Pueblos indígenas piden al Gobierno que garantice la remediación ambiental en el Lote 1AB

Elizabeth Prado

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09 Oct 2020 | 15:48 h
Organizaciones sostienen que la actitud de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos revela su posición por reducir los estándares y las responsabilidades ambientales de las empresas. Foto: Cortesía / Pueblos Indígenas
Organizaciones sostienen que la actitud de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos revela su posición por reducir los estándares y las responsabilidades ambientales de las empresas. Foto: Cortesía / Pueblos Indígenas

Señalan que pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos sobre el caso Pluspetrol Norte-OEFA refleja la posición del sector por reducir los estándares y las responsabilidades ambientales de las empresas petroleras en el país.

Las organizaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón expresaron su preocupación por la postura de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos respecto al proceso sancionatorio que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició contra la empresa Pluspetrol Norte por afectaciones ambientales en el Lote 1AB.

En un comunicado precisaron que la actitud del gremio petrolero revela su posición por reducir los estándares y las responsabilidades ambientales de las empresas petroleras en el país.

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La Sociedad Peruana de Hidrocarburos sostuvo que las empresas afiliadas están sujetas al estricto cumplimiento de las normas y estándares ambientales nacionales e internacionales que exceden a la normatividad peruana.

Agregó que la predictibilidad y seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la estabilidad de las inversiones. En esta línea, solicitó que los procesos sancionatorios que el OEFA inició contra la empresa Pluspetrol Norte se realicen dentro del debido proceso y respetando los laudos arbitrales internacionales.

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Las organizaciones indígenas reafirmaron que Pluspetrol Norte ha tenido malas prácticas operacionales en el Lote 1AB y no quiere someterse a las autoridades administrativas y judiciales, tampoco asumir los costos de la remediación de daños.

“En protección de nuestra vida y la de nuestros hijos e hijas, exigimos al Estado que garantice la remediación ambiental y los derechos colectivos de los pueblos indígenas cuanto antes. Pero también esperamos que siga exigiendo a las empresas privadas que asuman el costo de sus operaciones”, anotaron en su comunicado.

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