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Dictamen que garantiza idoneidad en nombramientos evitaría casos como el de Salaverry, según expertos

Especialista señalaron que la disposición brindaría mecanismos para designar funcionarios idóneos en puestos públicos. Su aprobación se da cuando el Ejecutivo es cuestionado por nombramiento de Salaverry en Perupetro.

Dictamen garantizaría el cumplimiento de las disposiciones que están dispersas en distintas leyes que corresponden a la función pública, aseguran especialistas. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Dictamen garantizaría el cumplimiento de las disposiciones que están dispersas en distintas leyes que corresponden a la función pública, aseguran especialistas. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Mayu Herencia

El jueves 13 de enero, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio de los proyectos de ley 149 y 187, que pretende establecer requisitos mínimos y legales para garantizar la idoneidad en los nombramientos de funcionarios y personal de confianza dentro del Ejecutivo.

La admisión del referido documento se dio en un momento en el que el Gobierno es criticado por la designación del excongresista Daniel Salaverry como presidente de la empresa estatal Perupetro pese a no contar con experiencia técnica en el sector hidrocarburos.

De promulgarse el dictamen impulsado por las comisiones de Constitución y Descentralización del Congreso y por la Contraloría General de la República, se determinarían medidas, como también impedimentos, que filtrarían la entrada de profesionales sin preparación específica o que tengan condenas judiciales o administrativas en su haber.

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Al respecto, el constitucionalista Óscar Urviola destacó la aprobación del texto sustitutorio. Desde su punto de vista, con la proclamación del dictamen, si no es observado por el Ejecutivo, se garantizaría el cumplimiento de las disposiciones que están dispersas en distintas leyes que corresponden a la función pública.

En ese sentido, expresó que se instauraría un orden en los requerimientos para designar profesionales en puestos públicos y, de esa manera, tratar de revertir el problema que existe en las instituciones públicas, que tratan de modificar los requisitos de un cargo en función de las circunstancias de una persona.

“Esta ley me parece que apunta hacia un objetivo que es necesario, en un marco en el que lamentablemente no se ha cumplido con exigencias adecuadas para puestos tan importantes. Es por eso que se ha visto tantos casos de corrupción o de ineptitud en la toma de decisiones, que también es otra forma de defraudar al Estado”, dijo Urviola Hani en diálogo con La República.

Asimismo, el constitucionalista aclaró que los cargos de confianza no eximen la idoneidad del profesional en el puesto. En tal sentido, sostuvo que, si bien estos son de carácter subjetivo, no pueden estar por encima de los requisitos que exigiría la futura ley. “Podríamos decir que la confianza es un adicional. Lo importante es la idoneidad”, mencionó.

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Del mismo modo, Vlado Castañeda, experto en política y gestión pública, resaltó la admisión del texto sustitutorio y coincidió en que el dictamen sistematiza las distintas leyes y manuales para la función pública. Al respecto, mencionó que con su promulgación se brindaría un respaldo técnico para los encargados que tienen que designar a nuevos funcionarios públicos o a personal de confianza.

“¿Qué hace este dictamen? Recoge puntos que están en varias normas y los pone sistemáticamente en una sola. (Entonces), le da un respaldo para que, quien tenga que tomar una decisión, lo haga sabiendo esas condiciones de desarrollo que se tiene. Esa es la lectura que tengo”, comentó Castañeda Gonzales a La República.

Por otro lado, el especialista remarcó que, si bien el dictamen no es perfecto, la iniciativa es de parámetro general, lo cual permitirá a las entidades públicas que puedan definir sus requisitos de acuerdo al grado especialización que requiere un cargo público. No obstante, recalcó que el objeto de la autógrafa es garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos, mas no si tienen la capacidad para gestionar.

“Lo que me preocupa es que al sacar esta norma la gente piense que porque entrarán a la función públicas personas que cumplen todos esos criterios solucionarán la gestión pública. No es suficiente. Ahí va a estar la decisión del político para llamar a los que, cumpliendo esa norma, podrían ejercer una mejor labor dentro de la acción del Estado”, advirtió.

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Daniel Salaverry no sería funcionario público idóneo para presidir Perupetro

Como se informó, la aprobación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 149 y 184 se da cuando el Gobierno de Pedro Castillo es cuestionado por el nombramiento del excongresista Daniel Salaverry en la presidencia de Perupetro. Sobre las críticas, el excandidato presidencial por Somos Perú se pronunció en Twitter manifestando que “cuenta con más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública”.

Consultado por La República sobre si, en efecto, el exvocero de Fuerza Popular es idóneo para presidir Perupetro, el especialista Vlado Castañeda respondió que no cumpliría con ciertos requisitos para asumir a la empresa estatal. Explicó que la idoneidad debe estar libre de problemas …ya sean de índole político, legales, personales y públicos— que distraigan al profesional durante su gestión en el cargo.

Otro punto que consideró importante es si cumple con el perfil del puesto y si tiene capacidad para la gestión política, estratégica u operativa. “Yo me imagino que Daniel Salaverry quiere hacer su mejor labor, pero todo lo que está pasando en su entorno lo está distrayendo y el funcionamiento de esa institución (permanece) paralizada”, mencionó.

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Óscar Urviola también concordó con Castañeda. Al respecto, opinó que Daniel Salaverry no tendría las capacidades para asumir Perupetro. Expresó que, si bien el excandidato presidencial tiene experiencia en el sector público, la empresa estatal es una entidad sumamente especializada en el rubro de hidrocarburos. “Creo que eso no lo conoce el señor Salaverry”, estimó.

Por otro lado, el constitucionalista mencionó que con la promulgación del dictamen se evitarían nombramientos como los de Salaverry, que —a criterio del letrado— evidencian que la designaciones públicas del Ejecutivo se manejan sin tener en cuenta las condiciones de idoneidad de los servidores públicos.

“Más bien, es una buena reacción del Congreso, pues estamos viendo que desde el 28 de julio se está cometiendo, estas cosas, rellenando puestos con gente que no tiene las condiciones de idoneidad”, puntualizó.