Por Antonio Zapata. Antonio Zapata. Este año es el centenario de la primera denuncia presentada contra Julio Arana por esclavizar indígenas amazónicos en sus explotaciones caucheras. El ciudadano peruano Benjamín Saldaña acusó ante la Corte de Loreto a la empresa Arana Hermanos por crímenes contra los indígenas del Putumayo. Esta explotación cauchera se hallaba entre los ríos Caquetá y Putumayo, zona que hoy corresponde a Colombia y entonces estaba en disputa con el Perú. Desde 1900, Arana había controlado casi una provincia entera y establecido un régimen de terror y esclavitud; había traído capataces de Barbados y encuadrado como recolectores de gomas a los indios Boras y Witotos. Ellos hacían sangrar los árboles y recogían la goma para transportarla al borde del río. Allí era embarcada y convertida en bolas de jebe para ser exportada a Inglaterra y a los Estados Unidos. El auge del caucho llegó al Perú después de la Guerra del Pacífico y sus ingresos colaboraron con la reconstrucción económica nacional. Pocos años atrás, Charles Goodyear había descubierto la vulcanización y el uso industrial de la goma, empleada principalmente para las ruedas de las primeras bicicletas y luego para las llantas de los autos. En ese momento, la economía loretana se transformó en gran exportadora de caucho y vivió un boom extraordinario. Durante la fase expansiva, el problema principal para los patrones era el reclutamiento de una mano de obra disciplinada para cumplir el penoso trabajo de extraer la goma. La coerción y la violencia fueron fundamentales para obligar a la población local a trabajar para la exportación. Se practicaron extensas correrías contra los indígenas tribales para capturar mujeres y niños, transformados en sirvientes sexuales y domésticos, para ser educados en las costumbres occidentales y luego habilitarlos como peones. Los mestizos acabaron reclutados a través de métodos de enganche y habilitación que imperaban en otras regiones del Perú de la época. El ambiente humano era devastador y las epidemias crearon una situación de espanto. La población nativa decaía ostensiblemente cuando un juez de Loreto acogió la denuncia contra Arana y ordenó que se abra juicio a los presuntos responsables. El magistrado se llamaba Carlos A. Valcárcel y sus papeles han sido reunidos por Monumenta Amazónica que publica la Asociación CETA en Iquitos, con el título de El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos. El centenario de este célebre proceso judicial muestra la antigüedad del combate legal en defensa de los indígenas frente a la explotación indiscriminada. Asimismo, revela que siempre hemos tenido una tradición de jueces honestos y que en el Perú republicano nunca ha imperado completamente la corrupción. Más bien, nuestra historia registra una lucha constante entre honestidad y mal gobierno. Además, los padecimientos de los indígenas durante el reinado del caucho revelan que la economía exportadora nunca ha respetado los derechos de la gente. A la hora del juicio, Arana contó con enorme protección oficial. Tanto senadores como alcaldes y ensayistas peruanos orquestaron una vigorosa campaña en su defensa, presentándolo como un patriota que constituía la avanzada económica del Perú sobre la amazonía colombiana. Al final, Arana perdió cuando internacionalizó su compañía, volviéndola británica para colocar acciones en la City de Londres; lo denunciaron las asociaciones civiles antiesclavistas inglesas y los tribunales liquidaron su empresa. Del mismo modo, hoy en día, en el TLC firmado con los Estados Unidos algunas cláusulas laborales pueden ser útiles a los sindicatos peruanos. En los próximos años, los gremios nacionales concretarán acuerdos con sus pares norteamericanos para presionar fuera y obligar a nuestros capitalistas a cumplir reglas dentro. Así se salvaron los Witoto y Boras hace cien años y del mismo modo han de librarse batallas por los derechos de los trabajadores en el futuro. Ventajas de la globalización.
