Relatora especial de la CIDH: “Perú vive una crisis socioambiental y debe tomar medidas a la altura de los impactos”

Desde Washington DC, sede de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la relatora Soledad García Muñoz, informó a La República que durante su visita al Perú en el mes de octubre ha visto que el país vive una enorme crisis socioambiental generada por derrames de hidrocarburos, los mismos que afectan derechos fundamentales.

“Hay una crisis socioambiental muy grande, con más de 125 conflictos que requieren una acción urgente del Estado y también el involucramiento de las empresas. No es solo un paradigma de responsabilidad social empresarial voluntario, se trata de una actuación que ponga los derechos humanos de las personas afectadas en el centro de las soluciones, lo cual todavía no se está dando en el Perú a la altura de la gravedad de los hechos”, sostuvo.

Agregó que Perú ha adoptado un plan nacional sobre empresas y derechos humanos; sin embargo, dijo que no es suficiente tener planes, políticas públicas, leyes y tratados si no se toman medidas efectivas y urgentes. Un dato que le generó preocupación fue el referido a los más de mil derrames de petróleo que se produjeron en la Amazonía desde 1997 hasta el 2021, en un contexto de inestabilidad institucional y democrática que hace más difícil una respuesta real del Estado respecto al derecho a tener un ambiente sano.

Dos pedidos al Perú

Después de reunirse con representantes de pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades del Estado y visitar las zonas impactadas por el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH solicitó al Perú dos cuestiones concretas.

Primero, un diagnóstico integral sobre el impacto económico y social de los derrames, con un enfoque de derechos humanos y tomando en cuenta los serios efectos en la salud de las víctimas. Segundo, la creación de un fondo para atender los pasivos ambientales y las emergencias en las comunidades.

“Nos parece que son elementos cruciales para dar una respuesta efectiva a los impactos que los derrames están produciendo en poblaciones en situación de enorme vulnerabilidad”, estimó.

El tema de los derrames de petróleo no es nuevo para la REDESCA porque desde su creación en el año 2017 viene observando que este es un problema muy grave para los derechos humanos en el Perú, especialmente para los derechos al agua, la alimentación y la salud.

“En cuanto a los derechos laborales, vimos en Ventanilla que pescadores se han quedado sin trabajo, sin medios de vida, lo mismo que las personas dedicadas a la industria del turismo. Es una situación que amerita una serie de medidas de carácter urgente”, anotó.

Les preocupa el Oleoducto Nor Peruano

Soledad García manifestó que el Oleoducto Nor Peruano es motivo de preocupación para los mandatos internacionales y para la población que vive en sus inmediaciones.

Por eso es que le han requerido al Perú una evaluación del impacto real de los derrames y exhortado a que haya participación de las comunidades afectadas, especialmente de pueblos indígenas, quienes tienen derechos específicos como la consulta previa, libre e informada. También a tener particular cuidado con los defensores y defensoras ambientales, y a ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo complementario de los estándares interamericanos que prevé, entre otros, la justicia ambiental.

La Relatora Especial refirió que las visitas de la CIDH y de las relatorías especiales tienen seguimiento, monitoreo y asesoría constante. Adelantó que en su informe de fin de año se hará mención al seguimiento sobre derechos humanos en el Perú.

Sentencia por el Caso La Oroya

Soledad García también estuvo presente en la audiencia pública sobre el Caso Comunidad de La Oroya versus Perú, que tuvo lugar en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay, y está para sentencia.

Al respecto, dijo que espera un dictamine en breve y que el fallo tome en cuenta las consideraciones de la CIDH y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales - REDESCA.

“Nosotros invocamos que se ha violado derechos humanos. Este caso puede ser icónico, en el que se desarrollen estándares novedosos sobre las obligaciones de los estados frente a las actividades extractivas y actividades empresariales”, consideró.

Cabe indicar que la Relatoría Especial es una oficina autónoma de la CIDH que trabaja derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como son el agua, la alimentación, la salud, la educación, además del trabajo y la actividad sindical.