Sociedad

Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en obra de colegio de S/ 7 millones

Lambayeque. Las diligencias se realizarán en 90 días tras una denuncia contra alcalde de Motupe por la construcción de una escuela que está paralizada, según denuncia ante el Ministerio Público.

Roberto benavides denunció que obra está paralizada y debió culminar en marzo de 2022. Foto: Municipalidad del Centro Poblado de Tongorrape
Roberto benavides denunció que obra está paralizada y debió culminar en marzo de 2022. Foto: Municipalidad del Centro Poblado de Tongorrape

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque inició una investigación preliminar por el delito contra la administración pública contra los que resulten responsables por las irregularidades en la construcción del colegio Elmer Cortez Serquén, valuada en S/ 7 millones, en agravio de la Municipalidad Distrital de Motupe, provincia de Lambayeque.

Tras la denuncia que interpuso el alcalde del centro poblado de Tongorrape, Roberto Benavides, contra el titular del pliego de dicho municipio, Javier Contreras, el fiscal Julio Taboada emitió la disposición n.° 1, comprendida en la Carpeta Fiscal 213-2022, a fin de realizar diligencias por el plazo de 90 días.

El representante del Ministerio Público requirió al ayuntamiento que en el plazo de siete días informe sobre el estado actual de la obra que ejecuta el Consorcio Motupe. Además, citó al denunciante Roberto Benavides para el 1 de agosto con el fin de que rinda declaraciones sobre los funcionarios que estarían involucrados en los hechos denunciados.

Lambayeque

El municipio de Motupe no termina de instalar las aulas prefabricadas. Foto: Municipalidad del Centro Poblado de Tongorrape

La denuncia

Según la denuncia, el ayuntamiento convocó a un proceso de selección para construcción del centro educativo con una inversión de S/ 7 millones y el ganador de la buena pro fue el Consorcio Motupe.

Roberto Benavides señaló que la obra está paralizada y registra 50% de avance a pesar de que debió culminar el 8 de marzo de este año. Asimismo, anotó que la entidad municipal no aplicó penalidades ni resolvió el contrato con la empresa constructora, lo que —dijo— evidenciaría una clara responsabilidad penal y funcional por parte del alcalde Javier Contreras y funcionarios.

En ese sentido, manifestó que son 400 alumnos los afectados, pues no tienen una escuela para recibir clases presenciales. Incluso mencionó que el burgomaestre incumplió con instalar las aulas prefabricadas.

Periodista egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chiclayo (UDCH). Redactora de la sección Sociedad de La República y con interés en temas políticos.