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Política

Wilmar Elera: Fiscalía solicitó 4 años y medio de pena privativa de su libertad por falsedad ideológica

Acusado. Cuando el congresista fue supervisor general de la obra “Rehabilitación del Sistema de agua potable y alcantarillado del Distrito de La Unión”, en Piura, incurrió en el delito de falsa declaración al aprobar informes falsos. La empresa a la que favoreció resultó ser suya.

Wilmar Elera renunció a la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República
Wilmar Elera renunció a la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República
Alexandra  Ampuero

La sentencia de seis años de prisión al congresista Wilmar Elera no es la única imputación en su contra. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura resolvió, en 2018, que el renunciante tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso es culpable del delito contra la fe pública, en modalidad de falsedad ideológica, en agravio de la Municipalidad Distrital de La Unión, en Piura. El Ministerio Público recomendó al Poder Judicial que se le impute la condena de cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva y 270 días de multa.

La historia data del 2011, cuando se llevó a cabo la licitación para la obra “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Urbano del distrito de La Unión, provincia de Piura - Piura”. Desde el inicio fue un proceso viciado.

Las bases para el concurso fueron manipuladas y uno de los integrantes del comité seleccionador guarda parentesco con el representante del Consorcio La Unión, conformado por las Empresas Nevado - Salas Asociados S.A.C., Servicios Generales CAR & SAyA.R. y Construcciones Ltda, ganador del concurso.

Cinco regidores de Piura resultaron autores del delito. Elera, supervisor general de la obra; Zenon Burga, asistente de supervisión; Jesús Saravia, residente de la obra; y Piero Valenzuela, representante del consorcio, son sus “cómplices primarios”, según la Fiscalía.

Desagües no paran de colapsar en distrito de La Unión, Piura. Foto: Bajo Piura Noticias 2.0

Elera fue el único ingeniero que se presentó al concurso para supervisar la obra. La compensación ascendía a S/ 545,162.26, por un plazo de 360 días calendario.

El papel del congresista fue fundamental para concretar la falta. “La participación de Wilmar Elera es haber hecho una mala supervisión y haber permitido que no se cumpla el Expediente Técnico, pues ha fraguado una valorización como supervisor de la obra”, dice en el expediente fiscal.

Según el documento, los hechos se refieren al pago de S/ 5 225 000 a la empresa contratista, luego de que esta realizara un informe donde afirmaba que la obra estaba avanzada a un 29,83%, lo cual era falso.

El terreno a trabajar fue entregado el 7 de diciembre del 2011, la obra inició el 12 del mismo mes y, para el 15, la empresa afirmaba haber avanzado casi un 30%, cuando en realidad solo había ejecutado un 0,65%, según un informe técnico citado por la Fiscalía.

Elera aprobó el informe y se procedió con el abono. Según un testigo de la Fiscalía, recién, luego de dos años, la obra alcanzó dicho avance. Esta irregularidad se repitió a lo largo de la construcción.

Expediente de Fiscalía sobre Wilmar Elera

Expediente de Fiscalía sobre Wilmar Elera

En marzo del 2012, el Frente de Defensa y Desarrollo de La Unión denunció estas irregularidades ante el Ministerio Público. El informe que dio cabida a un pago indebido, que avaló el incumplimiento de las especificaciones técnicas y la paralización de la obra, se volvió materia de investigación fiscal.

Esta determinó que Elera no solo aprobó un informe falso: también resultó ser el titular de la empresa ganadora del concurso. “Al acusado se le imputa la comisión del delito de colusión agravada, dado que este resulta ser titular de la empresa que resultó ganadora de la buena pro en el concurso público licitado por la Municipalidad Distrital de La Unión, para la supervisión de la obra en mención; para lo cual suscribió el contrato respectivo con la entidad edil, por lo que se le considera funcionario público, conforme a la relación exigida por el artículo 425 inciso 3 del Código Penal”, dice el expediente donde se le atribuye haber defraudado los intereses de la municipalidad.