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Política

Zeballos: “En un plazo de siete días se tendrá un marco regulatorio para deshacinar cárceles”

El primer ministro comentó sobre la delegación de facultades por parte del Congreso al Gobierno para que legisle en materia penal, en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Previo a la delegación de facultades, el Ejecutivo envió sin éxito un proyecto de ley al Legislativo para deshacinar las cárceles. Foto: La República
Previo a la delegación de facultades, el Ejecutivo envió sin éxito un proyecto de ley al Legislativo para deshacinar las cárceles. Foto: La República
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El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó este sábado que el Gobierno establecerá, en un plazo promedio de siete días, las medidas para que se efectúe el deshacinamiento de las cárceles y centros juveniles ante el riesgo que existe por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

“En ese plazo se dará el marco regulatorio para atender una situación de excepcionalidad”, declaró el primer ministro a la Red de Comunicación Regional.

Según precisó, ese lapso fue el que planteó en el proyecto de ley que envió al Congreso de la República para que se delegue facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria, solicitud que fue aprobada por el Pleno del Parlamento la madrugada de este sábado 23.

Asimismo, señaló que la finalidad de las facultades otorgadas es regular la situación jurídica de los internos, tanto de quienes tienen sentencias como los procesados.

Para exponer el pedido del Ejecutivo, Zeballos Salinas acudió hasta el Palacio Legislativo, donde participó en la última sesión plenaria de la representación nacional. Fue acompañado del titular del Ministerio de Justicia, Fernando Castañeda.

La aprobación del requerimiento se dio gracias a los 92 votos a favor frente a lo 5 en contra y 32 abstenciones. No obstante, el Pleno también decidió exonerar de segunda votación este pedido.

De acuerdo a información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en total, las 68 cárceles del país tienen una capacidad para 40.600 reclusos, pero que en realidad albergan actualmente a más de 97.600.

Una semana antes, el Pleno del Congreso rechazó el dictamen de la Comisión de Justicia del Parlamento, que recogía proyectos de ley del Gobierno y del Poder Judicial para deshacinar las cárceles.

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