SMP, SJL, Comas y SJM son los distritos donde se vive con miedo
A la deriva. Según un estudio de la XII Misión Internacional de Ciudades Seguras, la percepción de inseguridad en estas localidades de Lima llega al 98%. Es decir, casi todos los vecinos tienen temor de salir a las calles, a diferencia de Magdalena donde la situación es diferente, pues hay patrullaje integrado, cámaras y espacios iluminados. Los alcaldes de SJL y Comas denuncian que ellos y sus funcionarios han sido amenazados.
El aumento de la criminalidad tiene un impacto directo no solo en las víctimas de robo o extorsión, sino también en la población en general que sale a las calles a diario. El resultado de esto es que existen distritos de Lima metropolitana donde la gente siente mayor o menor miedo a ser víctima de la delincuencia.
Por un lado, según un ránking realizado por la XII Misión Internacional de Ciudades Seguras, los distritos donde hay una mayor percepción de seguridad son Magdalena, San Isidro, San Borja, Miraflores, Jesús María, Barranco y San Miguel.
De todos ellos, Magdalena destaca porque, en comparación a otros 30 distritos de Lima, sus vecinos dicen tener menos miedo a salir a las calles (45%). La percepción de seguridad en esta jurisdicción, al igual que en San Isidro, San Borja, Miraflores, Jesús María, Barranco y San Miguel, se debe a tres factores: patrullaje integrado intensivo (policías y serenos), uso de cámaras de vigilancia y espacios públicos limpios e iluminados.
Todo lo contrario sucede en San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), San Juan de Miraflores (SMP) y Comas, donde los vecinos manifiestan tener mucho miedo de caminar en la calle (98%), pues creen que serán víctimas de la delincuencia. La percepción de inseguridad es muy alta por tres factores: porque asaltaron a un familiar o amigo, por una experiencia personal o por alguna noticia que le llegó a asustar.
Un ejemplo del impacto que tiene en la sensación de inseguridad en Lima norte es el reciente asalto a mano armada sufrido por el alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien fue golpeado violentamente por sujetos desconocidos y despojado de su camioneta. La autoridad edil vinculó este ataque a las amenazas de muerte que recibe desde el año pasado. Es decir, ni las autoridades se salvan del accionar de la criminalidad.
Amenazado. Así quedó el alcalde de Comas tras ser asaltado por delincuentes. Foto: difusión
Indicador que preocupa
José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la XII Misión Internacional de Ciudades Seguras, explica que para la actualización de este estudio se tuvieron que realizar encuestas presenciales en 30 distritos, obteniendo 9.000 muestras.
“La percepción del miedo es un indicador que se actualiza cada cuatro meses, si hay un evento de algún tipo como un asalto o robo, el miedo se puede disparar”, sostiene.
Señala que la tasa de percepción de inseguridad de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho llega al 98% y que en el caso de San Juan de Miraflores es 97,8%. Es decir, casi todos tienen mucho miedo. “Hay una pérdida de confianza de la ciudadanía frente a la impotencia de ser víctimas de robos y asaltos en las calles”.
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El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha responde que la responsabilidad total de la inseguridad ciudadana es del Ejecutivo y el responsable número 1 es el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Agrega que ya no hay reuniones frecuentes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Antes eran todas las semanas en Palacio de Gobierno, pero ahora ha bajado a cuatro reuniones al año, de las cuales dos son descentralizadas.
También apunta que el Gobierno no ha hecho un plan de seguridad ciudadana 2024 para la disminución de la inseguridad. Explica que ese plan es aprobado por el Conasec y se tiene que difundir a los Gobiernos regionales y municipios distritales y provinciales, los que deben formular su propio plan de seguridad ciudadana.
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Otro punto que indica es la falta de personal policial en los distritos. “Antes los policías podían prestar sus servicios en sus días libres a los municipios y cobrar, pero en la gestión del exministro del Interior Carlos Basombrío esto cambió”.
Ahora, si un municipio quiere contratar los servicios de los policías, debe hacerlo mediante un convenio; tiene que pagar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el valor de S/115 por el día del policía. Sin embargo, este cambio no resulta atractivo para los efectivos del orden, pues el MEF no les paga a tiempo, sino después de dos meses.
Para la foto. Gobierno de Boluarte declaró en SJL estado de emergencia y militares fueron un día.4. que haya más. Estos operativos de control de identidad deben darse con más frecuencia. Foto: difusión
Hablan los alcaldes
El alcalde de SJL, Jesús Maldonado, resalta que el estado de emergencia no funcionó en su localidad y que solo tuvo vigencia de una semana. “Los medios dejaron de ponerle atención y el Gobierno retrocedió absolutamente. El distrito está secuestrado por los extorsionadores, las mafias, y esta situación ha rebasado cualquier límite y la institución policial ya no es suficiente, no da respuesta inmediata a los casos de muertes, secuestros, extorsiones”, dice.
Maldonado comenta que lo que está haciendo es recuperar los espacios públicos, como parques y calles, y mercados que son zonas para la extorsión, pues hay comercio informal. Pero no trabajan tranquilos porque él y sus funcionarios reciben amenazas a diario.
“No está funcionando la policía de investigación. He dado todas las pruebas de amenazas contra mi vida y mi familia y no hay detenidos. El ministro del Interior, Walter Ortiz, no ha hablado con nadie. Al Mininter y la presidenta Dina Boluarte no les interesa la seguridad”, sostiene.
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En tanto, el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, señala que en su distrito solo hay 300 policías en las calles y que se necesitaría más de 2.500 para “medianamente” poder tener un clima de seguridad.
Asegura que con el estado de emergencia se bajó en 15% los índices de inseguridad, pero no se tuvo el apoyo suficiente de la Policía Nacional.
“Hace falta una política clara en materia de seguridad ciudadana, una estrategia articulada del Gobierno, que debe dotar de mayores recursos humanos y logísticos a la Policía porque es su responsabilidad. Mis serenos no hacen inteligencia, investigación, no están preparados ni facultados para ello. Nosotros coordinamos con la Policía, pero no somos los jefes, la jefa de la PNP es la presidenta”.
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Agrega que ha donado a la PNP un local en Condevilla que sirve para investigar los delitos especializados, como homicidios, robos y secuestros y extorsiones para todo Lima norte.
Que haya más. Estos operativos de control de identidad deben darse con más frecuencia. Foto: difusión
El municipio de Villa María del Triunfo señala que hay la necesidad de diseñar y ejecutar políticas públicas y estrategias para reducir los índices de victimización y percepción de la criminalización. Otra problemática “es la geografía agreste, por lo que, en la parte alta, solo podemos hacer patrullaje motorizado y no integrado con la PNP, pues ellos no llegan a estas zonas altas”. El municipio añade que hace faltan más policías.
“VMT tiene cerca de medio millón de pobladores y cuenta tan solo con cinco comisarías y 395 policías. A ello le sumamos la débil logística que posee cada comisaría”, responde.
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La otra cara de la moneda
Todo lo contrario sucede en Magdalena. El alcalde Francis Allison dice que su gestión ha logrado bajar en 72% el índice delictivo. Hay patrullaje integrado gracias a las 200 cámaras que se ha adquirido. “Todas las personas que vienen a Magdalena son filmados”, refiere.
Lamentablemente, en el Ejecutivo no hay acciones.
