Política

Bruno Pacheco planteará queja contra fiscal del caso Provías

Defensa de Bruno Pacheco también presentó en las últimas semanas un escrito contra la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, a quien se le abrió un proceso en Control Interno.

Bruno Pacheco tiene una orden de captura y continúa en la clandestinidad. Foto: Difusión.
Bruno Pacheco tiene una orden de captura y continúa en la clandestinidad. Foto: Difusión.
Alonso Collantes

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco interpondrá en los siguientes días una queja contra la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien dirige el caso Provías por la licitación irregular del puente Tarata III, en San Martín, y logró el último martes la prisión preventiva por 36 meses contra el exhombre de confianza de Pedro Castillo, y otras seis personas investigadas.

Así lo adelantó en conversación con este diario la defensa de Pacheco, la abogada Giulliana Quiñones: “En los siguientes días plantearemos la queja contra la fiscal Zecenarro. En el requerimiento de prisión preventiva queda manifiesto que al inicio se investigaba a Bruno Pacheco solo por tráfico de influencias. Sin embargo, en la formalización la fiscal le agregó el delito de colusión gravada cuando todo el caso fue solo por tráfico de influencias. Eso tiene que esclarecerse también. En el interín no se han hecho actos de investigación por colusión”, precisó.

Además, la letrada informó que su queja estará orientada también por la orden de detención preliminar que dictó el juez Manuel Chuyo Zavaleta y se ejecutó el 28 de marzo pasado. En el pedido de la fiscal Zecenarro se pidió allanar también el inmueble de la abogada de Pacheco y se consignó su número celular para que se le levante el secreto de las comunicaciones.

Quiñones comenta que el día de las detenciones preliminares “pretendieron allanar mi inmueble y por error consignaron la del vecino, rompieron al final la puerta de su casa en Carabayllo. El número de celular supuestamente vinculado a mi patrocinado, además, pertenece a la defensa técnica que soy yo. Eso es arbitrario porque yo no estoy imputada en el caso, solo ejerzo la defensa”.

En las últimas semanas, la defensa de Pacheco ha logrado, a través de una queja, que a fines de marzo la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lima le abriera un proceso de investigación a la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, quien conduce el caso de presunto blanqueo de dinero contra Bruno Pacheco y otros coinvestigados, además de dirigir la colaboración eficaz de la empresaria Karelim López Arredondo, como ha documentado este diario.

Pacheco en la clandestinidad

El último martes, el juez Manuel Chuyo le dictó 36 meses de prisión preventiva a Bruno Pacheco y a otras seis personas más, entre funcionarios de Provías Descentralizado, empresarios y los sobrinos del presidente Pedro Castillo Terrones.

No obstante, tanto Pacheco como Fray Vásque y Gian Marco Castillo, continúan prófugos de la justicia desde que se ejecutó la detención preliminar el 28 de marzo pasado. Por otra parte, uno de los abogados de Pacheco, William Paco Castillo, sostuvo recientemente que aquel era “un perseguido polítco” y no se entregará a las autoridades.

Bruno Pacheco cuenta con una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra. Foto: difusión

Según la investigación fiscal, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Marco Castillo coordinaban luego con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme a la fiscal Zecenarro.

La investigación se abrió luego de conocer denuncias acerca de la adjudicación irregular del proyecto de S/232 millones a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex.

El caso, que ahora está en etapa preparatoria, investiga los siguientes delitos: colusión agravada, tráfico de influencias, organización criminal, falsa declaración y falsificación de documentos.