Espinosa-Saldaña sobre ONP: “No es cierto que el dinero era suyo y se lo tenían que devolver”

El magistrado se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la norma elaborada por el Congreso que permitía liberar los aportes de la ONP.

Eloy Espinosa-Saldaña votó a favor de declarar inconstitucional la ley que autoriza retiro de aportes a la ONP. Foto: La República
Eloy Espinosa-Saldaña votó a favor de declarar inconstitucional la ley que autoriza retiro de aportes a la ONP. Foto: La República
María Elena Castillo

Entrevista a Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de la PUCP.

-¿Qué implica el fallo del TC sobre la ONP?

Hay que explicar algunas cosas. No es cierto lo que les han dicho a los pensionistas de que hay un dinero que es suyo y que tiene derecho a que se le devuelva. Desde la creación de la ONP en 1994, e incluso desde antes, este tipo de aportes es una contribución, que es como un impuesto, pues ese dinero ya no es de las personas que aportaron, sino del Estado, que lo distribuye en un sistema de reparto, de la forma más solidaria posible. Es parecido a una olla común, para ponerlo en términos más cotidianos y de la época.

No importa que hayas puesto un choclo, un zapallo o la carne, sino que de allí vamos a comer todos. La idea es que sea un fondo de solidaridad. Nos cobran un tributo llamado contribución, y después, cuando cumplimos ciertos requisitos nos lo dan para nuestra vejez o enfermedad o si tenemos parientes que no están en condiciones de mantenerse por sí solos porque son menores de edad, o para que la esposa o esposo no se quede en la indigencia si uno fallece. Eso tiene que quedar claro porque a mucha gente le vienen con el cuento de que es su dinero, y no es así.

-Lo dijeron los congresistas

Pero nosotros, como jueces, tenemos que obrar con la verdad. Además, para que pueda alcanzar para las pensiones, que todos somos conscientes que hay que mejorarlos, el Gobierno está poniendo 11,500 millones de soles. Hay algunas prácticas de la ONP que pueden gustarnos o no, pero lo que acá se estaba discutiendo es si el Congreso, diciendo que esto era plata de los trabajadores, podía dar esa ley sin la autorización o el informe del Gobierno, que según la Constitución es el director de la Hacienda Pública.

La Constitución es muy clara, el artículo 79 dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y, si hay un proyecto que lo requiere, tienen que pedir un informe al Gobierno por una cuestión de competencia, no de jerarquía. Nadie niega que la situación de los jubilados sea difícil, o que el Congreso tenga buenas intenciones, pero en un Estado constitucional yo no puedo hacer lo que quiera por más buena voluntad, sino actuar a través de los caminos correspondientes.

El Ejecutivo les dijo que no a través del MEF.

Exactamente, pero del procurador del Poder Legislativo dijo que no aceptaron la posición del Gobierno porque, como asumían que el dinero era de los pensionistas, hablaron directamente con ellos. Esto no es así. Hace muchos años que estos aportes son contribuciones para que después el Estado te lo devuelva en una lógica de solidaridad.

¿Y los miles de afiliados que no alcanzaron los 20 años para recibir una pensión? ¿El fallo da alguna recomendación?

Hay varias cosas que van a salir en la sentencia, que se publica el lunes, y otras en fundamentos de voto porque si bien por unanimidad declaramos fundada la acción de inconstitucionalidad, hay matices. Hay elementos importantes a tener presente, como crear condiciones para mejorar lo que reciben los jubilados, recomendar que se tome previsiones frente a aquellos que no han completado los 20 años, o para los casos en que el empleador no pagó.

-¿Por qué no lo incluyeron?

Porque ese no fue el tema de la discusión. Nosotros no podemos meternos a dar directivas en aquello que no ha sido sometido a nuestro debate. Sí podemos dar recomendaciones. En lo que sí hemos coincidido todos es que los bonos de 930 soles que ya se entregaron a los jubilados se dieron mientras la norma era constitucional y ellos lo recibieron de buena fe. No hay forma de quitárselos. Sería una barbaridad.

-¿Y los que no cobraron?

El bono no ha sido declarado inconstitucional porque nuestra sentencia no tiene efecto retroactivo. En ese caso tendría que haber un nivel de precisión sobre cómo va a manejar la ONP sobre los que no cobraron los bonos.

-Es una de las pocas sentencias por unanimidad…

Eso nos da la tranquilidad de que aquí no ha habido favoritismo, ni como insinúa alguna gente, que pudo haber posiciones interesadas. Aquí ha habido un consenso de todos. Si bien el Congreso puede haber tenido buenas intenciones, esto no puede plasmarse de cualquier manera, sino, con ese mismo argumento, todo el mundo hace lo quiera, aunque no esté facultado.

Todos estamos en favor de construir las mejores condiciones para los jubilados de nuestro país, pero si no soy el órgano competente, que sí es el Gobierno, no le puedo decir que mañana suelte dos millones de soles para los jubilados, sobre todo cuando en la ONP se trata de un fondo reparto, solidario, no hay una cuenta a nombre de cada afiliado, como en la AFP.

-No es la primera vez que el TC declara inconstitucional una ley del Congreso, hace poco pasó ocurrió con el CAS. ¿Actúa de forma populista?

Nosotros no hacemos juicio de valor. También hemos declarado demandas inconstitucionales al Gobierno, porque no miramos cuál es la institución, sino qué es lo que dice la Constitución, y si el comportamiento de una entidad al emitir una norma es inconstitucional, lo decimos y punto, y tomamos las previsiones como lo del bono, que se dio cuando la norma todavía era constitucional y la gente cobró de buena fe. Nuestro trabajo no mira al grande o al chico, no hace diferencias ni de sexo, ni de identidad de género. Nuestro trabajo es asegurar el cumplimiento de los parámetros constitucionales. El Congreso tiene responsabilidades muy importantes, nos representa, da leyes, hace acusaciones constitucionales, que sin duda tienen enorme importancia, y aprueba el presupuesto, pero quien la ejecuta es el Ejecutivo y así lo dice la Constitución.

-Ya hay congresistas que anuncian que presentarán otro proyecto de ley, ¿es desacatar a la sentencia?

No juego con expectativas. Si hubiese algún pronunciamiento contra una sentencia nuestra, hay dos alternativas. Una son los mecanismos que tiene el tribunal para proteger sus decisiones, y otra es que, si se incide sobre lo mismo, pero no es exactamente igual, seguramente presentarán una demanda de inconstitucionalidad, y allí nos pronunciaremos. Nuestra idea no es condenar, ni prejuzgar, pero sí advertir los parámetros constitucionales a los cuales todos debemos someternos, desde el presidente de la República hasta cualquier ciudadano, porque si no cumplimos con la Constitución, esto se convierte en la ley del más fuerte o el más vivo.

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