Sobrinos de Pedro Castillo: ¿víctimas de un juego político-judicial o aprendices del lado oscuro?

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez parecen ser el eslabón perfecto para involucrar al presidente de la República, Pedro Castillo, con los presuntos actos de corrupción en la licitación que realizó Provias Descentralizado para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín.

La fiscalía, la oposición política y los aspirantes a colaboradores eficaces los necesitan para que el proceso tenga relevancia nacional. Solo a partir de su presencia se puede afirmar que existe una organización criminal infiltrada en el Estado que llega hasta el presidente y que por ese motivo debe ser vacado.

Las evidencias y declaraciones de Karelim López Arredondo y el aspirante a colaborador eficaz identificado con el N° CE-01-2020 recopiladas por la fiscal especializada Karla Zecenarro Monge, que involucran a los sobrinos del presidente, se conocieron en las audiencias de prisión preventiva ante el juez Manuel Chuyo Zavaleta y en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, que preside el juez Bonifacio Meneses.

Los ‘sobrinísimos’ investigados

Un primer elemento que aparece en las audiencias es que ni Karelim López, ni el CE-01-2020, ni la Fiscalía los individualizan ni describen las acciones en las que participaron. Siempre se habla de los sobrinos del presidente, en plural, como si se tratara de un solo individuo. Otro elemento, es que ninguno de ellos parece tener voz propia, no piden, exigen, promueven o requieren algún acto, beneficio o retribución. El relato los pinta como marionetas. Otro u otros mueven los hilos.

La Fiscalía dice que ellos serían parte de la organización, pues “habrían aprovechado su cercanía con altos funcionarios del Estado y de esta forma lograr que los terceros interesados se adjudiquen la licitación pública 01-0221-MTV/12″.

Pero, ni los colaboradores ni la fiscalía explican cuándo, cómo y con quién se dieron esas negociaciones, y quiénes eran los empresarios captados. La Fiscalía usa el plural, pero hasta ahora solo se habla de una única licitación: la buena pro de Puente Tarata III y el empresario Luis Pasapera Adrianzén.

En las audiencias, la Fiscalía presenta dos hechos incriminatorios contra ambos sobrinos. El primero, que luego del 28 de julio del 2021, en que su tío asume la presidencia, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo utilizaban unos vehículos de la empresa Mazavig SAC de Zamir Villaverde García. El uso de estos transportes se prueba por los ingresos a Palacio de Gobierno. Gian Marco Castillo como chófer y Fray Vásquez como ocupante.

En segundo lugar, que, de acuerdo con los registros de visita a Palacios de Gobierno, ellos se encontraban en el edificio, cuando Zamir Villaverde ingresó a la misma dependencia. Se sobreentiende que Villaverde ingresaba a visitarlos a ellos y los sobrinos lo llevaban con el presidente Castillo. La Fiscalía no lo afirma, pues no tienen indicios para ello. Es lo que dice Karelim López.

En otra parte, también se dice que Villaverde concurría a Palacio de Gobierno a visitar al entonces secretario de la presidencia, Bruno Pacheco. En el registro de visitas se anotó que el empresario visitaba al subsecretario general del despacho presidencial, Ysmael Mayuri Quispe. Sobre este punto, sí se dice, por ejemplo, que esto es una treta para encubrir a quien se visitaba en realidad.

Esos dos hechos, el uso de los vehículos y la coincidencia en el registro de visitas, da sustento a la declaración de Karelim López: “Zamir Villaverde empieza a traer amigos empresarios ante los sobrinos para que ellos sean las puertas de acceso al presidente… llevaban al empresario, le preguntaban cuál era el trámite o asunto que requerían, incluso había temas de telecomunicaciones. Los sobrinos hacían que el presidente atienda a los empresarios, esto es, que los reciba y los sobrinos hacían las gestiones para que el presidente autorice a Juan Silva (ministro del MTC) lo que los empresarios solicitaban… Los sobrinos tenían todo el acceso a todo lo que era el MTC”.

La sindicación de López es tan genérica que la Sala de Apelaciones la utiliza para revocar la prisión preventiva de Gian Marco Castillo. Para ello, compara lo que dice Karelim con la declaración del colaborador CE-01-2022. Este último declaró: “Quiero señalar que respecto a Zamir Villaverde García, dicha persona estaba captando empresarios para ofrecerles obras en el MTC, Provias Descentralizado y Provias Nacional, a cambio de sumas de dinero. Asimismo, junto con Fray Vásquez, estaban convocando a personas de su confianza, para que ocuparan cargos importantes en el MTC, a fin de dirigir las licitaciones”.

Este colaborador sí individualiza a uno de los sobrinos, pero en referencia a convocar a funcionarios de confianza, no con el direccionamiento de una obra ni menos con pedidos o recepción de dinero. Sin embargo, esta mención a uno de los sobrinos permite al tribunal de apelaciones restar credibilidad al dicho de López y revocar la prisión preventiva a Gian Marco. A la vez, le da valor probatorio para confirmar la prisión preventiva a Fray Vásquez.

Los jueces concluyen, a partir de esa única declaración, que Vásquez sí estaría involucrado, pero dudan sobre Gian Marco Castillo. Deciden creerle solo a uno de los sobrinos. Separan los sujetos, pese a que la Fiscalía los presentó como un solo verbo.

Los hechos

Esto permite afirmar que el tribunal de apelaciones pudo revocar la prisión preventiva para ambos sobrinos, como se especuló en medios judiciales en los días previos a conocerse la decisión, pero habría pesado más el tinte político de este caso. Fray Vásquez y Gian Marco Castillo han reconocido que utilizaban los vehículos de Zamir Villaverde. El empresario ha dicho que en algunas ocasiones les alquilaba las camionetas y en otras se las prestaba sin ningún pago.

Tampoco se advierte la diferencia entre lo que imputa la fiscalía, que se sostiene en la declaración de Karelim López, y lo que dice el colaborador CE-01-2022. La fiscalía y López dicen que los sobrinos participaban en las negociaciones con los empresarios. El mencionado colaborador señala que era Zamir Villaverde el que captaba y pedía dinero a los empresarios. Añade sí, que junto a Fray Vásquez convocaban a funcionarios de confianza. Es decir, describe dos hechos distintos.

De acuerdo con la defensa de los sobrinos, Zamir Villaverde habría estado utilizando a los primos Vásquez-Castillo para acercarse al presidente y ejercer influencia en el MTC. Lo que sea que haya pasado faltan indicios o evidencias para probar una cosa u otra.

El ingreso a Palacio de Gobierno en sí mismo no es prueba de un acto ilícito. Sí es motivo de sospecha. Ambos sobrinos han estado cerca del presidente en la campaña electoral. Son hijos de sus hermanas. Tenían motivos lícitos y justificados para visitar la presidencia. La Fiscalía deberá probar que esas visitas tenían otros objetivos y que los primos habrían participado en las negociaciones y recibieron beneficios por las licitaciones, más allá del uso de las camionetas de un tercero.

Zamir Villaverde, que también busca acogerse a la colaboración eficaz, habla de pagos al presidente Pedro Castillo, a través de Bruno Pacheco, sin mencionar a los sobrinos. Villaverde dice que parte de esos pagos eran los 20 mil dólares encontrados en el despacho de Bruno Pacheco y los depósitos en sus cuentas bancarias.

El otro aspecto que se tuvo en cuenta para confirmar la prisión preventiva fue la falta de un domicilio real por parte de Fray Vásquez. Hay un audio donde el sobrino conversa con un fiscal para decir que quiere declarar, pero no sabe decir su dirección exacta. Entonces ¿para qué llamó? ¿Un abogado lo asesoró para esa llamada? ¿Sin esa llamada se habría probado la falta de un arraigo?

Hasta que todo esto no se aclare, ambos seguirán en el proceso. Uno con comparecencia y el otro con orden de captura nacional e internacional. Estar prófugo no le ayuda a aclarar su situación. Alimenta la sospecha. Para complicar más la situación legal, está la investigación que realiza la fiscal Luz Taquire por actos de corrupción y lavado de activos.

Competencia por la verdad

Ambas investigaciones son distintas pero tienen prácticamente los mismos hechos y protagonistas. La prisión preventiva se dio en la investigación que realiza la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Karla Zecenarro. La fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, en el proceso especial para corroborar la declaración de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, solo pidió comparecencia con impedimento de salida del país.

Las fiscalías de casos de corrupción, bajo la coordinación del fiscal superior Omar Tello y las de lavado de activos, encabezadas por el fiscal superior Rafael Vela, parecen estar en competencia en la persecución legal al presidente Castillo.

Karla Zecenarro comenzó la investigación en noviembre del 2021. Taquire se le adelantó con la colaboración eficaz de Karelim López. Zecenarro volvió a tomar la delantera con la prisión preventiva de Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Luis Pasapera, los funcionarios de Provias Descentralizado y los sobrinos del presidente.

Ahora, Luz Taquire citó a declarar al presidente Pedro Castillo, la primera dama Lilia Paredes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los exministros, Juan Silva, Juan Carrasco y otros. El fiscal superior coordinador Rafael Vela denunció a Paredes por obstrucción a la justicia. El eslabón familiar vuelve a resaltar en la historia del caso.

Además, ambas enviaron sendos informes a la Fiscalía de la Nación para que se investigue al presidente Castillo, exministros y excongresistas. Promovieron que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le abra una nueva investigación. En medio de estos dos procesos, están los sobrinos del presidente. Uno de 30 años y el otro de 23 años. Ambos sin experiencia alguna en la administración pública y en tratos con la justicia, a diferencia de los otros involucrados en la trama: Zamir Villaverde, Karelim López, Luis Pasapera y Bruno Pacheco.