Piura: deuda social de S/875 millones afronta el GRP con trabajadores

Piura. Hasta la sede central del gobierno regional llegan casi a diario delegaciones de profesores, así como de las direcciones de Agricultura, Salud y Educación, para exigir la inmediata cancelación de sus beneficios sociales que les adeudan desde hace varios años.

La característica común de los manifestantes es que cuentan con sentencias judiciales consentidas a su favor para el pago de beneficios, como canasta de alimentos, el 30% de preparación de clases, 25 y 30 años de servicio, entre otros.

De acuerdo a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, la deuda social reconocida y que ha sido heredada por la actual gestión, de las 25 unidades ejecutoras y direcciones regionales, asciende a S/875 millones 273 mil 011.39.

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De este monto total, se cuenta con un requerimiento por sentencias judiciales consentidas de S/391 millones 752,543.60, de los cuales se ha pagado hasta la fecha S/148 millones 411,642.71. “Esta deuda social data desde hace 18 años”, señaló el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Mario Otiniano Romero.

Refirió que aún queda el saldo por pagar de S/243 millones 340,900.89 de las sentencias de cosa juzgada a favor de los trabajadores en la sede regional, subregiones, direcciones, hospitales, proyectos especiales, entre otros.

Cabe mencionar que el gobierno regional ha pagado en lo que va del año S/27 millones que corresponden a un fondo establecido en la Ley de Presupuesto 30879, donde se han beneficiado los pensionistas de Agricultura, sede central, Salud, Educación, Transportes, entre otros. El promedio asignado a cada servidor es de S/30 mil.

Otiniano sostuvo que el artículo 73º del Decreto Legislativo 1440 establece que el pliego del gobierno regional debe destinar hasta el 5% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para solventar esos gastos.

“Todas las unidades ejecutoras deben colaborar con ese fondo, generándoles una reducción en sus presupuestos. Sin embargo, no debe afectar las remuneraciones, las inversiones y el gasto de pensiones”, sentenció.

Discriminación

El asesor del gobierno regional, Daniel Valiente Heredia, cuestionó que en el crédito suplementario para el sector Educación de Piura, considerada la segunda región más poblada, se le asigne solo S/3 millones 636,502, a diferencia de La Libertad, que le asignaron S/27 millones 444,358 y a Lambayeque S/16 millones 687,082.

“De esta manera se discrimina a nuestra región, para lo cual debemos gestionar nuevamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas para justificar el requerimiento por medio de una comisión del gobierno regional y se cumpla con la demanda social de los profesores”, enfatizó.

Afirmó que buscan solicitar S/200 millones para considerar no solo el pago de la deuda social de Educación, sino también de los demás sectores. Dijo que está pendiente cumplir con el 30% de preparación de clase, canasta de alimentos, 25 y 30 años de servicios, decreto de urgencia 037, entre otros.

Asimismo, Valiente manifestó que se cuenta con el Decreto Regional n.º 004-2019, a ser firmado por el gobernador Servando García, que aprueba el procedimiento extraordinario para transacciones extrajudiciales en el proceso de bonificaciones especiales. Explicó que con este dispositivo se evitará los procesos judiciales e impedir gastos a los trabajadores.

Exigencias

El secretario del Sindicato de Trabajadores del Sector Agrario, José Contreras, conminó a las autoridades regionales a preocuparse por cumplir con el pago de la deuda social de los trabajadores que supera los S/800 millones. “Como en el caso de Agricultura, se cuenta con sentencias en calidad de cosa juzgada por canasta de alimentos y deben cumplir por ley”, aseveró.

Indicó que este tema no es priorizado por los funcionarios, por tal razón se ven en la obligación de efectuar plantones y protestas en la sede regional.

Por su parte el secretario del Sindicato de la Dirección de la Producción, Luis Navarro Albán, lamentó la indiferencia de las autoridades por cumplir con el pago de beneficios atrasados del personal público. Sin embargo, dijo que los escasos recursos de la región son utilizados para los salarios de cientos de locadores de servicios, así como en gastos superfluos.

Expresó que esta situación ha generado una abultada deuda que las autoridades no quieren afrontar, “y si lo hacen, destinan un presupuesto mínimo para paliarla en algo”.

A su turno, el secretario del Sindicato de Trabajadores del gobierno regional, Manuel Mejía, sostuvo que el incremento de la deuda social es por la falta de capacidad de los funcionarios en afrontarla.