Un ficticio equilibrio de poderes, falta de contrapeso en la realidad
DEBILITADA AUTONOMÍA. En el régimen de Dina Boluarte se ha hecho notorio el pacto entre Ejecutivo y Congreso, que muchas veces parece más una subordinación del primero. Diversos analistas advierten que la separación de poderes no es solo que los ministros asistan a citaciones del Legislativo ni que la mandataria observe algunas autógrafas de ley.
La presidenta Dina Boluarte alegó en su mensaje de 28 de julio que sí hay equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Congreso porque sus ministros acuden al Legislativo cuando son citados y el Gobierno observó algunas leyes y convocó a un pleno. No obstante, los especialistas explicán por qué este balance de poderes no existe más que en sus tergiversados dichos. Asimismo, adviertenn que la dominación del Congreso atenta contra la democracía.
“Aceptan que el Congreso actúe como primer poder”
Por Jorge Aragón, politólogo, docente e investigador (PUCP e IEP)
En los últimos meses, y fundamentalmente durante el Gobierno de Dina Boluarte, la separación de poderes en el Perú se ha debilitado tanto que es una de las principales razones para sostener que dejamos de ser un país democrático.
El Congreso, o una mayoría que va desde Renovación Popular hasta Perú Libre pasando por APP y los fujimoristas, gobierna, da leyes y cambia la Constitución sin mayor control. Como parte de esta pérdida de balance, llama la atención el comportamiento del Ejecutivo. Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén y los ministros han aceptado, por necesidad y conveniencia, que el Congreso se comporte como si fuera el principal poder del Estado.
Tan evidente y escandalosa será esta situación que la presidenta Boluarte decidió incluir este tema en el discurso de Fiestas Patrias. Sin embargo, todo lo que mencionó no ha hecho sino poner aún más en evidencia el desbalance entre los poderes del Estado.
Para ella la separación de poderes se manifiesta cuando ministros y funcionarios asisten al Congreso, cuando el Ejecutivo solicita una sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento o cuando el Gobierno observa alguna ley (que el Legislativo termina aprobando sin cambio alguno por insistencia).
Si era todo lo que podía mencionar para afirmar que sí hay separación de poderes en el Perú, mejor le hubiera ido sin hablar de este tema.
“Boluarte se refiere a lo formal, la realidad es otra”
Por Martín Navarro, politólogo y docente (UNMSM)
Dina Boluarte se refiere a lo formal: se cumplen procedimientos legales. El sometimiento del Ejecutivo al Congreso se reviste de lo legal. Reformas constitucionales, copamiento de instituciones, politización de justicia son reflejo de un Ejecutivo huérfano de fuerza congresal propia y de una gran coalición que gobierna desde que cayó Pedro Castillo.
El equilibrio busca que el poder político no esté concentrado, sino diseminado, que haya control mutuo y ningún poder sea “el primero”. El Congreso, con reformas ilegitimas, busca hacer depender de este a los demás poderes e instituciones del Estado que deberían ser autónomos de lo político. Al final, está el Tribunal Constitucional, que trabaja en pared con el Legislativo: lo capturó.
Boluarte no mostró otro mundo, sino ocultó el trasfondo. Es la astucia de regímenes autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua. La forma democrática permanece, la realidad es otra.
“Derecha aliada del Ejecutivo gobierna a sus anchas”
Por Mario Berrios, sociólogo y docente (UNSA, Arequipa)
El principio de separación de poderes busca que estos no se concentren, ya que se distribuyen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, vemos que hay un pacto entre el Legislativo y Ejecutivo, por sus intereses y el objetivo de quedarse al menos hasta el 2016. No hay contrapeso político.
La presidenta Dina Boluarte dice que sus ministros van al Congreso. En el gobierno de Pedro Castillo eran interpelados y censurados. En el régimen actual no hay ese control. Por eso, el ministro de Educación, Morgan Quero, dio declaraciones desastrosas sobre violación de niñas en comunidades y está pasando como si fuera algo simple.
Asimismo, las leyes que el Ejecutivo observa al Congreso son muy pocas. De hecho, no objetó la ley sobre delitos de lesa humanidad. En las pocas observadas, no ha habido reflexión del Legislativo que lleve a ajustes, sino que ha insistido en sus leyes tal como las aprobó antes, sin más.
Entonces, no hay separación de poderes. Tenemos un grupo político, la derecha aliada del Ejecutivo, gobernando a sus anchas.
El único poder de cierto contrapeso es el Judicial. El Legislativo quiere influir en este cambiando las leyes sobre la Junta Nacional de Justicia y vacando a sus miembros que les incomodan. Incluso los órganos autónomos son copados por esta alianza perversa, esta coalición de derecha entre el Ejecutivo de Boluarte y el Legislativo de César Acuña, Fuerza Popular, Renovación Popular, etc.
“Se legislan aspectos muy cuestionables”
Por Oswaldo Zavala, abogado constitucionalista y docente (UNT, Trujillo)
El principio de separación de poderes implica la existencia de mecanismos de control entre los órganos del Estado, con la finalidad de evitar la concentración o arbitrariedad en el uso del poder. En esa lógica, cuando uno de los órganos del Estado actúa indebidamente, otro debe controlarlo; ello en el Perú no está ocurriendo.
Basta con ver cómo el Congreso ha venido legislando sobre aspectos muy cuestionables, por ejemplo, en lo referido al licenciamiento permanente de las universidades, que por cierto afecta de manera grave la calidad de la educación universitaria, ante lo cual, el Poder Ejecutivo, considerando el pedido expreso de diversos colegios profesionales y universidades, debió observar dicha autógrafa de ley (proyecto aprobado por el Legislativo), pero no lo hizo.
Aunque la presidenta Dina Boluarte señaló en su mensaje de 28 de julio que hay separación de poderes, lo único que está separado es la opinión pública respecto de lo que el Congreso y el Ejecutivo hacen.
“Alianza por sus intereses”
Por Marisol Condori Apaza, sociólogo y docente (UNCP, Junín)
Entre Ejecutivo y Legislativo hay complicidad basada en intereses políticos, económicos y personales: quedarse hasta el 2026, favorecer delincuentes, poner en riesgo ecosistemas, educación y a los que luchan contra el crimen organizado. Generan una crisis que quebranta principios de la democracia. La asistencia de ministros al Congreso no es algo excepcional y dar facultades al Ejecutivo es parte de acuerdos maquillados.
En la observancia de normas, se rescata el caso de nombramiento automático de docentes. Las otras “observadas” no tienen tanto impacto. ¿Por qué no observó las que favorecen impunidad y corrupción o que atentan contra nuestra Amazonía? ¿O por qué no se sanciona a violadores pseudoeducadores?
Ante la falta de legitimidad, forman una alianza de sobrevivencia, donde se gobierna por intereses cada vez más dañinos.❖
