Entrevista/Diego García Sayán. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reconocido jurista afirma que la mayor parte de cuestionamientos a la labor de la Corte y a su persona son imprecisos e interesados. Miguel Gutiérrez R. Doctor García Sayán, cómo explica que un sector de la opinión pública y del Ejecutivo viene cuestionando la labor de la Corte Internacional por el tema de las reparaciones civiles... No hay duda de que hay una campaña contra los derechos humanos y contra la Corte. Es extraño porque se hace ciertas aseveraciones sobre sentencias dadas por la Corte hace mucho tiempo. Muchos de estos comentarios son distorsionados, como por ejemplo decir que la Corte dio una indemnización a la estadounidense Lori Berenson. Pero sí ordenó el pago de 30 mil dólares... Lo que la Corte dispuso fue un pago a los padres de Berenson por concepto de costas y gastos debido a un proceso internacional que duró ocho años. En este caso hay algo curioso, en el proceso la defensa de Berenson impugnó la legislación antiterrorista señalando que iba contra el ordenamiento internacional. La Corte concluyó que esa legislación era compatible y más bien felicitó al Estado peruano por haber afinado y perfeccionado su legislación. Sin embargo, nadie valora este reconocimiento efectuado por la Corte Interamericana al Estado. También acusan a la Corte de ordenar reparaciones a quienes cometieron actos terroristas... Cualquiera puede dar su opinión en contra de las reparaciones, pero de ahí a decir que la Corte es tonto útil de los terroristas es una diferencia grande. ¿Se puede decir que el Estado fue sorprendido? No hubo sorpresas. No llega un caso de un demandante a la Corte de un día para otro. Se llega luego de haber agotado la jurisdicción interna, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, entre otros. A nivel internacional hay momentos en los que el demandante expone los argumentos de hecho y de derecho. A su vez el Estado tiene la oportunidad de contradecir lo que acompaña a la demanda de fondo: las reparaciones. Ha ocurrido en muchas ocasiones que el Estado peruano no ha contradicho el planteamiento de las reparaciones presentadas. ¿Sugiere que hubo negligencia de parte del Estado? No necesariamente. Diría que es resultado de un aprendizaje en el que las personas a cargo no fueron las más experimentadas; porque hubo reticencia del Estado a pagar buenos abogados o porque concentraron sus energías en el asunto de fondo pensando que si demostraban que no hubo violación, el tema de las reparaciones tampoco procedería. ¿Cuáles son los criterios para fijar las reparaciones civiles? Por lo general, en la demanda se fija una cifra que es superior a lo que la Corte determina. La Corte no tiene un criterio arbitrario. Tampoco lo hace por simpatía a una persona o a un grupo sino a hechos que demuestran un proceso de violación. La Corte fija reparaciones cuando a nivel interno no se ha producido o no han tenido el criterio razonable. ¿Qué puede hacer el Estado peruano si no está de acuerdo? Cuando se dicta la sentencia ya no hay apelación porque así lo acordaron los Estados en 1969. Puede pedir una aclaración o una interpretación de la sentencia. Es decir, esto no me quedó claro, qué ocurriría en este caso si el demandante ya recibió una reparación a nivel interno. Sin embargo, la sentencia no se modifica. ¿No resulta problemático a los integrantes de la Corte declarar sentencias favorables a probados dirigentes de Sendero Luminoso? La función de la Corte no es ser un tribunal penal. La única razón de ser es determinar si en ciertos hechos se cometió violación de los derechos humanos. “Me da risa cuando me acusan de caviar” ¿Tal vez la campaña que menciona no sea contra la Corte sino contra usted? Puede ser que haya gente que no perdone que yo haya tenido un peso fundamental en la toma de decisiones relativas a los procesos anticorrupción, donde se recuperó dinero gracias a la colaboración eficaz. Siempre le recuerdan los 142 indultados por terrorismo... Es gracioso porque quienes me cuestionan deberían dirigirse a quienes originaron estos problemas en los años 90, cuando se condenó a inocentes con penas excesivas, con jueces sin rostro. Fue tan grave que el mismo gobierno que impulsó esa legislación tuvo que conceder indultos. El régimen de Fujimori liberó a 513 personas mientras que el gobierno de transición sólo a 142 y dicen que se liberó a terroristas. ¿Me pregunto a quiénes? Han pasado 10 años y ninguno de los liberados ha sido detenido por terrorismo. ¿Cómo reacciona cuando lo señalan como el “rey de los Caviares” o parte de “la caviarada”? Me da risa porque no sé si saben lo que ese término significa. Esto es intolerancia. Esto es parte de una historia de una Lima Colonial que aún no termina de morir. Ocupar puestos como la presidencia en la Corte son cosas que se me han ofrecido o se me han presentado. Por eso me da risa esos términos y no me producen ningún tipo de irritación.