Congreso: los motivos por los que se desactivó la Comisión Especial del TC

Tras el golpe de Estado contra Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre, las bancadas del Frente Amplio, Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso decidieron retirar a sus representantes de la Comisión Especial que seleccionaría a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

Estas cuatro agrupaciones buscaban la desactivación de esta comisión presidida por el congresista Rolando Ruíz, de Acción Popular, bancada que, en un primer momento, emitió un comunicado anunciando la paralización del proceso de selección de los próximos tribunos. Todo esto, en medio de la crisis política que vivió el país por la toma de mando de Manuel Merino en su régimen de facto, más los asesinatos y violencia evidenciada en las marchas.

Al comienzo, la desactivación se dio debido a que el cronograma aprobado ya tenía los plazos vencidos, pues al estar paralizado no se habían cumplido las fechas establecidas por el cuestionado grupo de trabajo.

No obstante, Acción Popular no detuvo el concurso. Por el contrario, internamente, la comisión especial continuó con el proceso a pesar de las muestras de irregularidades en el concurso para elegir a los miembros del TC.

Ahora, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó convocar a un Pleno especial para este martes con el fin de retomar el proceso del concurso público.

Modificación de resultados de candidatos excluidos

El equipo técnico de la Comisión Especial del Congreso decidió excluir a cuatro candidatos que originalmente sí figuraban en los resultados de la revisión de carpetas como aptos para integrar la lista de los 30 postulantes que se mantienen en carrera, y en su lugar colocar a dos que habían sido reprobados.

Uno de los afectados fue el jurista César Delgado Guembes, a quien se le decidió excluir del proceso debido a que la constancia electrónica que lo acredita como docente de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) no estaba fedateada. No tuvieron en cuesta que este tipo de trámites se han visto restringidos por la emergencia sanitaria.

Otro candidato excluido, y que en los resultados de la revisión figuraba como apto, fue Hugo Ramiro Ambrosio Bejarano, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Tampoco aparecen María Virginia Alcalde Pineda y José Luis Linares Tipto, quienes sí habían pasado el filtro hasta la redacción del primer informe. En su lugar figuraron los nombres de Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, reprobados según el documento por similares enmiendas.

Finalmente, la Comisión Especial determinó que de los 65 que se presentaron, un total de 35 quedaron excluidos por presunto incumplimiento en la presentación de requisitos formales.

Falta de rigurosidad en la revisión de expedientes

Anteriormente, la lista de 30 candidatos seleccionados para integrar el máximo órgano constitucional también presentó serios cuestionamientos.

Luego de que los congresistas ya habían sesionado y acordado el descarte de los candidatos, Rolando Ruiz pidió información a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) sobre los títulos de los 65 postulantes que quedaron para el concurso.

Después de una revisión del equipo técnico, ahora sí con la documentación en regla, se reportó que de manera inexacta seis postulantes al TC no tenían el título profesional inscrito ante la Sunedu.

Por ejemplo, Lester Perea Chota fue apartado porque supuestamente no había inscrito su título profesional ante la Sunedu. Sin embargo, La República realizó la verificación en el portal del ente rector educativo y sí aparece no solo el título, sino también un grado de maestría del candidato.

Similar suerte corrieron los postulantes Ramiro Eduardo de Valdivia Cano y Hernán González Paucarhuanca.

Diversos cambios en el reglamento

El 15 de octubre pasado, el Pleno del Congreso aprobó el reglamento para el concurso público con el que se elegirían a los nuevos miembros del TC.

La votación a favor del reglamento culminó pasadas las 11.30 p. m. y tuvo el respaldo de manera unánime de las bancadas de APP, Somos Perú, Unión Por el Perú, Frepap, Podemos Perú y Fuerza Popular.

Cabe mencionar que previa a su aprobación hubo varias modificaciones. Una de ellas fue la ampliación del plazo para que la Contraloría General de la República pudiera revisar los documentos presentados por los postulantes: pasó de ocho a 15 días. Estos informes son las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas.

Este pedido fue hecho por la misma entidad fiscalizadora y no fue agregado a tiempo en el reglamento. Recién con el pedido de diferentes legisladores, el texto fue modificado.

Otro de los puntos cuestionados en el reglamento de la Comisión Especial fue la tabla de puntajes en la entrevista personal, la cual recibió críticas realizadas por diversas entidades.

Especialistas precisaron que en la categoría de “solvencia e idoneidad moral”, se establecía que un candidato podía ser apto al obtener solo 2 puntos de 12, lo que no garantiza que cuente realmente con este requisito.

Por otro lado, uno de los artículos señalaba que se publicarían los resultados de la evaluación curricular de los postulantes, mas no de cada puntaje que le haya puesto cada congresista.

Instituciones advirtieron irregularidades en el proceso

La exclusión de 35 candidatos y las irregularidades en el proceso evidenciaron que no había garantías de que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional fuera legítima.

Por tal motivo, diversas organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse sobre los errores cometidos por la Comisión Especial a cargo del concurso de méritos para el nuevo TC.

Entre estos grupos destacaron la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos.

En tanto, la Comisión Especial continúo con sus intenciones de renovar el TC a toda costa, a pesar de las ineficiencias.

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