Alejandro Toledo: las acusaciones que persiguen al líder Perú Posible

LaRepublica.pe continúa con el recuento de las denuncias que pesan contra los candidatos a la presidencia en el 2016., Aunque no le va bien en las encuestas, Alejandro Toledo sueña con volver a Palacio en el 2016. El pueblo, sin embargo, no debe olvidar que su gestión estuvo marcada por licitaciones sospechosas y denuncias de las que aún no sale bien librado. Aquí las recordamos, como ya lo hicimos con Alan García, PPK y Keiko Fujimori. PUEDES VER: Mayoría de peruanos considera que caso Lava Jato afectará a Toledo y García en las elecciones 2016 Ecoteva Alejandro Toledo es investigado por el presunto delito de lavados de activos a raíz de las millonarias compras inmobiliarias que realizó su suegra, Eva Fernenbug. Ella adquirió una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina de 882 mil dólares con dinero de dudosa procedencia. La Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que hay indicios suficientes para creer que Toledo está detrás de esas adquisiciones, a través de la empresa Ecoteva, constituida por la misma Fernenbug. Desde que apareció la denuncia, el exmandatario ha caído en contradicciones que incrementaron las dudas sobre su inocencia. Primero aseguró que el dinero para la compra de la casa en Las Casuarinas fue provisto por la propia Fernenbug. Luego señaló a su amigo Josef Maiman como el origen del dinero con el que se pagaron las propiedades. Carretera interoceánica En Brasil, la Policía Federal de Sao Paulo incautó documentos a la empresa brasileña Camargo Correa, acusada de corrupción. Estos revelarían presuntos pagos de sobornos a funcionarios peruanos. Camargo Correa fue una de las encargadas de la construcción de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil. Los presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos se habrían dado entre el 2005 y el 2008. Ese periodo corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y al inicio del segundo mandato de Alan García. Toledo abraza a Lula en el acto oficial que dio inicio a las construcción de la Interoceánica Sospechosamente, durante el gobierno de Toledo el Congreso promulgó la Ley 28760, que declaraba de necesidad pública e interés nacional varios proyectos de inversión, entre los que figuraba la carretera Interoceánica. Según la Contraloría, esta medida impidió una buena fiscalización. Proyecto Olmos La empresa brasileña Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, está preso en Brasil por su presunta participación en sobornos, se adjudicó en el Perú grandes y polémicas construcciones durante el gobierno de Toledo. Una de ellas fue el proyecto Olmos, en Lambayeque. Odebrecht quedó como único postor en el concurso internacional para la concesión de la primera parte del Proyecto Olmos, que costaría 257 millones de dólares. El proyecto tuvo varias demoras pero no fue sancionado. Además, investigaciones periodísticas alertaron que funcionarios públicos habrían favorecido a la empresa en desmedro de los intereses del Estado. Vínculo con Orellana El exdirigente de Perú Posible Javier Reátegui reveló que en el 2009 organizó una cena en su casa a pedido de Alejandro Toledo. A la cita acudió el abogado Rodolfo Orellana, quien hoy cumple prisión preventiva por presunto lavado de activos. En la cena, a la que también se presentaron los periodistas Juan Carlos Tafur y Fernando Valencia, se habría hablado del financiamiento de un proyecto periodístico. Toledo se ha defendido asegurando que no se acuerda si Orellana estuvo o no en la casa de Reátegui ese día. Sin embargo, la comisión del Congreso que investiga a Orellana ya tiene en la mira a Toledo y lo ha citado para que declare sobre la polémica reunión. Arequipazo Cuando era candidato presidencial, en el 2001, Toledo se comprometió a defender en Arequipa “el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de propiedad y administración pública”. Ya como presidente, inició la privatización de Egesa, la empresa de generación eléctrica de Arequipa, en el 2002. Ello generó un conflicto social que terminó con dos muertos y más de 300 heridos. Aquella vez, el Frente Amplio Cívico de Arequipa convocó a diversas medidas de protesta exigiendo que Toledo cumpla con su palabra. Pese a los reclamos, el 14 de junio se entregó Egasa y Egesur a Tractebel por US$ 167.4 millones. En ese momento, las protestas se masificaron. El 14 de junio del 2002, incrementaron las movilizaciones y los enfrentamientos con la Policía, se suspendieron las clases en los colegios, no hubo transporte público y los establecimientos dejaron de atender. Días después se dejó sin efecto las privatizaciones. Además, el gobierno de Toledo tuvo que ofrecer disculpas por agresiones verbales de sus ministros. Caso Zaraí Durante la campaña presidencial del 2000, la adolescente Zaraí le pidió a Toledo de manera pública que reconozca que era su padre. El líder de Perú Posible, sin embargo, aseguró en los medios de comunicación que Zaraí no era su hija y que el caso solo formaba parte de una campaña de desprestigio en su contra. Tenía a su favor haberle ganado dos juicios a la madre de Zaraí, Lucrecia Orozco, quien, pese a ello, se mantenía firme en asegurar que Toledo era el padre de la menor. Tras la presión mediática y ya como presidente de la República, Toledo reconoció la paternidad que había negado durante 14 años. La bancada El partido que lidera Alejandro Toledo cuenta con varios congresistas con serios cuestionamientos. Uno de ellos es Casio Huaire, acusado de tener una deuda de poco más de 80 mil soles por tributos, y de cobrar doble sueldo al Estado en el 2011 como legislador y ex integrante de la Policía. Otro de los cuestionados es José León Rivera, quien fue suspendido del Congreso por presuntamente falsificar información sobre sus vínculos con el prófugo narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, quien le alquiló un inmueble. Por su parte, Carmen Omonte, congresista y ex ministra de la Mujer, fue denunciada por su empleada del hogar por presuntamente no haber cumplido con sus derechos laborales ni otorgarle seguro social. La acusación llegó a la Comisión de Ética del Congreso.

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