Luciana León: un mes sin inmunidad, pero aún sin poder ser procesada ni juzgada

Fue el jueves 12 de marzo. Ese día, la excongresista del Apra, Luciana León, vestida de blanco y con el rostro contrito, le dijo a los medios de comunicación una frase promisoria y enigmática: “Mucha gente se va a quedar con la boca abierta”.

León cumplía con asistir a la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso disuelto; sin embargo, en la reunión su presencia casi ni se haría notar. Votaría a favor de un informe y luego, como sus demás colegas, los últimos remanentes del Parlamento desintegrado por el presidente Martín Vizcarra, se iría a su casa, sin pena ni gloria y, mas bien, con pesados cuestionamientos.

Once día atrás, un capítulo más de su historia con la investigación por el caso Los Intocables Ediles se había escrito. En realidad, lo había escrito ella.

Los chats de Luciana León, un reportaje de Cuarto Poder, revelaba una serie de conversaciones de WhatsApp de la ahora exlegisladora, diálogos en los que se evidenciaban coordinaciones con su hermano, Rómulo León Romero, para buscar citas con ministros de Estado, y favores que la entonces aprista le pedía a autoridades policiales e, incluso, hasta a su resguardo personal, como que le hiciera las compras del mercado, por ejemplo.

Las conversaciones de León la comprometían aún más con Los Intocables Ediles, una organización criminal dedicada al cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra, de la que, según la Fiscalía, la exlegisladora sería el brazo político y legal.

El caso, o, mejor dicho, la implicación de Luciana León con el caso, había empezado en octubre del año anterior, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron su departamento.

Las autoridades investigaban al número dos de Los Intocables Ediles, Alexander Peña; sin embargo, habían encontrado comunicaciones de este con Betsy Matos, asesora de Luciana León en el Parlamento.

En el camino descubrieron que las conversaciones entre Matos y Peña apuntaban hacia la ahora exaprista. Y para sumar más elementos a la sospecha, había una cuestión clave: el hecho de que Rómulo León, hermano de la exparlamentaria, trabajaba para Peña.

Trabas en el camino

Pero el proceso en el caso de la excongresista del Apra encontró trabas formales en el camino.

Si bien el Congreso de la República llevaba ya casi un mes disuelto, la ahora exmilitante del partido de Haya de la Torre integraba la Comisión Permanente, y como tal, gozaba aún del beneficio de la inmunidad parlamentaria, una garantía constitucional que, para el gusto de una gran porción de la ciudadanía, la última representación nacional transfiguró hasta convertir en “impunidad” parlamentaria.

Aún así, el tema formal se mostraba intrincado, pues la Constitución, además de la inmunidad, contemplaba otra figura específica y especializada, traducida en una facultad propia del Congreso de la República: el antejuicio político.

Al respecto, dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 0006-2003-AI/TC: el antejuicio político es, primero y ante todo, “un privilegio” del que son beneficiarios la mayoría de funcionarios de alta jerarquía del país, entre ellos los congresistas de la República (para mayores precisiones, revisar el artículo 99 de la Constitución).

Además, el colegiado constitucional especifica que este “privilegio” le concede a estos funcionarios, como Luciana León, “el derecho de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la República".

"En el antejuicio sólo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, señala el TC en su sentencia.

En sencillo, todo lo anterior quiere decir que si León participó como miembro de Los Intocables Ediles, cobrando para coordinar citas con autoridades y utilizando sus influencias para beneficiar a los interesados de dicha organización criminal, se consideraría su accionar como un supuesto delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

“Ese es el caso de Luciana León: la inmiscuyen a ella como parte de una organización criminal y la presunta comisión de delitos valiéndose de su cargo como congresista”, explicó a La República, a inicios de marzo, el abogado constitucionalista Luciano López.

En ese sentido, más allá de la inmunidad, León debería afrontar un proceso dentro del mismo Congreso, el cual tendría que revisar las imputaciones, “determinar la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación”, establecer los delitos que habría cometido y, con ello, habilitar al Poder Judicial para que, a través de la Fiscalía de la Nación, se continúe el proceso preparatorio y se llegue luego a un juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia.

Los meses sin Congreso

Por coincidencia, la implicación de Luciana León con Los Intocables Ediles se dio poco después de la disolución del Congreso, que estaba habilitado para permitir que el proceso en su contra prosiguiera sin interrupciones.

Tras concluir las funciones de este poder del Estado, quedó como órgano subsidiario la Comisión Permanente. Sin embargo, este grupo de trabajo legislativo tenía funciones acotadas y específicas: básicamente, revisar los decretos de urgencia que, durante el interregno parlamentario, emitió el Ejecutivo, y después delegarlos a los nuevos congresistas de la República para que continúen con las labores de fiscalización y control político al Gobierno.

Por ese motivo, cesaron también las funciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el órgano competente para instruir el proceso de antejuicio político en el Parlamento.

Sin Subcomisión y con un Congreso disuelto, el proceso contra Luciana León se vio detenido.

O mejor dicho, no pudo —ni puede aún— continuar a una etapa preparatoria, pues el Tribunal Constitucional solo estableció, en el expediente 00013-2009-PI/TC, que el Ministerio Público puede llevar acabo diligencias preliminares contra altos funcionarios.

La promesa de Urresti

Pero entonces llegaron las elecciones extraordinarias del 26 de enero, la ciudadanía acudió a las urnas y, tras unas semanas, el Perú obtuvo resultados oficiales que le indicaron quiénes serían los nuevos 130 integrantes de su representación nacional.

De esa numeroso grupo, el exministro del Interior de Ollanta Humala, Daniel Urresti, obtuvo la mayor votación nacional, y con su característico tono e índice señalador, afirmó un día que su bancada, Podemos Perú, impulsaría el antejuicio de Luciana León.

Fue también en marzo, diez días antes de que la exintegrante del Apra apareciera por última vez en el Palacio Legislativo. El segundo día de ese mes, también desde la sede del Parlamento —adonde había ido por temas administrativos antes de su instalación—, Urresti declaró a los medios y dijo que adelantarían el antejuicio de León, que lo harían “lo más rápido posible” y que su bancada se comprometía a proponerlo.

"Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Y que el antejuicio se haga en los primeros meses, quede sin inmunidad y pueda ser investigada por la Fiscalía, y posteriormente sometida a juicio”, fueron las palabras de Daniel Urresti en dicha ocasión.

Por esos días, el coronavirus era una epidemia que azotaba la región china de Wuhan, y apenas comenzaba a migrar a Europa. Nadie en el país podría haber previsto que la enfermedad que ahora somete a más de 100 países, llegaría al Perú.

Sin embargo, lo hizo, y coincidió con los días proyectados para la instalación del nuevo Congreso.

Aún así, el Parlamento tuvo una sesión solemne aunque privada, en la que los nuevos parlamentarios juraron desde sus escaños el cargo de padres de la patria. Luego, en una jornada maratónica, eligieron a los miembros de la Mesa Directiva, y después, oficialmente, quedó instalada la nueva representación.

Desde ese día, por otro lado, la inmunidad de Luciana León empezó a ir en cuenta regresiva.

COVID-19 y el antejuicio a León

Un mes y unos cuantos día han transcurrido ya desde que el Congreso de la República se instaló. Y si bien al poco de hacerlo, se constituyó la Comisión Permanente, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se ha dicho nada.

La República se puso en contacto con los congresistas Guillermo Aliaga, de Somos Perú, y Luis Valdez, de Podemos Perú, ambos vicepresidentes del Congreso.

En sendas breves comunicaciones, este diario consultó si ya se había planteado la formación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en medio del fárrago que ha traído el coronavirus, trastocando las actividades de la ciudadanía y de las instituciones del Estado.

Valdez indicó que la instalación de este grupo se vería “una vez que terminemos la instalación de las comisiones ordinarias”.

Por su parte, Aliaga señaló que este tema se tiene que ver directamente en la Junta de Portavoces, “que solicita que se vea de manera formal el tema de la conformación en el Consejo Directivo del Congreso”.

“Particularmente, como congresista, me interesa que se vea”, agregó Aliaga.

De momento, el Congreso de la República ha establecido ya mecanismos para trabajar de manera remota en las comisiones ordinarias, de las cuales varias ya se han instalado.

E incluso se planteó la posibilidad de delegar facultades legislativas a la Comisión Permanente, la matriz de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que está ya habilitada para entrar en funciones.

Mientras, la excongresista Luciana León permanece en el país, cumpliendo una orden de impedimento de salida, a la cual se allanó, y, sobre todo, la cuarentena decretada por el Gobierno, que además de inmovilizar a la ciudadanía, al menos de momento, parece que también ha “inmovilizado” el proceso en su contra.