8 de Marzo: una jornada de lucha contra la violencia machista, la impunidad y la desigualdad de oportunidades
Miles salieron a las calles a marchar por el Día Internacional de la Mujer. Colectivos se pronunciaron acerca de los temas urgentes que el Gobierno debe atender y resaltaron la condición de esta población durante la pandemia de la COVID-19.
Desde todos los rincones del país, el último sábado se reunieron miles de mujeres en distintas regiones bajo una sola consigna: visibilizar las falencias de sus derechos para alcanzar la esperada igualdad de género.
Jóvenes, niñas, adolescentes, trabajadoras del hogar, campesinas, indígenas, afroperuanas, migrantes, trabajadoras sexuales, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans, personas con discapacidad y otros grupos recorrieron las calles del país, convencidas de su derecho a una vida digna, libre de precariedad y violencia.
Cada 8 de marzo se conmemora del Día Internacional de la Mujer, fecha que se ha convertido en una jornada de lucha iniciada por el reclamo del derecho al trabajo y al voto femenino. Se busca seguir avanzando y abrirse paso frente al sistema machista, racista y patriarcal.
Para la activista Violeta Barrientos, de Asamblea 8M, el principal objetivo de salir a marchar este año 2022 es el reclamo por los derechos de la mujer trabajadora. Sobre todo en tiempos de pandemia, donde el sistema de cuidados recayó nuevamente en esta población, una labor no reconocida ni retribuida.
“Atienden a los hijos menores, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad que viven en la misma casa, eso se llaman cuidados. Después está el tema del sistema económico y sus deficiencias. Hay muchas mujeres haciendo trabajo informal, ahora con la pandemia ellas han quedado en una situación atroz”, explicó la poeta y abogada en diálogo con La República.
Barrientos resaltó la situación de miles de féminas que tuvieron que dejar de trabajar para quedarse en el hogar al cuidado de los niños pequeños, quienes no podían asistir a las escuelas y se mantuvieron durante dos años tomando clases virtuales. “Todo el trabajo recaía en manos de las mujeres, hay una sobrecarga ahí”, afirmó.
Se exige también un Gobierno probo, cuyos integrantes velen por los derechos de sectores históricamente desatendidos. “Los derechos de la mujer ya han avanzado en los últimos años y no se puede retroceder, ya hay todo un avance desde aproximadamente hace 30 años. Volver a que la mujer ya no reclame derechos como sujeto, sino que son supeditados a su familia, es un retroceso. No hay claridad de parte del Gobierno en cuando a las políticas hacia la mujer”, destacó la activista.
“Tampoco hay reivindicaciones que el Gobierno prometió al llegar al poder, como remediar ese régimen neoliberal extremo, que es el que perjudica a la mujer, porque, al final de cuentas, el trabajo gratuito de las mujeres de alguna forma subvenciona la falta de Estado”, continuó.
Aparte, hay situaciones actuales y urgentes, ya que, en menos de un mes, tres trabajadoras sexuales han sido asesinadas por mafias criminales y extorsionadores, que les exigían cupos para dejarlas laborar. La muerte de la última víctima fue el 5 de marzo en Puente Nuevo. Tenía 19 años.
Por su parte, María Laura Chiquilín Muñoz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú, hizo hincapié en la situación laboral de las féminas en situación de discapacidad durante la crisis sanitaria, sobre todo las que tienen roles de cuidado dentro de la familia.
“Muchas mujeres no contamos con un trabajo estable, lo que pasa es que muchas empresas, a pesar de que tenemos la ley que indica que las empresas privadas deben haber personas con discapacidad y en empresas públicas deben ser el 5%, lo cual no se cumple”, aseguró.
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Chiquilín contó que se unió a la marcha del 8M junto con otros colectivos para reclamar espacios con accesibilidad y la inserción laboral. “El reclamo fundamental es que no nos discriminen (...). Cuando vamos a una empresa siempre es el factor la discapacidad. (Nos dicen) que no cuentas con el perfil, que no hay accesibilidad, a pesar de que tenemos la capacidad y el grado profesional que se requiere. Es complicado, a pesar de que los impuestos se le bajan a empresas que contratan personas con discapacidad, no nos permiten. Ponen muchas excusas”, explicó.
“Nos unimos a la marcha varias asociaciones para que el Gobierno tome en cuenta nuestros derechos como mujeres con discapacidad, como profesionales que día a día luchamos para buscar un espacio”, sentenció.
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Las mujeres seguirán marchando hasta no tener más motivos, hasta entonces la lucha sigue en pie.
Violencia y feminicidios en Perú
De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, desde el año 2009 al 2018 se produjeron un total de 1.129 feminicidios y, aunque las cifras generales han descendido, los homicidios de esta población por razones de género continúan dándose en todas las regiones del país.
En el año 2020 se produjeron 138 feminicidios, mientras que en 2021 fueron 174 las fallecidas y 5.000 desaparecidas. En este periodo se notó una ligera subida de casos, según el colectivo Manuela Ramos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que solo en enero de 2022 se reportaron 18 feminicidios, seis tentativas de feminicidio y ocho muertes violentas que aún continúan en investigación. También se halló conexión entre la desaparición y el feminicidio, ya que dos de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas.
¿Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer?
Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024