Lesbofobia en Iquitos: matrimonio de mujeres denuncia acoso de vecinos e inacción de autoridades

Un matrimonio que se consolidó en Argentina se asentó en Iquitos en busca de un futuro tranquilo. Sin embargo, la lesbofobia que viven Luz y Almendra no las ha dejado tranquilas. Ellas denuncian acoso, agresiones y hasta amenazas de muerte por parte de un vecino suyo. Pese a las denuncias y el papeleo, la justicia no llega para ellas.

“Vivimos desde el 2021 situaciones de hostigamiento, acoso y homofobia. Nos han agredido verbal y físicamente el vecino del costado, su padre y terceras personas que vienen a beber al bar del costado. Nos preocupa la inacción de las autoridades”, señaló Luz para la redacción de La Indómita. No obstante, el sujeto se ha negado a aceptar sus agresiones.

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La primera denuncia contra el agresor fue presentada en el año 2022, pero recién en mayo de esta año llamaron a Almendra para declarar. Así de lentas han sido las gestiones sobre este caso. La pareja también recibió el apoyo de la Subprefectura de la Provincia de San Juan Bautista. Esta le pidió al hombre que se comprometa por escrito a que no volverá a generar "violencia, amenazas, hostigamiento o cualquier acto" que vulnere los derechos de las víctimas.

Al no tener un compromiso real de respetar a sus vecinas, él ha continuado con sus actos homofóbicos. Luz fue agredida verbalmente luego de que reclamara por una moto estacionada demasiado cerca de su puerta —le impedía el paso—. También sufrió agresión física por una mujer que decía ser de funcionaria de la municipalidad.

Otra situación de agresión ocurrió en mayo de 2023. El hijo del acusado llegó con otras personas a acosarla y grabarla, emitiendo comentarios amenazadores. Luz tuvo que llamar a la Policía para detener el acoso y colocó la denuncia respectiva en la comisaría 9 de Octubre. Esta solo aceptó recibir la demanda por violencia hacia la mujer en la modalidad de acoso y violencia psicológica.

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CNDDHH tomó conocimiento del caso

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha abordado el caso. Su secretaria ejecutiva, Jennie Dador, ha hablado con las dos mujeres miembros de la comunidad LGTBI. Ella considera "aterrador" el incumplimiento de muchas funciones que deberían garantizar la seguridad y tranquilidad de la pareja y su hijo.

"Las expone a daño físico y mental y peligro de muerte, situación que afecta directamente los derechos contenidos en nuestra Constitución Política del Perú, tales como el derecho a identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar, a elegir su lugar de residencia, su derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, expresó Dador.

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Violencia ocurre frente al hijo de pareja LGTBI

La violencia de género ocurre también frente a su hijo de apenas 1 año de vida. El medio citado recogió el relato de lo que vivió la pareja en el Día de la Madre. Ellas fueron ofendidas por los individuos debido a su orientación sexual. Para las denunciantes, haber recibido comentarios ofensivos frente a su hijo es inaceptable, pues es algo que "ninguna familia tiene que pasar".

"Todas las familias son importantes y merecen tranquilidad. Mi hijo no puede estar expuesto a ver a sus mamás insultadas. Las autoridades tienen que entender que tenemos derecho a la tranquilidad y queremos un castigo ejemplar para estas personas. Acá normalizan la violencia a mujeres lesbianas. Que si eres lesbiana te tienes que aguantar. Nosotras no queremos un futuro hostil, estamos viendo el futuro de nuestro hijo", reclamó.

Especialistas opinan sobre caso de lesbofobia

El caso de lesbofibia en Iquitos ha llamado la atención de mucha gente y especialistas se han manifestado al respecto para asegurar que el Minsa también debe realizar una estrategia para brindar apoyo emocional y mental a las afectadas por estas agresiones.

“Es urgente que se remita al Juzgado el informe psicoterapéutico que les ha sido requerido mediante Resolución N.8 de los actuados judiciales, de manera que sirvan para abonar la probanza de las agresiones que viene sufriendo. Siendo ello así y, en tanto que hechos similares a los de materia de denuncia no han cesado, el MINSA debe desarrollar una estrategia o intervención de salud mental comunitaria, es decir, trabajar con la comunidad para atender, prevenir y promover derechos”, asegura un especialista penal