Hallan serias deficiencias contables en sector Salud

29 Set 2019 | 15:19 h
Otra. Tampoco se realizaron inventarios a los bienes patrimoniales de la entidad ni a las medicinas y suministros del almacén.
Otra. Tampoco se realizaron inventarios a los bienes patrimoniales de la entidad ni a las medicinas y suministros del almacén.

En la mira. Auditoría realizada al último año de gestión de Humberto Acuña revela que ejecución de gasto en sector solo alcanzó el 9%, se entregaron indebidamente vales por más de S/2 mllns., unos S/661 no fueron rendidos por trabajadores, entre otras anomalías.

La crisis en el sector se volvió visible este año, pero un informe de auditoría realizado a pedido de la Contraloría General de la República (CGR) al último año de la gestión de Humberto Acuña evidencia una serie de deficiencias presupuestarias y financieras en la Gerencia Regional de Salud (Geresa), las cuales han sido arrastradas hasta hace solo unos meses.

Según los documentos a los que tuvo acceso La República, en el 2018, dicha gerencia no ejecutó el 91% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a gastos de capital, lo que evidencia una incapacidad de gasto, pues con este dinero se habría podido adquirir mobiliario, equipos e instrumentos médicos. Es decir, el presupuesto alcanzó los S/4,514,192, pero al cierre del ejercicio fiscal 2018 tan solo se gastaron S/427,798, dejando de lado la cantidad de S/4,086,394.

No obstante, es necesario precisar también que –de acuerdo a una supervisión realizada en setiembre por la Defensoría del Pueblo–, la actual gestión tiene cuatro hospitales cuyo avance presupuestal para adquirir equipos se encontraba en 0%.

Víveres para todos

En el informe, la Sociedad Auditora a cargo de la revisión encontró que en ese período se afectó en tres oportunidades el presupuesto de las unidades ejecutoras de este sector para entregar víveres en tarjetas de consumo a trabajadores administrativos nombrados, contratados, destacados, médicos residentes y hasta a funcionarios de confianza. Esta disposición afectó partidas por un total de S/2,697,137 y se dio pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había prohibido entregar incentivos a los trabajadores del sector público.

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Así por ejemplo, en noviembre del 2018, la Geresa suscribió un contrato por S/319,770 para adquirir vales electrónicos de consumo, los cuales fueron repartidos a 336 servidores de distintas categorías con montos que oscilan entre los S/300 y S/1,000 cada uno.

En tanto, en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) se realizaron dos desembolsos de S/812,894 y S/1,564,473 para entregar 446 y 807 vales respectivamente con valores unitarios de entre S/123 y S/1003.

Los auditores explican que esto ocasionó un incremento innecesario del gasto corriente en los recursos de la entidad, pues se adquirieron tarjetas de consumo destinadas a trabajadores, a quienes de acuerdo a ley no les corresponde, lo que generó un gasto indebido de S/2,697,137.

Al respecto, la actual Gerencia General del Gobierno Regional de Lambayeque ha solicitado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un reporte de las notas modificatorias realizadas a las partidas, con el fin de esclarecer responsabilidades.

Sin rendir

Tras revisar los estados financieros se encontró que alrededor de S/661,486 no habían sido rendidos con documentación sustentatoria ni tampoco se había efectuado la devolución correspondiente. Un total de S/355,907 pertenecen al período 2011-2017, mientras que S/305,579 corresponden únicamente al 2018 por “encargos internos a los establecimientos de salud para gastos”. La mayoría de los montos por rendir de una sola persona van desde los S/1,000 hasta los S/12,128.

Según la norma, este proceso no debe exceder los tres días hábiles después de haber concluido la actividad o el servicio encargado, de lo contrario se les impone alguna sanción que además comprenda la devolución del dinero (descuento).

Tanto en el caso de los víveres como en la falta de rendición, la Gerencia General de la entidad dispuso que Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, Procuraduría y Asesoría Jurídica inicien las acciones administrativas o legales correspondientes contra los responsables.