La historia detrás de la homologación de sueldos de los jueces

El reclamo por la homologación del sueldo de los jueces es justo y tiene sustento en la Ley. Pero, habría nacido de la distorsión de la Ley de Presupuesto Público y algunos lobbies en el destituido Congreso.

Para entender lo que sucede hay que retroceder unos 30 años. Leer el pasado para entender el presente, como señalaba hace unos días el fiscal especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez Gómez.

La historia de la homologación de los sueldos de los jueces y fiscales del país tiene su origen en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Para justificar el autogolpe de abril de 1992, Fujimori arremetió contra los jueces acusándolos de corruptos y temerosos.

Sin embargo, consumado el golpe de Estado, y luego de la razzia masiva de jueces y fiscales, buscó atraerlos, mejorando sustancialmente sus ingresos.

Un año después del autogolpe, Fujimori emitió el Decreto Supremo 017-93-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.Allí comienza el reclamo actual, pues Fujimori dio la Ley, pero nunca la cumplió a cabalidad.

Porcentajes

Esa Ley estableció que los jueces del país tienen derecho a "percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía", para lo cual estableció que los sueldos de los magistrados de la Corte Suprema se homologan automáticamente a la de los congresistas de la República".

Además, el ingreso mensual del resto de magistrados quedó homologado automáticamente al de los jueces supremos. Un juez superior ganaría el 90% del total que perciba un vocal supremo; un juez especializado o mixto, el 80%; un juez de paz letrado el 70%.

Igualmente, se les concedió 16 haberes mensuales al año, siendo uno por vacaciones, otro por Navidad, otro por escolaridad y otro por Fiestas Patrias. Además, un bono por antigüedad de 25% de sus ingresos para los jueces supremos que superaran cinco años en el cargo y 25% para los jueces de las otras instancias, que superaran 10 años de servicio.

La norma se replicó para los fiscales del Ministerio Público en los mismos términos y porcentajes. Pero, como dijimos, Fujimori buscaba ganarse a los magistrados, no reivindicar sus derechos y ofreció, pero no cumplió.

Los jueces siempre han reclamado. A mediados de los 90 y en la primera década del siglo XXI, como ahora, esto generó una serie de “huelgas blancas”. Los jueces están prohibidos por Ley de paralizar sus labores, pero sí pueden dejar de atender sus expedientes, declarándose en sesión permanente.

En este momento solo se atienden los casos penales urgentes, es decir, algunos procesos emblemáticos, y con procesados con restricción de libertad. Los que más padecen el problema son los procesos en el ámbito civil y comercial, donde no está en juego la libertad, sino el dinero.

Pero, nadie les hizo caso. Atender el reclamo de los jueces y sus acumulados suponía dedicar un buen porcentaje del presupuesto del país. Recién el 2013, ante una nueva “huelga blanca”, el gobierno de Ollanta Humala buscó una solución a futuro, sincerando el ingreso de los magistrados.

Nuevos montos

Ese año se expidió la Ley 30125 que redujo los porcentajes que había establecido el régimen fujimorista. El sueldo del juez supremo seguía homologado al de los congresistas, en tanto, un juez o fiscal superior, como Rafael Vela Barba, recibiría el 80% en vez del 90%.

Un juez o fiscal especializado, como Richard Concepción Carhuancho, Víctor Zúñiga o José Domingo Pérez, el 62%, en vez del 80%, y un juez de paz letrado, el 40% y no 70%. El aumento se hizo en forma progresiva entre el 2013 y 2015, y todos quedaron satisfechos.

Así fue hasta la Ley de Presupuesto del año 2016, con los fujimoristas buscando nuevas alianzas con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Alguien introdujo un pequeñísimo cambio respecto a los ingresos de los jueces y fiscales supremos.

Ellos forman un pequeño grupo de 26 funcionarios públicos, así que nadie, en el Ejecutivo, protestó. Al menos, no en ese momento. Hoy sí afecta y el gobierno de Martín Vizcarra no sabe cómo salir del apuro.

Esa modificación estableció que los jueces y fiscales supremos ya no recibirían un bono de 25% adicional de su sueldo por antigüedad, al cumplir 5 años en el cargo, sino el equivalente a 3 Unidades del Ingreso del Sector Público, ascendente actualmente a 2,600 soles la unidad.

Para ese momento, un juez supremo recibía un pago mensual de 24 soles, un superior 18,500; un especializado, 14 mil y un paz letrado, 9 mil soles al mes, por todo concepto: sueldo básico, bono jurisdiccional, gastos operativos, bonificación por función jurisdiccional.

Entonces, los jueces y fiscales superiores y especializados empezaron a reclamar que también se les considere en los porcentajes del “aumento” concedido a los jueces supremos. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas les respondieron que el bono por antigüedad no forma parte del ingreso mensual y que había un error en el texto de la Ley de Presupuesto.

Para la Ley de Presupuesto del 2018, el Ejecutivo buscó una solución en el texto de la norma, pero nuevamente alguien metió la mano bondadosa en el Congreso y se estableció que el bono por antigüedad subía a 4.5 unidades.

Los jueces y fiscales supremos, que tienen autonomía en el manejo de su presupuesto, interpretaron que no se trataba de una precisión, sino de un nuevo beneficio y fácil sumaron 3+4.5, igual a 7.5 unidades, de bono por antigüedad. En busca de evitar esta distorsión, en la Ley de presupuesto del 2019 se volvió a precisar el texto y los 4.5 unidades.

Se sabe que hay un grupo de jueces supremos que reclama sumar 3+4.5+4.5, igual a 12 unidades por antigüedad.

Hoy un juez supremo, con más de cinco años en el cargo, recibe un ingreso mensual de 42, 700 soles, que es el foco del actual reclamo. Los jueces buscan que sus ingresos se homologuen a ese monto.

Así, un juez o fiscal superior pasaría a tener un sueldo de 33,600 soles, un juez o fiscal especializado 26,040 y un juez de paz subiría a 16,800 soles, por todo concepto. Entre jueces y fiscales, superan los siete mil magistrados a nivel nacional y el MEF se ve en problemas para atender ese reclamo.

Un reclamo de mil millones de soles en el presupuesto general del país

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas atender el reclamo por la homologación de los jueces y fiscales del país supondría unos mil millones de soles en el presupuesto general de la República, que para este año ya se encuentra aprobado.

Ese es el dinero que se necesitaría para atender el incremento salarial más los devengados, sueldos dejados de pagar, que se habrían generado desde el año 2017 hasta la fecha, que también están reclamando los jueces, desde comienzos del mes de diciembre último.

Los técnicos también advierten que una ley prohíbe aumentos salariales en año electoral, por lo que el reclamo tampoco se podría atender en el presupuesto del 2021 pues ese año se realizarán elecciones generales en el país, a la presidencia y por un nuevo Congreso.

En general, el MEF considera que el bono por antigüedad no forma parte del ingreso mensual de un magistrado, por lo que no es posible la homologación de ingresos por ese concepto. Los jueces interpretan que así lo estableció la Ley de Presupuesto.

Reuniones

Solución. Representantes de los jueces y funcionarios del MEF han sostenido diversas reuniones en las últimas semanas para consolidar una posición que permita una salida.

Sin suma. El MEF rechaza el monto del bono que se han aplicado los jueces supremos. Considera que hay un solo bono que equivale a 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público. No siete, ni 12 como pretende la Corte Suprema de Justicia.