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Política

Karelim López hace graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo

Colaboración por verificar. La declaración de la aspirante a colaboradora eficaz señala la existencia de una organización ilícita infiltrada en Palacio de Gobierno y ministerios. La Fiscalía deberá realizar la verificación de los hechos relatados por la empresaria y lobista del MTC.

El presidente Pedro Castillo señaló que las declaraciones de Karelim López buscan justificar un golpe de Estado parlamentario para evitar que continúe en el Gobierno. Foto: composición LR
César Romero

La empresaria Karelim López Arredondo se acogió a la colaboración eficaz ante las fiscalías de lavado de activos. Aún no es claro qué la llevó a cambiar su declaración de inocencia por culpabilidad. Según trascendió, en uno de los allanamientos le habrían encontrado un agenda con nombres y presuntos apuntes de pagos de dinero.

Así, ante la posibilidad de ir a prisión, alrededor del 18 de febrero se presentó en la Fiscalía, acompañada por su abogado César Nakazaki. Allí, ante la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso empezó a hablar sin pausa. De todo y de todos. Su declaración supuestamente reservada, como ya es usual, trascendió minutos después de que terminó de firmar su declaración y retirarse de la Fiscalía.

La declaración ha trascendido bajo la identidad clave nº 001-2022-2°-FISLAA. Lo que el colaborador relata todavía no ha sido verificado y debe tomarse como una versión de parte. No es una sentencia condenatoria. Es la declaración de una persona que ha cometido un delito. Una persona que para no ser castigada delata a otros, involucrados en los mismos u otros delitos.

Se supone que lo primero que debe admitir un aspirante a la colaboración eficaz es que ha cometido un delito y contar todo sobre ese ilícito. En la versión que ha trascendido no aparecen los hechos ilícitos que el aspirante a colaborador eficaz nº 001-2022-2°-FISLAA reconoce haber cometido. Fuentes de la Fiscalía indican que aseguró ser operadora de Zamir Villaverde para negociar las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Acusa. Karelim López deberá sustentar las declaraciones que ha dado a la Fiscalía con alguna prueba documental. Foto: difusión

El entorno presidencial

Karelim López Arredondo asegura que durante el tiempo que permaneció en el entorno del presidente Pedro Castillo fue testigo directa de la perpetración de una serie de delitos y de los preparativos y planes para cometer otros tantos, en reuniones que se realizaron en la casa de la cuadra 1 del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, y en Palacio de Gobierno.

Todos esos hechos, asegura, se cometieron por orden expresa y con conocimiento del presidente de la República. López asegura que el presidente Castillo Terrones es líder de una organización criminal que se infiltró en el Gobierno y una serie de ministerios.

El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero de las licitaciones de obras públicas, los nombramientos de los directores del Ministerio de Salud, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat. El dinero recaudado, según el colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral.

“Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.

Además, señala que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.

De acuerdo con su relato, los principales integrantes de la organización serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC Juan Francisco Silva Villegas; y el empresario y especialista de seguridad Zamir Villaverde García.

Igualmente, cinco congresistas de Acción Popular, a los que se describe como ‘Los Niños’, porque supuestamente harían todo lo que el presidente Castillo les dice.

Aunque menciona a cinco parlamentarios, solo menciona directamente a dos: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori Celis, representante por la región Loreto.

La aspirante a colaboradora dice que estos parlamentarios hacen todo lo que el presidente les pide, a cambio de beneficiarse de millonarios contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y un grupo de empresas de inversionistas chinos.

De las empresas chinas menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y Consultor Asociados.

El presidente y Sarratea

La aspirante a colaboradora dice que la casa de Sarratea, que el presidente utilizó en sus primeros días de Gobierno, era su oficina para las reuniones con los empresarios privados, quienes luego de dichas reuniones salían beneficiados.

Allí se reunió con un empresario de tráfico de terrenos cuyo nombre no recuerda, pero que el mismo día se reunió con una funcionaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales para ver la certificación de terrenos”.

“También conoce que Tania Peralta, la hermana del dueño de la casa de Sarratea, ha ganado dos procesos de selección en el Estado en el rubro de salud, por 20 a 18 millones de soles. Asimismo, entre setiembre y octubre hubo una reunión para arreglar los nombramientos de los directores de Salud, donde participaron los sobrinos del presidente y sé que había personas que pagaron 150 mil soles por un puesto”.

Más adelante, López refiere que el presidente Castillo se reunió con una empresaria cuyo nombre es Leslie Janifer Narváez Rodríguez, que ha licitado con el Ministerio de Vivienda, y que un sobrino del presidente maneja sus carros y coordina las licitaciones en ese sector.

También dijo que en setiembre del 2021 escuchó una discusión entre el presidente Castillo y Bruno Pacheco en la que ambos se reclamaban que debían atender un pedido del dueño de la casa de Sarratea sobre un negocio de mercurio y litio. El negocio era poner una empresa y elevar el precio del mercurio y el presidente debía sacar una resolución a favor de los empresarios.

“Tengo conocimiento de que Bruno Pacheco fue a hablar con el jefe de la Sunat para sacar la resolución a favor del mercurio, pero le dijeron que era muy contaminante. Luego, el propio Alejandro Sánchez buscó un contacto directo con el jefe de la Sunat y en diciembre logró pactar que saliera la resolución a cambio de ratificar al jefe de la Sunat”.

También asegura que presenció otra discusión entre Castillo y Pacheco sobre el apoyo a la empresa Deltron, los WhatsApp sobre el martillero de la Sunat, el dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva.

El 9 de noviembre del 2021 también se produjo una discusión entre el presidente y su exsecretario de la presidencia donde se hicieron reclamos mutuos. Pacheco se quejó de que un director le reclamó que había pagado 150 mil soles para que le den el puesto en el Ministerio de Vivienda y no habrían cumplido con ello.

Allanamiento. La Fiscalía podría realizar nuevos allanamientos en las siguientes horas. Foto: Antonio Melgarejo/La República

En el MTC

El colaborador clave nº 001-2022-2°-FISLAA asegura que el presidente de la República integraría una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la participación del ministro Juan Silva y el empresario y especialista en seguridad Samir Villaverde.

Igualmente, los sobrinos Gian Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y cinco congresistas de Acción Popular, de los que identifica a los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo de Ica, el médico Juan Mori Celis de Loreto y un tercero que tendría entre sus asesores a Yonhy Lescano.

Agregó que el presidente se refiere a los congresistas de AP como ‘Los Niños’, pues ellos hacen todo lo que él les dice. Este grupo que opera en el MTC habría obtenido contratos por 463 millones de soles, a través de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, cuyo verdadero dueño sería Alejandro Felipe Aguilar Quispe.

Además, otras empresas relacionadas con inversionistas chinos, entre las que menciona a Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú) y Grupo Constructor y Consultor Asociados SAC.

El colaborador anotó que Zamir Villaverde organizó las operaciones en el MTC recomendando a los altos funcionarios de esa entidad, como el director de Provías Descentralizado.

Al respecto, López entregó una lista de siete obras de infraestructura que había sacado de la computadora de Bruno Pacheco, las que habrían negociado en los primeros meses del Gobierno y que se habrían adjudicado entre fines de agosto, setiembre y octubre, por unos 223 millones de soles.

Karelim López le reclamó a Bruno Pacheco por lo que sucedía en el MTC. Pacheco le respondió que eso estaba mal, porque eso lo manejaba el ministro Juan Silva y los sobrinos Castillo y Zamir, y no me permiten nada porque eso lo decide Pedro Castillo”, transcribió la Fiscalía.

“Yo en ese tema no puedo decir nada, ante lo cual Karelim le dice ‘oye pero se están dirigiendo a muchos empresarios para ofrecer las obras’. Ante lo cual Bruno Pacheco le dice que no se preocupe, que no se meta, que esos temas son de mafias”.

Luego de que tuvo que dejar la secretaría general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco le habría dicho al colaborador “hay que estar preparados, porque no me voy a perjudicar solo, si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”.

Siguiendo con su relato, Karelim le dijo a la Fiscalía, que en esas circunstancias Pacheco le confirmó que la campaña electoral a la presidencia fue financiada por la organización ‘Los Dinámicos del Centro’, que eran la caja del partido.

Investigación. Fiscalía deberá investigar toda la declaración. Foto: Félix Contreras/La República

Otros hechos

La colaboradora también menciona al premier y exministro de Justicia, Aníbal Torres. Asegura que Torres le ofreció a Pacheco sacarlo del país y lograr que le concedan asilo político.

Sobre el exministro de Defensa Walter Ayala, el colaborador asegura que recomendó la salida de Bruno Pacheco por los chats con el jefe de la Sunat. El 20 y 23 de noviembre, el ministro Ayala se reunió con el sobrino del presidente, Rousbelt Oblitas, y Bruno Pacheco, en un edificio ubicado en el distrito de Miraflores, con la finalidad de definir los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Igualmente, el colaborador refiere que el 28 de noviembre participó en una reunión con Rousbelt Oblitas y un primo del fiscal Omar Tello en un restaurante en Lince cerca de la conocida cadena de comidas Siete Sopas. En esa reunión, el primo del fiscal les dijo que no se preocuparan porque había hablado con Omar Tello y que todo estaba “bajo control”.

Igualmente, cuenta que en dicha reunión Pacheco y Oblitas le dijeron que el presidente Castillo se iba a reunir con la “number one” de la Fiscalía, en referencia a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Ha brindado declaraciones sin sustento probatorio”

El presidente Pedro Castillo respondió que Karelim López ofrece una declaración que no cuenta con sustento jurídico ni coherencia con la verdad. “Circula en la prensa monopólica una serie de especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la democracia. Los mismos que conspiraron contra los anteriores mandatarios quieren hacerlo ahora contra el Gobierno del pueblo”, señaló en su cuenta de Twitter.

Anotó que las declaraciones de López son “maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país”, ante lo cual hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante cualquier intento de desestabilizar el país y dar un golpe de Estado.

Por su parte, su abogado Eduardo Pachas dijo: “El presidente de la República no está involucrado en ningún acto de corrupción, lo que se ha mencionado es completamente falso y alejado de la verdad. Esto obedece a un plan vacador, cuyo primer objetivo se dio la semana pasada”.

Además, Pachas cuestionó que la Fiscalía haya filtrado la declaración de colaboración sin una mínima corroboración, lo que la desvaloriza como prueba.

El presidente Pedro Castillo señaló que las declaraciones de Karelim López buscan justificar un golpe de Estado parlamentario para evitar que continúe en el Gobierno. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Presidente en cuidados intensivos

Ernesto de la Jara, abogado y profesor PUCP

El presidente Castillo habría ingresado a la unidad de cuidados intensivos si es verdad que Karelim López se ha acogido a la colaboración eficaz, a partir de información sobre una organización criminal liderada por él. Y solo entran allí los que tienen pronóstico reservado, aunque también se puede salir vivo.

¿Este proceso de colaboración puede precipitar una vacancia por incapacidad moral? Constitucionalmente no, porque –igual que con Vizcarra– recién se está comenzando y no sería el primer intento de colaboración que termina en nada.

Solo si se hubiese concluido exitosamente el proceso de colaboración, mediante un acuerdo firmado con el fiscal y aprobado por el juez, se abriría la posibilidad de una acusación constitucional, en la que lo dicho por K. López sería la prueba fundamental, al provenir de una sentencia judicial.

Ahora, es objetivo que la sola aceptación de la Fiscalía de la solicitud de K. López –la podría rechazar– incrementará las fuertes sospechas de actos de corrupción que ya habían contra el presidente (licitaciones y nombramientos irregulares) y el pedido de su renuncia (que ya supera el 50 %). Una cosa es defender el resultado electoral y rechazar los inventos de fraude, los pedidos de golpe, los intentos inconstitucionales de vacancia, el terruqueo y el cargamontón, pero otra cosa es la complicidad con la corrupción.

La noticia es una razón más para que se deje de lado el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, producto nuevamente de una alianza de casi todas las organizaciones políticas del Congreso –Perú Libre y Fuerza Popular ente ellas–, las que tienen a sus principales líderes investigados por graves delitos, en las que existen los malditos (benditos) colaboradores. Un dictamen encaminado a debilitar una figura poco estética pero muy rendidora (premios para la delación comprobada).