Condorcanqui: inacción del Estado genera impunidad

Tras conocerse que los abusos sexuales contra menores en la provincia de Condorcanqui continúan, la exministra de Educación Flor Pablo sostuvo que es deber del Estado dar protección a las estudiantes que han sido víctimas de malos docentes, prevenir nuevos hechos y castigar los delitos cometidos.

En dialogo con La República, Pablo denunció que la cámara Gesell que se solicitó para la atención de las menores víctimas de abuso sexual, ha sido instalada pero para su funcionamiento se necesitan 26 millones de soles, que no han sido presupuestados. Asimismo, señala que el Gobierno regional de Amazonas no ha elegido bien a los funcionarios que llevan adelante este tema.

“Hay que ver responsabilidad del Gobierno Regional de Amazonas. Nombró a un nuevo director regional (de Educación), pero luego este renunció y hasta ahora quien se mantiene es el director de la UGEL, es alguien que no puede seguir en el cargo porque asegura que no puede retirar a ningún presunto violador porque si no, se queda sin profesores. No merece estar en el cargo”.

Ante ello, ha propuesto con congresistas de otras bancadas la inhabilitación y separación preventiva de los profesores involucrados en hechos de violación sexual, también un sistema de acompañamiento y reparación a las menores y la obligación de las autoridades de atender los casos con urgencia.

“Una denuncia de violencia sexual no puede prescribir en la vía administrativa, hoy prescriben los casos de los profesores denunciados al año y sigue la misma situación de vulneración a las niñas. El proyecto plantea la imprescriptibilidad, la destitución e inhabilitación permanente para trabajar en cualquier institución pública o privada. Queda inhabilitado para trabajar cerca a menores”.

La parlamentaria lamentó que no haya un filtro para seleccionar a los profesores con este tipo de antecedentes.

“La separación preventiva también es algo que planteamos, que toda institución educativa donde esté trabajando plantee una suspensión perfecta de labores, porque hoy en día se le separa, pero se le sigue pagando. Planteamos la suspensión perfecta de labores con el proyecto, y si fuese inocente el denunciado, se le pagará la remuneración por el tiempo que ha estado en esta situación”, detalló la congresista.

Y pese a la urgencia, la Comisión de Educación del Congreso no pone el tema en agenda, por lo que Flor Pablo pidió a este grupo de trabajo debatir la propuesta legislativa para que se detengan los abusos.

Ausencia del Estado
En tanto, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosmery Pioc, señaló que no han habido grandes cambios tras los compromisos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación (Minedu). “La ausencia del Estado es literal”.

Recordó que pidió ayuda al Centro de Emergencia Mujer (CEM) para el traslado de un niño que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío. El traslado era desde su comunidad hasta la provincia de Condorcanqui, pero el CEM le dijo que ellas debían comprometerse con la movilidad.

“Nosotras como organización vamos hacer convocatorias a todos los ministerios, para que en Condorcanqui se haga una reunión con propuestas claras y estrategias de acción y se tiene que involucrar al gobierno nacional, local y regional, solas no vamos a erradicar la violencia”, dijo.

Y denunció que las redes de protección comunal que anunció el ministro de Educación, Morgan Quero, no funcionan. “Las han abandonado”. Estas redes estaban orientadas a prevenir casos de violencia sexual. Pero falta involucrar a los apus y lideresas. “Hay nuevas alumnas violadas por sus profesores”.

22 NUEVOS CASOS DE ABUSOS

Son 564 estudiantes de la provincia de Condorcanqui que, entre 2010 y 2024, sufrieron violencia sexual perpetrada por docentes o auxiliares de educación. Y en lo que va del 2024, la UGEL de Condorcanqui ha registrado 80 casos de violencia sexual, lo que indica que el problema subsiste. Solo en noviembre se presentaron 22 nuevas denuncias.