Impacto cultural de las esterilizaciones forzadas: “No quiero que desaparezca mi arte”

Por: Léa Delon

Bajo un sol abrasador a 3.600 metros de altura, las participantes del taller van y vienen armadas con ovillos de lana y trozos de madera. Un suave murmullo se eleva desde el patio de la casa de sanación de Hilaria Supa Huamán, emblemática líder indígena en el Perú. Algunas se sientan en el suelo y otras hilan la lana con puscas de madera, charlando con las dos maestras responsables por enseñar las técnicas fundamentales del tejido a telar de cintura: Away. Encaramada en una meseta andina a unos cuarenta kilómetros de Cuzco, esta casa se fundó en el 2003 para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato de Alberto Fujimori. Según el Informe Final sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000, 314.605 mujeres y 24.563 varones fueron esterilizados por acción del Estado. Según otro informe del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) publicado en 1999, solo el 10% de esas mujeres dieron un consentimiento válido.

“En 1997, estaba a punto de dar a luz y me fui al hospital regional de Cusco”, cuenta Balvina H., una agricultora de 53 años. “Necesitaba una cesárea, y fue entonces cuando aprovecharon para ligarme las trompas mientras estaba anestesiada y no podía dar mi opinión. Cuando me desperté, era demasiado tarde. La enfermera me explicó que nunca más podré tener hijos y me he sentido muy triste”, dice con una rabia contenida. Alejada del resto del grupo, Balvina pasa un ovillo de lana roja entre dos estacas de madera separadas por un metro para formar lo que será la base del chumpi. Tejer le da alegría, dice, la alivia del estrés.

“¡Rolando, ayudas a todas las mujeres menos a tu propia madre!”, se ríe Ricardina H., las dos manos en las caderas. Esta agricultora de 59 años también fue esterilizada en 1997. También sufrió las burlas de las enfermeras en el hospital, el regreso vergonzoso a su familia y años de sufrimiento en silencio. Participa en el taller de tejido con su hijo Rolando T., de 35, que está ocupado cortando trozos de madera que servirán para fabricar los telares de las participantes. Aunque el escenario difiere de una mujer a otra, todas sufren del mismo trauma invisible. Esto se revela de repente, cuando llega la hora de ir al médico, por ejemplo. “Voy al médico o al hospital temblando. Tengo mucho miedo de lo que me puedan hacer”, dice Ricardina. “Hasta ahora se entra a la posta con muchos nervios”, confirma su hijo Rolando. “Su salud se deterioró, y no hay solución para eso”.

Bordando la palabra “dolor”

Sentados uno junto al otro, madre e hijo se escuchan. Durante los cuatro días que dura el taller, cada mujer confecciona un chumpi, un cinturón tradicionalmente utilizado para sujetar la espalda de los hombres que trabajan en el campo o para aliviar el peso soportado por las mujeres embarazadas. Confeccionados con lana de oveja o alpaca, los chumpis reflejan los orígenes de quienes los tejen a través de diseños específicos. Ojo de puma, montañas, lagunas... Cada comunidad tiene sus propios diseños, transmitidos oralmente de generación en generación. En este segundo taller del proyecto IKUMI, organizado por la artista y antropóloga Alejandra Ballón Gutiérrez y financiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) donde enseña, cada participante borda un diseño en tres partes que representa los tres momentos más importantes de su vida: antes, durante y después de la esterilización a la que las sometieron. 

Vicentina H. decidió ilustrar su esterilización bordando la palabra “dolor” en amarillo sobre un fondo azul. Detalles que no son detalles. El azul representa las batas azules de las enfermeras y el amarillo, las luces que veía sobre ella mientras yacía a punto de que le ligaran las trompas. Para la antropóloga, “estos trabajos son testimonios visuales expresando un trauma. Deben servir para vincularse, no solamente con sus familiares, sino también con la sociedad peruana, que todavía no comprende lo que les ha sucedido, y con una justicia que todavía les da la espalda”.

La investigadora recuerda los prejuicios de aquellos a quienes explicó el propósito de su primer trabajo de campo de la investigación doctoral en 2012, en Piura. Allí fue donde descubrió por primera vez las amplias consecuencias culturales del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en las comunidades indígenas de Huancabamba. El uso del telar, que se sujeta a la cintura de la tejedora, provoca sacudidas periódicas en el abdomen al tirar con fuerza de la kallwa, una varilla de madera, hacia ellas. El 70% de las víctimas de esterilización forzada entrevistadas por Ballón se han visto afectadas culturalmente en la producción y transmisión de sus tradiciones ancestrales. El 57% dejó de tejer tras la operación. “Escuchaba a gente convencida de que se hizo un favor a las mujeres porque supuestamente tenían muchos hijos y no sabían cuidarse. Según ellos, había una demanda real de parte de las mujeres pero eso no es cierto”, dice Ballón.

Además de negarles su condición de víctimas, muchas de estas mujeres sufrieron una intensa marginación en sus propias comunidades. Se sospechaba que habían sido esterilizadas voluntariamente para poder acostarse con otros hombres sin tener hijos. “Fuimos condenadas al ostracismo en el pueblo, incluso nuestros propios maridos nos trataban mal”, confirma Serafina Y., una participante que fue esterilizada a los 34 años. “Fueron tan estigmatizadas, hasta en sus propios hogares, que ahora necesitan escuchar que no son mentirosas. Necesitan que el Estado les pida perdón y encontrar justicia en su país”, opina Ballón.

Años de lucha por la justicia estuvieron a punto de llegar a su fin cuando, en diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y sus tres exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad, Fujimori salió de prisión el 6 de diciembre de 2023. Al día siguiente, el Poder Judicial anuló el proceso por esterilizaciones forzadas, lo que supuso una bofetada para todas las víctimas y sus familias.

En el patio, Hilaria Supa Huamán mira a las participantes del taller con una tierna autoridad. Algunas comparan historias y la más joven, Sherly Q., estalla en carcajadas con los dedos entrelazados en hilos de lana. A los 12 años, la niña vino a acompañar a su abuela Tomasa Q., que no tejía desde su operación. “Yo no fui víctima de esterilización forzada, pero podría haber sido el caso”, confiesa Supa. “Siento su dolor. Son mis hermanas, no de sangre, sino de corazón”.

Para la primera congresista indígena del Perú, las esterilizaciones forzadas han afectado profundamente la relación entre los hijos y nietos de las víctimas y sus raíces indígenas. Una opinión que también comparte la investigadora Ballón. “Cuando se pierde la transmisión cultural a través del arte de, que por ejemplo, una abuela o una madre transmite al hijo o al nieto, ellos en general no van a sentir una vinculación identitaria tan fuerte como si tuvieran ese conocimiento ancestral desde pequeños”, explica. “Entonces, no es solamente una cuestión de técnicas artísticas sino de la manera que se identifican con sus comunidades”. Por eso el taller se ha diseñado no solo para las víctimas, sino también para sus hijos/hijas y nietos/nietas, como una forma de reparar la transmisión generacional que se ha interrumpido.

Consecuencias culturales

Tras años de lucha, representantes de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (Ampaef) y de otras asociaciones de víctimas pudieron por fin presentar sus demandas de reparación en un taller nacional convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en septiembre. No se ha solicitado reparación cultural. Según María Esther Mogollón, asesora y portavoz de la Ampaef, “eso no quiere decir que no han sufrido consecuencias culturales, al contrario. La esterilización ha impactado mucho sus trabajos colectivos, su uso de la lengua tradicional, la violencia, el maltrato, su soledad y su marginalización dentro de las comunidades por no tener hijos. La cosa es que poner reparaciones culturales en práctica es difícil”, explica. “Las víctimas se concentraron más en sus vidas prácticas, como obtener una compensación económica excepcional, una atención física y mental adecuada, o la entrega de becas de estudios superiores o técnicos para sus hijos y nietos”.

El sol baja detrás de los campos que rodean la casa de salud. Los participantes han terminado sus chumpis, que se expondrán en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) de Lima en 2025. “Estoy feliz de haber podido acompañar a mi madre, Serafina, en este proceso”, dice Roxana H. “Quería entender lo que ella había pasado y lo que todavía tiene que pasar. Porque su dolor sigue ahí y tenemos que seguir luchando por ella y por todas las otras víctimas”.