Detenidos en la Prefectura denuncian una privación indebida de su libertad

Un grupo de 26 personas privadas de su libertad en las celdas de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en la Prefectura de Lima se quejaron ante la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia de una "grave, sistemática y reiterada" violación de su libertad personal.

En la carta dirigida al presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, a la que tuvo acceso La República, detallan que "por ejemplo, 18 de las 26 personas privadas de su libertad fueron detenidas el 12 de abril del presente año, por un plazo de 10 días de detención preliminar y hasta ahora llevan 28 días de detención arbitraria e ilegal, sin que se haya definido su situación jurídica".

"Pese, añaden, a que el artículo 2, inciso 24 , literal f de la Constitución Política del Estado establece un plazo máximo de detención preliminar de 15 días, tal como lo ha reconocido el precedente del expediente 6423-2007-caso Guillermo Ruiz Dianderas".

Agregan, que la Defensoría del Pueblo, a través del programa de personas privadas de su libertad, ha reconocido la violación de la libertad personal en el caso de 5 personas que fueron detenidas el 23 de abril de 2024 y cuyo plazo de detención de 15 días venció el 8 de mayo del presente, habiendo transcurrido 12 días de detención arbitraria, ilegal e inconstitucional".

Acompañan su carta con el oficio n.° 006-2024-DP/ASCSNLD-PPPL, fechado el 17 de mayo de 2024, que la Defensoría del Pueblo dirigió al juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero.

En este oficio, la Defensoría recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado como precedente vinculante que la Constitución establece un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de detención.

La Defensoría del Pueblo indica que los detenidos se quejan de que, pese a que los jueces a cargo de sus casos ordenaron que no debían estar recluidos en una establecimiento penitenciario o carceleta; sin embargo, "las características del lugar donde se encuentran bajo custodía de la Policía Nacional corresponden a una celda o carceleta, esto es, un ambiente de pequeñas dimensiones, falto de iluminación natural y de servicios básicos como luz y agua, con una puerta formada por barrotes metálicos".

Una situación que estaría generando problemas de salud a uno de los detenidos. Otro investigado se quejó de que se afecta su derecho de defensa y debido proceso, al haber sido excluido de las diligencias de deslacrado y visualización de especies incautadas, permitiendo solo la participación de su defensa técnica.

Sin derechos

Los detenidos reconocen que se les detuvo con una orden judicial que señala un plazo de privación de su libertad de 10 a 15 días, pero transcurrido ese periodo de tiempo permanecen recluidos en las celdas de la prefectura, sin que se resuelva su situación jurídica.

En total, hay unas 31 personas en esta situación. Pero, solo 26 firman las cartas. Los otros se abstienen, posiblemente, por temor a las represalias. La mayoría está detenida por el caso "Los Tarjeteros del Norte" desde el 12 de abril, otros vinculados al caso de la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides, desde el 23 de abril, y del caso del expresidente Pedro Castillo, desde el 26 de abril.

Un problema que se viene repitiendo desde hace algunos años con las detenciones preliminares e incluso la prisión preventiva, sin que las autoridades haga nada por solucionarlo. Los detenidos parecen no importar a nadie y carecer de derechos humanos. El plazo previsto en la orden judicial se extiende por tiempo indefinido, hasta que concluyan las audiencias judiciales donde se discute y se resuelve su situación.

Mientras, el juez resuelve, todos permanecen detenido en la prefectura en función a una interpretación de la norma procesal que otorga al juez un plazo adicional de 48 horas para que las instancias judiciales resuelvan. Pero, este segundo plazo tampoco se cumple.

Los jueces y fiscales reconocen que se produce un exceso en la detención preliminar, que afecta diversos derechos humanos, el debido proceso y la legítima defensa, pero se prefiere aplicar el aforismo clásico al revés: 'más vale cien inocentes presos que un sospechoso pueda fugar'.