Objetivo TC

Con un virtual sigilo, la Junta de Portavoces del Congreso ha designado la comisión seleccionadora de los miembros del Tribunal Constitucional, iniciando un proceso que se estima se orienta a apurar la designación de las 6 plazas se 7 que conforman el máximo intérprete de la Constitución con propósitos claramente partidarios.

Es cierto que en junio pasado se venció el mandato de 5 años de los miembros del TC. Sin embargo, los pasos dados hasta ahora por la mayoría fujiaprista llevan a concluir que se prepara para el desembarco de una mayoría de magistrados simpatizantes de esa tendencia. Abona a esa convicción el modo en que se ha constituido la comisión seleccionadora, en la que se han marginado a dos bancadas parlamentarias, en lugar de modificar la norma orgánica del TC para garantizar la pluralidad de la elección.

Existe un antecedente nefasto, la llamada repartija de julio del año 2013, cuando varios parlamentarios se distribuyeron 10 plazas en el TC, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva, aunque tuvieron que anular sus arreglos luego de indignadas movilizaciones ciudadanas. El descaro del toma y daca entonces llegó al extremo de designar como miembro del TC al abogado de Alberto Fujimori, hasta hace poco legislador de ese grupo político.

La posibilidad de elegir un TC marcado políticamente se acrecienta considerando el contexto del país, cuando se debate la propuesta de adelantar las elecciones, en cuyo contexto se especula tanto con una probable cuestión de confianza objeto de un conflicto de competencia. De hecho, con ocasión de la anterior cuestión de confianza, el pleno aprobó una acción de competencia que aún no remite al máximo órgano constitucional por expresa decisión del oficialismo, esperando el cambio de la composición del TC.

A ello se agrega el hecho cierto, ya no especulativo, de que el TC resuelva el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori para obtener su libertad.

La comisión de 9 miembros tiene 4 integrantes oficialistas, entre ellos el presidente del Congreso, dos parlamentarios de Fuerza Popular y uno del Apra. Entre los 9 se aprecia a dos legisladores actualmente investigados por su relación con el caso “Los Wachiturros de Tumán” y otro que ha sido acusado de llevar al Congreso los intereses que defiende el estudio jurídico de su propiedad. Con tales antecedentes e innegables hechos, lo más conveniente sería que el actual Congreso desista de designar a los miembros del TC, evitando una nueva repartija.