Juliaca: Familiares de las víctimas de las protestas llevan dos años sin justicia

La habitación de la estudiante de Psicología Jhamileth Nataly Aroquipa Hancco está intacta desde aquel 9 de enero de 2023, en que perdió la vida por impacto de bala en el estómago cuando caminaba por las en inmediaciones del aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, al norte de la ciudad de Puno. Tenía solo 17 años.

Sobre la cabecera de su cama yacen sus peluches y en las paredes aún permanecen pegadas frases impresas con las que se motivaba para salir adelante. Sobre su velador, aún están los muñecos que conservaba desde niña.

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Sus padres nos permitieron ingresar al cuarto de la joven que permanece intacto, como el último día que estuvo allí. La República conversó con ellos cuando retornaban de varios pueblos quechuas a donde pegaron y repartieron afiches denunciando que aún no se hace justicia a las 18 víctimas que perdieron la vida por las balas disparadas por efectivos del orden durante las protestas contra Dina Boluarte.

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“Este Gobierno me ha condenado al sufrimiento. Cada vez que recuerdo a mi hija, lloro. Cada vez que tomo valor junto con mi esposo y mis otros dos hijos, lo único que pido es justicia. No había derecho para matar a una niña inocente. Lo peor es que los culpables siguen libres. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir pidiendo justicia”, dijo entre sollozos Dominga Hancco, madre de Jhamileth.

Sostuvo que conserva tal cual la habitación de su hija para tenerla siempre presente porque la idea de que nunca volverá a cruzar el umbral de la puerta de su casa con dirección a su cuarto hace la vida más insoportable.

“Nos han destruido la vida y no es justo. Mi hija en este momento ya estaría por acabar la universidad, y la mataron. Lo que queremos es justicia. Queremos que los responsables paguen por lo que hicieron”, exclamó con angustia Demetrio Aroquipa, padre de la menor.

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Del dolor a la acción

Los familiares de las víctimas han pasado del dolor a la acción. Aunque la mayoría de deudos sufren de depresión y angustia porque el Ministerio Público no avanza en las investigaciones. A muchos les cuesta encontrar trabajo porque asumieron el rol de padre y madre. Además, quedan más de 400 heridos, y varios de ellos viven postrados con perdigones en el cuerpo.

César Quispe Calsin, abogado de las víctimas, explicó que la investigación por el asesinado de las 18 víctimas de Juliaca, pasó por cinco fiscales. Ello ha retrasado varias pericias, como la absorción atómica a todos los policías y militares que, desde el interior del aeropuerto de Juliaca, disparan indiscriminadamente. Considera que el papel de Patricia Benavides, al frente del Ministerio Púbico, fue perjudicial para el inicio diligente de las investigaciones.

“Han pasado dos años y hasta la fecha los principales responsables siguen libres. Lo que enoja es que el Congreso ha eliminado la prisión preventiva para policías para protegerlos y que no respondan ante la justicia. No puede ser posible que, después de provocarnos tanto dolor, ahora quieren imponer impunidad” se quejó Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero. Su hermano, Marco Antonio, es uno de los fallecidos.

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Ninguno de los deudos ha superado el dolor por la pérdida de sus seres queridos, pero no por eso se han detenido. Se han enfocado a exigir que los responsables sean sancionados y advertir que, en su caso, el sistema de justicia no está actuando acorde a la circunstancias.

El domingo pasado, bajo una densa lluvia y relámpagos, cuadrillas de familiares de los asesinados recorrieron varias zonas de Juliaca pegando afiches con el mensaje “2 años sin justicia” y a la vez invitando a la misa central por conmemorarse los dos años del asesinato de sus seres queridos.

“Desde que mataron a mi  hijo, Paul Franklin Mamani Apaza (20), cambió mi vida. Ahora que no tengo a mi hijo a mi lado, me han destruido la vida. Me duele, como madre, que hayan matado de un disparo a mi hijo inocente, que tenía mucho por delante. Me duele en el alma”, refirió Juana María Apaza Mamani.

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“Y estoy en las calles exigiendo justicia, aunque sea bajo lluvia, no importa con tal de que se haga justicia, que los responsables paguen por todo el daño que me hicieron. Pero hasta ahora lo único que vemos es impunidad”, se quejó.

A Asunta Jumpiri, la encontramos recorriendo las zonas periféricas de Juliaca, pegando volantes denunciando que la justicia avanza a paso lento. Quienes la conocen se solidarizan con ella  y se suman a su dolor. Quienes están al tanto del drama de los familiares le aseguran que la acompañarán en las acciones que sean necesarias. Su hijo, Brayan Apaza Jumpiri, recibió un disparo en la cabeza y tras varios días de agonía murió en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

“Me duele mucho que a mi hijo de tan solo 15 años lo hayan matado. No es justo. Tengo un dolor muy grande y a veces no lo soporto. Todo lo que tenga que hacer lo haré con tal de encontrar justicia. Este Gobierno es culpable de todo lo que pasó”, manifestó.

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Movilización contra la impunidad

El drama de los familiares, la lentitud de las investigaciones y las últimas disposiciones del Gobierno han sido evaluados por el Frente de Organizaciones Populares y el Comité Nacional de Lucha base Puno.

Tras un intenso debate que tuvo lugar en la Casa del Maestro, se acordó que este 9 de enero se trasladarán todas las organizaciones a Juliaca. Se prevé una movilización significativa en apoyo a quienes perdieron la vida incluido el policía José Luis Soncco, cuya principal responsable de su muerte es un expolicía.

Se sumarán los tenientes gobernadores de los pueblos quechuas y aimaras. Las acciones también son por la vida los dos ronderos asesinados en Carabaya, un comunero aimara en Ilave, y seis soldados ahogados en Ilave por negligencia de sus superiores.

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“Basta de impunidad. Denunciamos ante la comunidad internacional que este Gobierno espurio está buscando impunidad retrasando las investigaciones. Eso no es democracia. Ninguna democracia funciona con balas”, señaló  el dirigente Lucio Callo Callata.

Cesar Quispe, abogado de las víctimas, precisó que hasta el momento se identificó a toda la cadena de mando que autorizó el uso de las armas para reprimir a los manifestantes. Entre los responsables figuran 16 policías y tres militares investigados por homicidio calificado, lesiones leves y lesiones graves.

Aclaró que, sin embargo, Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y los exministros de Interior y de Defensa aún no están investigados formalmente porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha aprobado que sean investigados por las muertes que se registraron en Puno.

“El Congreso está demorando mucho para que este procedimiento avance y Dina Boluarte responda ante la justicia. Hay demasiada lentitud”, advirtió.

Mañana 9 de enero, se cumplen dos años de la masacre en Juliaca, y los familiares programaron una serie de actividades. La misa central tendrá lugar en el bypass de la salida Cusco en Juliaca, en cuyas inmediaciones la mayoría perdió la vida por impacto de bala. En el lugar, cientos de personas gritarán al unísono: “justicia”.