Fiscalía inspeccionará tramos 2 y 3 de IIRSA SUR por caso Toledo

Diligencia fiscal se realiza por el caso Odebrecht, en el que Alejandro Toledo habría recibido coimas de la constructora brasileña. El expresidente está detenido en Estados Unidos mientras dure el proceso de extradición.

La República
19 M08 2019 | 14:47h

El viernes 16, el Ministerio Público dispuso la que se realicen diligencias de inspección de la Carretera Interoceánica Sur, en el marco de la investigación contra Alejandro Toledo por el caso Odebrecht.

La orden viene del magistrado Walter Villanueva del Equipo Especial Lava Jato, a los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, la cual fue adjudicada en el gobierno de Toledo al consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

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Según El Comercio, las diligencias se realizarán entre el martes 27 y miércoles 28 de este mes en el trayecto Urcos – Puente Inambari y Puente Inambari – Iñapari, respectivamente. Estos tramos se encuentran entre Madre de Dios y Cusco.

La razón de las inspecciones será “verificar la existencia, estado, operatividad y funcionamiento de las obras construidas”, para que sea incorporado dentro de la investigación a Alejandro Toledo, actualmente detenido en Estados Unidos.

“Ello será de utilidad para la averiguación de los hechos que son materia de investigación a fin de obtener un panorama más amplio que permita desarrollar la labor pericial”, se señala en el documento fiscal firmado por Walter Villanueva.

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La diligencia contará con el traslado de fiscales, peritos y personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para la inspección de los tramos de la Interoceánica Sur.

Se recuerda que por el caso Odebrecht, el Estado peruano ha solicitado la extradición de Alejandro Toledo, quien permanecerá en prisión para afrontar el proceso en su contra. Además, la Fiscalía lo investiga por los presuntos aportes recibidos de Camargo Correa por el tramo 4 de la IIRSA Sur. Asimismo, han pedido 16 años y 8 meses de cárcel por la adquisición de inmuebles en la que habría irregularidades, usando el dinero de la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica.