El Informante: Recarga de evidencias, por Ricardo Uceda

Mañana miércoles se verá en audiencia judicial el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche para que Martín Vizcarra permanezca detenido mientras termina de investigarlo por recibir sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, en 2013. El requerimiento es por dieciocho meses. La jueza que lo resolverá, María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Nacional Preparatoria Permanente, ya le dictó impedimento de salida del país hasta mayo del 2022. Pero ahora el fiscal arguye que en libertad Vizcarra puede pedir asilo o realizar otras acciones de obstrucción a la justicia.

El expresidente ha respondido que sufre persecución política por parte de Juárez Atoche. Indica que en octubre pasado el magistrado filtró declaraciones de testigos protegidos a la prensa para propiciar su vacancia. Y ahora –añade– pide su detención para afectar su candidatura al Congreso. Pese a su descrédito, Vizcarra tiene, por el momento, suficiente caudal electoral para que el partido Somos Perú conserve su inscripción y logre algunos parlamentarios. Él mismo no podría ejercer representación. En el camino es previsible que el Congreso lo inhabilitará para cualquier función pública.

Mayores evidencias

Aunque un encarcelamiento de Vizcarra puede tener mucho impacto, más importante es advertir si existen nuevas evidencias desde que representantes de dos empresas –Obrainsa e ICCGSA– declararon a un fiscal haberlo sobornado. Dijeron haber pagado 2.3 millones de soles para ganar la licitación de dos obras públicas en Moquegua. Luego confirmó pagos el ejecutivo de una tercera compañía asociada. También un intermediario, exministro del gobierno de PPK. Buena parte de lo cual, en noviembre del 2020, fue insumo para que el Congreso vacara a Vizcarra. Ahora, cinco meses después, ¿cuán sólido está el caso en el Ministerio Público?

Previamente habría que recordar que los detalles de las confesiones delatoras, publicados inicialmente por El Comercio, no convencieron a una larga lista de adeptos del entonces presidente. Ellos hicieron ejercicios para determinar cuánto del billetaje referido por los denunciantes podía entrar en un sobre de manila. No cabía, pensaban. Desconfiaron de empresarios delatores que muchos años después recién se acordaban de que le pagaron a Vizcarra. ¿Por qué no lo dijeron antes? Además, comentaron –uno de ellos Francisco Sagasti– que todos pueden ser víctimas de fake news.

Peligros procesales

Lo que el fiscal Juárez Atoche presenta ahora a la jueza Álvarez son comunicaciones telefónicas entre Vizcarra y todos aquellos quienes declararon haberle pagado o conocido del soborno. Bien mirados, resultan indicios contundentes. Ocurre lo mismo con los documentos de provisión de las cantidades de dinero pactadas para cada fecha. Todos no pueden haber mentido de una manera tan exacta.

Las nuevas evidencias son, pues, lo más relevante de esta coyuntura, más allá de que la jueza acepte la medida cautelar solicitada. El fiscal desea detener a Vizcarra ante la posibilidad de que pida asilo en Bolivia, habida cuenta de sus buenas relaciones con el actual mandatario de ese país, Luis Arce, a quien invitó a Moquegua en 2013, en un viaje pagado por Obrainsa. Otra línea argumental es que en 2020, cuando el escándalo de los contratos irregulares de Richard Swing, Vizcarra intentó orientar a su favor el testimonio de su secretaria Karem Roca, conforme dicen los audios de conversaciones entre ambos.

Lo que no dijo

Un colaborador eficaz comunicó un hecho agravante, que figura en el requerimiento de Juárez: Richard Swing fue coimeado para guardar silencio. Se entiende que fue por orden del presidente. El documento no entra en detalles pero el dato termina siendo un elemento explosivo que repercute en la actual administración de Sagasti. El periodista Carlos Paredes ya ha publicado que fue de la DIGIMIN, el órgano de inteligencia del Ministerio del Interior, de donde salieron los fondos para pagarle a Swing durante el período de Vizcarra. Si fuera así, los responsables siguen en funciones.

El fiscal Juárez no ha incluido en su requerimiento una afirmación de Karem Roca en los audios del caso Swing (reiterada en una reciente entrevista con Rosana Cueva) en el sentido de que Martín Vizcarra se ufanaba de sus buenas relaciones con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Tampoco figura la evidencia de que Vizcarra se reunió con fiscales del caso de Los Cuellos Blancos.

Bien vacado

Mientras transcurrían los cinco meses de trabajo del fiscal Juárez Atoche, se conocieron otros supuestos delitos de Vizcarra, cometidos durante su gestión como presidente. Nuevas investigaciones se añadirán a las de las obras en Moquegua y las prebendas a Richard Swing. En la compra de vacunas chinas se presume dolo, aunque la amable fiscal de la Nación le abrió investigación solo por aprovechamiento del cargo, debido a que se inmunizó en secreto. Sin embargo, el procurador del Estado, Daniel Soria, considerando el contexto del proceso, ha declarado que pudo haber cometido colusión (ponerse de acuerdo con los chinos) e incluso cohecho en la figura de soborno internacional.

Habrá, en fin, otras investigaciones, y no solo vinculadas a la desastrosa gestión de la pandemia. No sorprenda el próximo descubrimiento de una organización criminal vinculada a funcionarios moqueguanos en el MTC. Cada vez hay más elementos objetivos para pensar que el salvataje personal del expresidente condujo su acción política desde que en 2019 concertó con Fuerza Popular para destituir a PPK y sucederlo en el gobierno. Estuvo bien vacado. Con todas sus deficiencias, el gobierno de Francisco Sagasti no es comparable a la conducción de un inescrupuloso empeñado en protegerse. Y que en el poder tendría muchos más aliados que el actual presidente provisional.

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