Walter Albán: “Pareciera que Walter Gutiérrez está en coro con el Congreso para lanzar acusaciones”

El ex defensor del Pueblo y exministro del Interior Walter Albán respondió sobre los últimos acontecimientos políticos del país, concretamente aquellos referidos con las denuncias que existen sobre el presidente Pedro Castillo. Dijo que sería un “error” y un “atropello” retirar de su cargo al procurador general del Estado, Daniel Soria.

Estamos viendo en estos días pelea entre procuradores y el Ejecutivo. Ya ha pasado antes. ¿Qué piensa al respecto?

Más allá de las personas –tengo el mejor concepto de Daniel Soria, el procurador general–, se ha producido una distorsión en la institución misma de la Procuraduría. Es un poco absurdo que el abogado de la institución sea el que denuncie al titular de esa institución.

¿Sería un error del Gobierno sacar a Soria aunque se demuestre que no cumplía los requisitos?

No solo sería un error, sería ilegal, sería un atropello, porque ahora existe una ley que les da autonomía (a los procuradores), crea la Procuraduría General de la República y se estableció –a mi juicio, de manera equivocada– que la designación era solo por resolución suprema firmada por el ministro de Justicia y el presidente de la República. No está bien que una procuraduría independiente o con relativa independencia dependa de las decisiones del ministro y del jefe del Estado.

¿Sería ilegal a pesar de que se compruebe que no cumplía con los requisitos?

El requisito que establece la norma es haber defendido al Estado y el doctor Soria lo hizo desde la Defensoría del Pueblo. Si se quiere una interpretación estrecha, solo los que han sido procuradores podrían ser procurador general, y eso es un despropósito. Lo que hay, repito, es un problema de diseño original. Entiendo que Soria ha planteado un proyecto para que quien elija al procurador general sea la Junta Nacional de Justicia. Sería mucho mejor.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, confirmó que recibió a Eduardo Pachas, abogado del presidente. ¿Le parece correcto que se haya producido esta reunión?

Es penosa la conducta que ha observado el ministro de Justicia en este campo. Podría admitir que reciba al abogado del presidente, como podría recibir a otras personas, pero que como consecuencia de esa entrevista salga a hacer lo mismo que hace el abogado, ya me parece muy grave, antiético. Eso lo desdibuja de la imagen que algunos teníamos de él, que era uno de los sensatos en un gobierno con tantos altibajos.

¿Es correcto suspender la investigación a Castillo, más allá de que se continúe con la recopilación de información?

No comparto la decisión de la fiscal Zoraida Ávalos. El Ministerio Público ha dilatado asumir cabalmente sus funciones. Los fiscales anteriores se negaron a investigar –no digamos a procesar– a los presidentes. El cambio se produjo con Ávalos el 2020, cuando abrió investigación a Martín Vizcarra, pero también la suspendió. Había dado un paso, aunque no suficiente. Si bien la Constitución establece que al presidente no se le puede acusar en su mandato, no impide su investigación. Las pruebas no están allí esperando para buscarlas en cinco años. Si se llegara a conclusiones que ameriten una acusación, se podría esperar a que termine su periodo. Un blindaje de esta naturaleza ha dado lugar a las interpretaciones antojadizas y distorsionadas en el Congreso de vacar si hay votos.

El debate de la vacancia se sustenta sobre si hay votos o no. El argumento se acomoda.

Claro, entonces, se da un absurdo: de un lado, la interpretación es rígida en el sentido de que a un presidente no se le puede tocar ni con el pétalo de una investigación y por el otro en el Congreso se lo pueden bajar si reúnen los 87 votos.

¿Un presidente investigado no sería dañino para la gobernabilidad?

Políticamente, el presidente Castillo está ya en su peor momento. No se requiere una investigación para que todo el país esté a la expectativa de que aclare lo que tiene que aclarar. Mantenerse bajo esta protección exagerada no lo va a ayudar. Políticamente le va a generar más rechazo y sospecha.

Usted fue Defensor del Pueblo. ¿El Congreso no se está demorando en designar al sucesor de Walter Gutiérrez?

Quienes han controlado a los sucesivos Congresos han visto en la Defensoría del Pueblo la posibilidad de contar con un aliado. No buscan al mejor ni a la mejor. El Parlamento debería estar ya buscando un candidato, aunque no tengo la mejor expectativa en tanto quieran seguir haciendo el mismo manejo de antes, una suerte de reparto.

¿Qué le ha parecido la actuación de Gutiérrez? Se cuestiona su perfil más político.

Yo ya estoy alejado desde la Defensoría desde el 2006, ha corrido mucha agua bajo el puente, y mi impresión es que Walter Gutiérrez no ha cumplido un rol que me hubiera satisfecho en una institución por la que muchos apostamos. Desde su origen, la elección de Gutiérrez no fue dentro del clima que podríamos imaginar. Era un Congreso de la mayoría apabullante del fujimorismo con sus aliados del APRA. El concurso fue un cuento. Hubo candidatos tan calificados como Samuel Abad y ni lo quisieron escuchar antes de ir a una votación.

Para entenderlo, ¿qué no le ha gustado de Gutiérrez?

Últimamente, pareciera que Walter Gutiérrez está un poco en coro con el Congreso para lanzar acusaciones u opiniones. Dejé de tener confianza en su gestión cuando, a propósito de la elección de la Junta Nacional de Justicia, donde el Congreso le dio la presidencia de la comisión especial, tuvo errores garrafales. Se alió con el que era presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, para tratar de manipular el concurso y colocar como diera lugar a un candidato como Falconí, que no reunía las condiciones. Esa no es una conducta que se espera de un defensor del Pueblo.