Defensoría: TC debe concluir debate sobre la figura de “incapacidad moral permanente”
Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo “dar señales inmediatas y concretas” a fin de garantizar la separación de poderes.
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La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la destitución de Martín Vizcarra como presidente de la República y la sucesión presidencial a cargo de Manuel Merino (Acción Popular).
“[Manuel Merino] debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del Poder Legislativo”, expresó a través de un comunicado.
Agregó que el flamante mandatario tiene la responsabilidad de designar un gabinete independiente, técnico con experiencia y con capacidad política para conducirse y relacionarse de manera autónoma con el Legislativo.
La institución titulada por Walter Gutiérrez sostuvo que la decisión del Congreso de vacar al jefe de Estado se ha realizado “en base a una interpretación extensiva de la Constitución”. Asimismo, recordó que la figura de “incapacidad moral permanente” forma parte de un “extendido” debate en el Tribunal Constitucional, por tanto, instó a llegar a una pronta conclusión.
“El riesgo detrás del uso inadecuado de esta figura fue advertido en más de una ocasión por nuestra institución. Por ello, su configuración y límites sigue siendo materia de un extendido debate constitucional que debiera ser concluido por el Tribunal Constitucional", destacó.
Seguidamente, la Defensoría aclaró que, tras la notificación y publicación de la vacancia presidencial en el diario El Peruano, "todas las autoridades deben respetar el procedimiento sucesorio previsto en la Constitución”.
Además, alertó que la actual situación “nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado”. “En este punto, conviene recordar que, nuestro país aun se encuentra en una gravísima crisis sanitaria, que no debe ser en absoluto ignorada por nuestras autoridades", añadió.
Asimismo, la Defensoría resaltó que no puede dejarse de lado el proceso electoral en marcha que está prevista a realizarse en abril del 2021. “[Su] desarrollo libre y transparente debe ser garantizado por las nuevas autoridades”, alertó.
La pandemia del coronavirus y sus efectos económicos y sociales también fueron abordados por la Defensoría del Pueblo. “El nuevo gobierno debe minimizar los efectos de una eventual segunda ola, así como tomar todas las medidas para garantizar el acceso a una vacuna segura y eficaz para toda la población”, subrayó.
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