Se desborda la provisionalidad en el Poder Judicial y la Fiscalía

Situación crítica. Más del 50% de los magistrados son provisionales o supernumerarios. En el Poder Judicial, solo el 43,56% de los jueces y juezas realizan su trabajo como titulares. En la Fiscalía, la titularidad es de apenas el 37,84%.

Los jueces, juezas y fiscales no tienen estabilidad en sus respectivos despachos, por lo que su permanencia dependerá de sus jefes inmediatos. Foto: La República
Los jueces, juezas y fiscales no tienen estabilidad en sus respectivos despachos, por lo que su permanencia dependerá de sus jefes inmediatos. Foto: La República
César Romero

La titularidad de los magistrados, jueces y fiscales, a nivel nacional, está en declive en todas las instancias, tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Público. La situación se puede agravar antes de solucionarse en el corto plazo.

Información obtenida por La República en el Poder Judicial y el Ministerio Público da cuenta de que los magistrados provisionales y supernumerarios ya son mayoría. Esto supone que jueces, juezas y fiscales no tienen estabilidad en los despachos que ocupan y su permanencia dependerá de sus jefes inmediatos.

Esta situación ya es crítica en las instancias supremas. La falta de titulares no permite la actuación de la Junta de Fiscales Supremos, donde actualmente apenas hay dos fiscales supremos titulares: la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el fiscal supremo Pablo Sánchez. Otros siete despachos de fiscalías supremas están ocupados por fiscales supremos provisionales.

En el Poder Judicial quedan 10 jueces supremos titulares, de los cuales solo cinco están administrando justicia y cinco permanecen en cargos administrativos: la presidenta del Poder Judicial, la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, dos en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y otro en la presidencia del JNE.

Esto supone que la mayoría de los magistrados, 39 en total, que resuelven los procesos judiciales en la más alta instancia judicial del país, tienen la condición de provisional.

Zoraida Ávalos es fiscal de la Nación. Foto: difusión

Poder Judicial

A nivel nacional hay 3.496 jueces y juezas, de los cuales solo 1.523 (43,56%) son titulares. El resto, 682 (19,51%), son provisionales y 1.291 (36.93%) son supernumerarios. A nivel global, la situación pareciera estar pareja, si tenemos en cuenta que los provisionales son titulares en un cargo inmediato inferior.

Pero cuando esta cifra se observa por especialidad es que aparece la realidad. Así en la Corte Suprema, de 49 despachos de jueces supremos, solo el 20,40 está a cargo de jueces supremos titulares.

A nivel de jueces y juezas superiores, todavía hay una mayoría de titulares, el 56,90%. Sin embargo, la situación empieza a ser más crítica entre los jueces especializados y los jueces de paz letrados, que son la base del sistema de justicia.

La situación empieza a verse más grave en las instancias inferiores. El 15,67% (315) de jueces especializados son provisionales, más de 40,60% (816) son supernumerarios, superando ambos al 43,73% de titulares.

Entre los jueces de paz letrados, la titularidad es apenas de 27,59%, es decir, solo 173 titulares frente a los 454 supernumerarios, el 72,41% que son designados por los presidentes de cada Corte Superior de Justicia.

Ministerio Público

En el Ministerio Público, de un total de 7.690 fiscales a nivel nacional, solo el 37,84 de los encargados de perseguir el delito y defender la legalidad en el país son titulares, mientras que la gran mayoría son provisionales.

En el Poder Judicial, un provisional es aquel juez que es titular en el cargo inferior, pero en la Fiscalía es un abogado contratado, más parecido al juez supernumerario. Ninguno de los dos tiene estabilidad en el cargo y pueden ser removidos en cualquier momento.

La provisionalidad en el Ministerio Público ha crecido por la creación de nuevos despachos fiscales para atender casos especiales y por la implementación en Lima del nuevo Código Procesal Penal.

Además, desde el 2018, con la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura no se han realizado nuevos concursos públicos de selección y nombramiento de titulares.

Mayoría de fiscales encargados de defender el delito son provisionales. Foto: Andina

La situación podría agravarse

El nombramiento de jueces titulares está a cargo de la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura.

La Junta está hoy abocada a realizar una limpieza en el sistema de justicia, con la revisión de los nombramientos realizados desde el 2015 y los procesos disciplinarios de casos habituales de corrupción y de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto” para evitar que los procesos prescriban.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del PJ, Elvia Barrios, le han pedido a la Junta que realice concursos de selección y nombramientos en las instancias supremas.

Se necesita presupuesto para más titulares

Enfoque por Cruz Silva del Carpio, abogada-IDL

La titularidad es una de varias condiciones para garantizar que un juez, jueza o fiscal es idóneo e independiente. Es una garantía formal: si eres titular tienes más seguridad de inamovilidad y se puede ejercer la función sin temor a represalias.

Por eso urge que la provisionalidad sea una excepción y no la regla. Un abuso perverso de la provisionalidad derivó en el control que la dictadura de Fujimori tuvo sobre magistrados.

Esto no quiere decir que un provisional, por serlo, sea ya corrupto o no idóneo. Hay muchos titulares destituidos por corruptos, y hay muchos fiscales provisionales o jueces supernumerarios que conocen el sistema (son o han sido trabajadores de despacho) y trabajan con compromiso.

Sobre las soluciones: presupuesto para más titulares y, mientras, fiscalizar que sus nombramientos no sean parte de un patrón de creación de fidelidades corruptas, promover que la ciudadanía fiscalice eso y el desempeño (autocontroles estatales no son suficientes), y, al menos cada tres meses, mostrar públicamente los avances en la reducción de la provisionalidad, pero, sobre todo, la creación de controles estatales y ciudadanos para prever las diversas situaciones de violación a la independencia de jueces y fiscales, que es lo que finalmente la titularidad pretende aportar.

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