciendo referencia a un ciclo de reuniones que son públicas, reuniones electorales de presentación de propuestas de candidatos formales a la presidencia. Eso lo sabemos todos. Entonces, tratar de construir un escándalo de violación a la imparcialidad por dos encuentros oficiales documentados me parece difícil de entender.

—¿Qué piensa de la suspensión de cooperación por el caso Odebrecht?

—En las acusaciones ya presentadas, la sostenibilidad de los documentos está a salvo, ya han sido incorporados a proceso y no dependen de la justicia brasilera. Sobre los testimonios, quiero saber qué dirán la Fiscalía y la Procuraduría.