Imelda Tumialán: “La JNJ es producto de una reforma constitucional y del voto del 86%”

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), ni bien el Congreso de la República aprobó una investigación sumarísima para sus miembros, emitió un comunicado advirtiendo que su remoción sin un procedimiento preestablecido y sin causal tipificada sería un quiebre del orden constitucional. En la siguiente entrevista, su presidenta, Imelda Tumialán, explica por qué.

—Ni bien el Congreso aprobó la investigación sumaria contra la JNJ, ustedes emitieron un pronunciamiento del riesgo que se corre…

—Era lo que se venía. Tuvimos acusaciones constitucionales, una investigación preliminar y luego una moción de orden del día, que consideramos que tenía que seguir un trámite regular. Quiero hacer énfasis en que no hay un procedimiento regulado para la investigación que ayer se decidió. Nosotros somos muy respetuosos y desde la JNJ vamos a responder los cargos que se nos formulan…

—¿Se van a allanar, que algunos califican de irregular?

—El Congreso puede fiscalizar y hacer el control político. En esa medida, como hombres y mujeres de derecho, vamos a atender los requerimientos que nos hagan dentro del proceso de esa investigación sumarísima.

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—Durará 14 días. ¿Qué garantías hay de que se respete el debido proceso con las evidencias del accionar del Congreso?

—Nosotros, y especialmente la que habla, por mi trabajo en la defensa de derechos humanos a lo largo de muchos años, soy muy creyente de que los señores y señoras congresistas van a proceder observando las garantías necesarias, permitiendo que realicemos los descargos pertinentes. Uno de los cargos que se nos formulan, puedo señalar que no hay ningún elemento que pruebe que nos hemos reunido o hemos llamado al presidente del Poder Judicial ni a los señores jueces supremos. Quiero dejar claro que, en ese caso concreto, no he visitado el Poder Judicial en el plazo que señalan, no he llamado. Y ya el presidente (del Poder Judicial) lo ha descartado. No enfáticamente, como ha debido hacer, pero ya señaló que no lo hemos llamado ni presionado. Y desde el punto de vista ético, nunca lo haría.

—¿Cuál será su defensa?

—En el marco de nuestros derechos de defensa, aportaremos la argumentación jurídica necesaria y las pruebas que consideramos en nuestra defensa para que los señores y señoras congresistas de la Comisión de Justicia evalúen. Yo tengo la esperanza de que van a verificar que no hemos incurrido en ninguna infracción inconstitucional ni en ninguna falta grave.

—Entonces, ¿la forma en que tomaron esta decisión implica la amenaza al orden constitucional, como dicen en su comunicado…?

—Efectivamente, la forma como se ha conducido esa moción, que incluso en la agenda estaba en el punto 33 y luego pasa al segundo, sí constituye un quiebre al aparato constitucional, pero reitero, tengo la esperanza de que la verdad ayudará los cargos…

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—Hay un tema que tiene que ver con el equilibrio de poderes y la ONU ha salido inmediatamente a advertirlo y respaldar a la JNJ…

—La JNJ, como función constitucional, nombra y selecciona jueces y fiscales de todos los niveles y en todo el país; los ratifica cada cinco años en una evaluación integral; tenemos la función de evaluación parcial de desempeño cada tres años y medio; y también tenemos la potestad sancionadora. En el transcurso de los tres años y medio que estamos ejerciendo el cargo, se ha sancionado a más de 250 magistrados por faltas muy graves, incumplimiento de deberes. Hemos sido muy estrictos en las investigaciones, hemos observado el debido proceso como exigen la Constitución y las normas…

Nombramos también a las autoridades nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que ya están designadas; y en el sistema electoral, nombramos al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Por eso es la importancia…

—Por eso es también la puntería hacia ustedes…

—Indudablemente. Yo todavía no lo acepto porque soy una mujer creyente, que busca la justicia para los ciudadanos que claman todos los días. Cuando ingresamos al ejercicio de nuestras funciones, nos hemos imbuido de que tenemos que hacer un cambio radical y los actos de corrupción no pueden pasar de la puerta de esta institución. Hemos firmado un pacto ético-político los siete miembros de la Junta y lo venimos observando estrictamente. Eso nos permite tener la independencia necesaria, la imparcialidad, observar el debido proceso… Nuestra actuación es sumamente transparente, como pueden verificar; resoluciones que se expiden, inmediatamente las publicamos; en los nombramientos igualmente tenemos parámetros para designar jueces y fiscales que reúnan las condiciones éticas y morales que requiere el cargo. Indudablemente, la meritocracia es lo primero.

—¿Cómo ve que un Congreso que tiene menos del 10% de aprobación persiga a la JNJ, que fue creada con un referéndum con 86% de los votos?

—La JNJ es producto de una reforma constitucional y del voto del 86% que crearon una nueva institución. Los siete miembros que hemos asumido el cargo hemos sido escrupulosamente investigados, evaluados en toda nuestra trayectoria. La que habla comenzó como fiscal provincial comisionada de la Defensoría del Pueblo, luché contra el terrorismo y prueba de ello es que hay un proceso para sancionar a los que violaron derechos fundamentales de muchos ciudadanos en el distrito judicial de Junín, y muchos años trabajé en la Defensoría. Por eso me llama la atención, me preocupa la medida que se ha adoptado, pero reitero, como mujer de leyes, hay un procedimiento, que espero sea con las garantías necesarias, y un resultado que no va a beneficiarnos a nosotros, sino al país. Hay que respetar las normas vigentes, y, si no hay una regulación de un procedimiento, hay que establecerlo previamente. Eso lo señalan todas las normas, y así lo han expresado los que han tenido a bien levantar su voz, a quienes agradezco… Creemos que nuestro mensaje de rechazo a la medida será oído, y la historia del país anotará esos aspectos.

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—Han comparado esto con lo que pasó con el Tribunal Constitucional en los 90, cuando el Congreso sacó a los magistrados incómodos. ¿Qué medida tomarán de repetirse la situación?

—Allí es justamente que tenemos un antecedente, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la vulneración de los derechos de los exmagistrados del Tribunal Constitucional. Por ello, creo que se debe revisar ese antecedente porque en el país no debe vulnerarse los derechos de nadie.

—Usted me dice que van a apersonarse a la investigación que es sumarísima, pero en caso los saquen, ¿cómo van a defenderse?

—Indudablemente, como toda persona que es acusada, tenemos que defendernos, para eso hay los recursos necesarios para presentar y pedir ser oídos. Reitero que como, persona creyente y mujer de derecho, confío en los congresistas. Que reflexionen y seguramente su decisión será la más correcta de acuerdo a la Constitución. No puedo adelantar más porque estoy sujeta a esta investigación sumaria.

—Pero, en todo caso, ¿queda abierta la posibilidad de que acudan a instancias internacionales?

—Son los medios y mecanismos que permiten a todos los ciudadanos de los diferentes países que se acuda a las instancias internacionales respectivas cuando hay una vulneración. Por eso el pronunciamiento de Naciones Unidas y de otras organizaciones relacionadas a la defensa de los derechos fundamentales.

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—Insisto, ¿no descarta acudir al sistema interamericano, entonces?

—Reitero que hay las instancias internacionales pertinentes a donde uno puede llegar como ciudadano del país.

—La JNJ lleva tres años y medio trabajando, pero esta persecución se ha dado en los últimos meses, poco después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación. ¿Puede ser tal vez por la investigación que le iniciaron por haber apartado a una fiscal que investigaba a su hermana?

—Respecto a ello, la que puso en conocimiento las investigaciones, que deben ser reservadas, fue la misma fiscal de la Nación. La JNJ siempre se rige por principios y valores democráticos. Efectivamente, consideramos que la investigación iniciada ha dado lugar a todas estas acusaciones, mociones, investigaciones preliminares, que las vamos a esclarecer una a una.

—Ustedes investigan antes de tomar una decisión ante una denuncia. ¿Los 14 días del Congreso son suficientes?

—Entiendo que no es suficiente, pero, si tenemos que ceñirnos a ese plazo, indudablemente presentaremos nuestros descargos. Las denuncias que recibimos, que a la fecha son más de 4.000, las hemos venido tramitando. Primero se ve el aspecto formal, luego la calificación. Se hace indagaciones y, luego de ello, si encontramos evidencias de una inconducta funcional, iniciamos una investigación preliminar, que dura 30 días, y, si es compleja, se amplía. Y la persona investigada presenta sus documentos, testigos, actuaciones. Concluido eso, se elabora un informe y se presenta al Pleno, que evalúa y decide si abre un procedimiento disciplinario, en el que también se actúan todos los medios necesarios para esclarecer el hecho y verificar la falta…

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—Usted reconoce que el Congreso puede ejercer control, la JNJ tiene el derecho de investigar a la fiscal de la Nación, pero una jueza provisional lo ha paralizado mediante un amparo. ¿No sienten que no les permiten hacer su trabajo?

—Efectivamente, es muy claro y ya la ciudadanía lo percibe así. Nosotros estamos respondiendo a través de los recursos pertinentes a través de la vía constitucional. Quiero hacer hincapié en que somos respetuosos de las decisiones judiciales, y todos tenemos que serlo… Quiero acabar con esta frase: que la verdad sea la fuerza y fortaleza; que la paz moral sea el recodo para los ciudadanos de nuestro país que claman justicia.