Los desafíos del próximo gobierno
El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, adelanta las prioridades que debería asumir la próxima administración en materia ambiental.
Entrevista de Marco Zileri
La deforestación “es una actividad que ha crecido mucho este año y debería tener una respuesta rápida de la nueva administración”.
En siete semanas termina el gobierno de transición. ¿Cuál es el legado de la gestión ambiental?
No es un legado de este gobierno nomás, sino que surge hace cinco años, sazonados en los últimos 15 meses por la pandemia. El mensaje es que la naturaleza está de regreso. Nos separamos tanto de ella que pensamos que ya la habíamos superado, que no era un elemento a tomar en cuenta en el proceso de desarrollo
Y en eso nos pegó la pandemia.
La pandemia nos ha pegado un sopapo.
¿De qué manera esta gestión ha logrado acercarnos a la naturaleza?
A través de la generación de una institucionalidad cada vez más fuerte relacionada con el cambio climático. También mediante la nueva contribución determinada y el desafío climático de ser más ambiciosos y llegar a un 40 % de reducción en la emisión de gases invernadero hasta el 2030. El tema está cada vez más presente en términos de planificación. Pero nos falta trabajar mucho más en la implementación concreta, en cómo solucionar los cuellos de botella.
¿Cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno en materia ambiental?
En mi opinión, las prioridades son cómo construir las capacidades para ser menos vulnerables a los efectos del cambio climático y cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestra contaminación es marginal a escala mundial, pero está fuertemente asociada a sectores en los cuales la posibilidad de reducir esta contaminación es grande: deforestación, transporte y energía.
¿La deforestación es nuestra principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero?
Sí, representa cerca del 50 %.
¿Y el transporte?
Cerca del 15 %.
¿Qué debería hacer el próximo gobierno?
Tiene que haber un convencimiento de que el problema principal es la pérdida del ecosistema boscoso. Andamos sumergidos en una discusión sobre la tala ilegal, pero esta actividad supone una fracción de las 150 mil hectáreas de bosque que se pierden todos los años.
¿Por la expansión de la frontera agrícola?
Y por la minería ilegal, la falta de planificación de infraestructura, carreteras, por ejemplo. Cuando abres carreteras sin planificación en territorios de baja gobernanza, el efecto es la pérdida del bosque. La economía ilegal tiende a ser la primera que llega a estos territorios remotos.
¿La gestión que culmina ha promulgado alguna norma que ataque este problema?
Esperamos sacar una norma con el Ministerio de Agricultura para llenar los vacíos que permiten que haya tanta deforestación.
¿Antes del fin del gobierno?
Sí, porque se tratará de un decreto supremo o de urgencia.
¿Cuál es la idea fuerza de esta iniciativa?
El país tiene 20 millones de hectáreas de bosques que no están categorizados, que no son parte de una comunidad nativa, de un bosque de producción permanente, de un área protegida.
Son de propiedad del Estado…
Pero están en un limbo, son bosques sin asignación, donde se concentra el grueso de la deforestación en el país.
¿Cuál es el grado de desaparición de los humedales, bosques, tierra agrícola, nevados, etc.?
Hemos tenido una pérdida importante de ecosistemas en los últimos años. El 2020 hemos incluso perdido 20,000 hectáreas de bosque más que las 150,000 que se pierden anualmente en promedio.
¿A qué se debe eso?
Al repliegue del Estado por efecto de la pandemia.
¿En algún área en particular?
Hay una zona crítica en estos momentos que es la frontera entre Ucayali y Huánuco.
¿Qué la motiva?
Coca para narcotráfico, minería ilegal, presión sobre territorios indígenas, tráfico de tierras.
Una actividad ilegal frenética.
Es una actividad que ha crecido mucho este año y debería tener una respuesta rápida de la nueva administración. Son efectos directos de la pandemia, como lo ha sido el regreso del plástico en las ciudades.
AGENDA 2030
¿La pandemia representa un retroceso o es una oportunidad para cumplir con la Agenda 2030?
En el corto plazo ha significado retroceder en los temas de la deforestación y el plástico, por ejemplo, pero creo que también ha marcado un escenario para pensar fuera de la caja. ¿Necesitas esas grandes carreteras en la Amazonía? ¿O más bien acelerar la banda ancha para que quienes se dedican a los econegocios puedan hacer una transacción comercial sin tener que navegar cuatro días hasta un Banco de la Nación?
Bajo la misma lógica, ¿necesitamos construir el gasoducto surandino o basta con instalar una planta de energía solar en La Joya?
Necesitamos masificar el gas, aunque no sé si el proyecto específico del gasoducto es lo ideal. Pero así como decimos que no podemos dejar de utilizar un recurso abundante como es el gas, tampoco podemos dejar de usar un recurso que también abunda, como la radiación solar. En aquellas zonas donde esta radiación es abundante, como Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, hay que usarla, como se hace en Chile, donde todo el impulso solar ha sido promovido por la industria minera. Claro, ese país no tiene una fuente energética semejante al gas de Camisea.
El Congreso acaba de encarpetar una ley a favor de las energías renovables. ¿Esa ley era buena o era mala?
La ley era buena. Iba a ayudar a solucionar algunos cuellos de botella regulatorios. Era perfeccionable, pero iba en la dirección correcta.
La Corte Suprema acaba de sentenciar que las generadoras térmicas de electricidad deben sincerar el precio del gas a partir del 1 de junio. ¿Cuál será el impacto en la tarifa?
No hemos hecho ese cálculo.
Nos vamos a dar cuenta cuando llegue la factura…
Tal vez el Ministerio de Energía y Minas ha hecho ese cálculo. Se trata de un sinceramiento importante porque las térmicas estaban reportando cero o casi cero respecto del valor, lo que estaba generando una distorsión en el mercado, castigando a la hidroelectricidad y a las demás energías renovables. Si ponemos un piso parejo podrán competir, como lo han hecho en la última subasta de energías renovables de hace cuatro años, en la que se consiguieron precios muy competitivos.
¿Por qué no se han realizado más subastas?
El Ministerio de Energía y Minas no lo ha querido. No tenemos muy en claro el porqué.
Su colega de Energía y Minas ha declarado en el Congreso que las energías renovables no serán prioritarias hasta el 2030. La prioridad es el gas de Camisea. ¿Qué opina Ud.?
No podemos esperar hasta el 2030 o a que se acabe el gas. La planificación energética es de largo plazo. Tienes que empezar a planificar ahora cuál es la participación que va a tener la energía renovable al 2030. La meta del proyecto de Ley [encarpetado por el Congreso] era duplicar la actual oferta de energías renovables para llegar a un 15 %.
¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los desafíos?
El principal desafío, no solo para el Perú sino global, es cómo generar un nuevo modelo de desarrollo. La pandemia ha afectado la interacción social y la economía, pero a la naturaleza y a la infraestructura no le ha hecho nada. Sin embargo, en el camino vienen retos más grandes, porque el cambio climático sí puede afectar a la infraestructura, a los ecosistemas y a nosotros mismos.
Mientras no entendamos que este ha sido un entrenamiento para retos más grandes, como el cambio climático, la perspectiva no es buena.
Esta ha sido una demostración de que algo tiene que cambiar entre actividad productiva, cierre de brechas de bienestar y la naturaleza. La naturaleza tiene que estar en el centro de la discusión acerca de la potencialidad futura de la producción, porque si la perspectiva de sostenibilidad ambiental no está incluida, lo único que estás generando es un espejismo temporal.
INCENTIVOS AMBIENTALES
¿Qué rol tiene el Estado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector privado?
El papel del Estado es dar las señales claras para fomentar conductas alternativas sostenibles y demostrar que son más atractivas que seguir quemando diésel. El Estado debería premiar esos comportamientos para hacerlos más comunes.
¿Cuáles pueden ser los incentivos?
Lo que pasa es que en el Perú tenemos desde los años 90 una aversión a los incentivos, entendidos como subsidios ciegos. Nuevamente, la pandemia, y lo que vemos en países desarrollados, donde el Estado está rescatando bancos o sale a entregar bonos a las personas, nos debería permitir pensar que hay subsidios que sí podríamos focalizar bien.
Este es un país donde solo un puñado de ciudades tienen un relleno sanitario.
Hay un programa de gestión de residuos con el BID y la Cooperación Japonesa, que ha priorizado a 31 ciudades intermedias. Ya son 15 ciudades atendidas. Va a tomar dos o tres años más culminar este programa. Debería haberse terminado ya, pero así es cómo funcionan las cosas en el Perú
