Ejecutivo aprobó este miércoles muerte civil para los corruptos

El presidente de la PCM, Fernando Zavala, señaló que la lucha contra la corrupción es tarea de todos los poderes del Estado.

19 Oct 2016 | 9:56 h

Este miércoles, el Consejo de Ministros discutió y aprobó el proyecto de ley para dar muerte civil a los funcionarios sentenciados por corrupción, así lo anunció el presidente del Consejo de Ministro, Fernando Zavala

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"La lucha contra la corrupción no es solo del Ejecutivo sino de todos los poderes del Estado", dijo el premier en conferencia de prensa. 

A su turno, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó en qué consiste la aprobación de esta ley. 

"Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de dos años y máximo de veinte la inhabilitación principal, por los delitos cometidos contra funcionarios", apuntó. 

Colusión, cobro indebido, peculado, uso doloso/culposo, malversación, soborno internacional, tráfico de influencias, entre otros, todos recibirán inhabilitación perpetua en el siguiente supuesto: cuando se cometa contra el patrimonio del Estado. 

Acción inmediata del Gobierno

Previo a la cita, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en declaraciones a canal N, indicó que “si le fallaste una vez al Estado y traicionaste la confianza, no más en ninguna institución pública puedes trabajar. Puedes trabajar en otras actividades pero en el Estado no y mañana vamos a discutir en Consejo de Ministros. Seguramente todos vamos a aprobar esta iniciativa para elevarla al Congreso".

El también vicepresidente consideró que el proyecto de ley, que formó parte de las propuestas de campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ayudará a combatir la corrupción.

"La muerte civil está en nuestro Plan de Gobierno, es una medida de lucha contra la corrupción, porque no puede ser que un funcionario, un trabajador del Estado que se le da la confianza para que administre recursos de todos los peruanos, tenga un aprovechamiento propio”, sostuvo.

Cabe recordar que ayer se presentó a Eduardo Vega, ex defensor del Pueblo, como el titular de la Comisión Presidencial de Integridad. El grupo de trabajo fue creado como una de las primeras medidas de lucha contra la corrupción por parte del Gobierno, tras el primer escándalo que afecta al Ejecutivo.

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