El caos

La crisis del transporte en Lima y el Callao ha llegado a un nivel en el que las promesas sobran a la espera de cambios de fondo y progresos tangibles. Las encuestas reflejan una muy alta insatisfacción ciudadana que solo puede ser abordada desde la máxima cooperación entre los municipios y el Gobierno central.

Hace algunos días, la intervención de la recién creada Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) impidió la suspensión del servicio en cuatro de los cinco corredores complementarios que operan supuestamente en carriles exclusivos y en rutas organizadas para evitar la congestión y la informalidad, de acuerdo con el esquema inicial de la reforma del transporte urbano.

Esa es, precisamente, la razón de su reclamo. La informalidad en esas rutas ha desbordado cualquier intento de cambio, debido a que taxis y colectivos no autorizados, y recientemente motocicletas, operan realizando un servicio más rápido, aumentando la sensación de caos y agresividad de las calles.

Es cierto que no es el único elemento de esta crisis; la proliferación de motocicletas de reparto logístico, el transporte “pirata”, la falta de autoridad de la Policía, el aumento incontrolado del parque automotor y la ausencia de conexión entre las distintas modalidades de transporte urbano configuran un cuadro que ha desbordado a las autoridades a todo nivel.

La creación de la ATU fue, y sigue siendo, una alentadora solución; sin embargo, a más de un año de su implementación, no puede desplegar todas sus potencialidades por la demora en la transferencia de las concesiones, y a la espera de que la Municipalidad de Lima defina los arreglos institucionales frente a ella.

El establecimiento del sistema Pico y Placa es un paso positivo frente a esta crisis y debería formar parte de una propuesta integral de reforma. Esta también debería integrar las medidas que se adoptan para encarar el caso de los peajes antitécnicos o financiados con acuerdos corruptos, para solucionar los problemas de fondo que han generado.

El agravamiento de esta crisis es responsabilidad de las gestiones anteriores, especialmente la última, que congeló todo cambio y retrocedió en lo poco que se había avanzado. No obstante, el momento de la inflexión es este; la delicada situación del transporte, convertida junto a la seguridad ciudadana en dramáticamente prioritaria, demanda un tratamiento que compromete a más de una autoridad, bajo el liderazgo político de la autoridad municipal metropolitana y el concurso de la ATU, el órgano técnico creado con ese propósito.