Odebrecht usó a ‘Doleiro’ peruano Gonzalo Monteverde para financiar a Keiko Fujimori

Por: Doris Aguirre

De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación del Equipo Especial Lava Jato, la constructora brasileña usó a las compañías “offshore” del empresario peruano Gonzalo Monteverde Busellau para transferir dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Monteverde se encuentra prófugo.

Hasta donde se conocía, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata había declarado que entregó US$ 1 millón a la campaña de Keiko Fujimori. Medio millón lo proporcionó Barata en efectivo a Jaime Yoshiyama Tanaka. Y en una segunda ocasión de nuevo a Yoshiyama y también a Augusto Bedoya Cámere. Pero no se sabía con precisión cómo había llegado el millón de dólares al Perú.

Según fuentes de La República, Barata ha confirmado que el US$ 1 millón arribó al país mediante el “doleiro” Gonzalo Monteverde Busellau, quien usó las cuentas de sus empresas de fachada para lavar los fondos para que llegaran a manos de los responsables de la campaña de Keiko Fujimori. En 2010 y 2011, el jefe de la campaña presidencial fue Jaime Yoshiyama Tanaka, y el gerente general de la misma José Chlimper Ackerman. Chlimper, justamente, fue la persona que le entregó US$ 210 mil en efectivo al gerente de Radio Programas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall. La Fiscalía sospecha que ese dinero sería parte de lo que proporcionó Odebrecht.

"El dinero fue transferido por Odebrecht a la 'offshore' Select Engineerg Consulting and Service (constituida en Islas Vírgenes Británicas), y luego esta empresa la transfirió a Credicorp Bank de Panamá, a nombre de la empresa Construmaq de propiedad de Gonzalo Monteverde", dijeron las fuentes.

"Las empresas de Gonzalo Monteverde, como Construmaq y Cementerios Centrales, recibieron aproximadamente US$ 29 millones de Odebrecht para los pagos de sobornos y apoyo a las campañas electorales. El dinero salió del Departamento de Operaciones Estructuradas, que Odebrecht usaba para el pago de coimas", indicaron las fuentes.

La defensa de Keiko Fujimori, durante la sustentación de la casación ante la Corte Suprema, ratificó que la excandidata jamás recibió dinero de Odebrecht y que no mantuvo vínculos con Jorge Barata. Las fuentes del Equipo Especial del caso Lava Jato cuestionaron la argumentación.

La clave de la operación es que Jorge Barata reconoció que fue Jaime Yoshiyama quien pidió el dinero, en dos ocasiones US$ 500 mil, para la primera y segunda vuelta. Barata fue autorizado por Marcelo Odebrecht, el Departamento de Operaciones Estructuradas recibió el mandato y transfirió los fondos a las empresas de Gonzalo Monteverde y este luego suministró en efectivo el dinero a Barata, quien luego lo entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

“Obviamente, como en los casos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y otros investigados, al no existir un documento firmado por ellos en el que señalan haber recibido el dinero, en su defensa responden que no hay pruebas. Pero el dinero era dirigido hacia ellos, porque Odebrecht lo entrega previa solicitud. Y está acreditado, mediante documentos que ha entregado Barata, que Odebrecht usó al empresario Gonzalo Monteverde para transferirle el dinero que le requerían, y que este fungió como ‘doleiro’. Los documentos prueban las transferencias de dinero a Monteverde, quien luego proporcionaba el dinero a Barata y este, como ha confesado, lo entregó a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya”, explicaron las fuentes de este diario que tienen conocimiento de la investigación.

Visitas con segunda

Por otro lado, las fuentes de La República señalaron que el fiscal José Domingo Pérez requerirá formalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el registro de visitas que ha recibido Keiko Fujimori en el anexo del penal de Chorrillos.

Para la autoridad que investiga el presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, las reuniones que ha sostenido la excandidata en el presidio con varios miembros de su bancada confirman que mantiene el control de la organización política.

Pérez no descarta que Keiko Fujimori pudo haber usado su influencia sobre los congresistas que formaron parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes luego de que se entrevistaron con ella en el anexo del penal de Chorrillos, votaron a favor de que no sea denunciado el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Como es de público conocimiento, Chávarry no solo ha cuestionado la actuación de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato que investiga a la excandidata de Fuerza Popular, sino también destituyó de sus cargos a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. La decisión de Chávarry beneficiaba claramente a Keiko Fujimori.

Sustentándose en el registro de visitas que recibió Keiko Fujimori en el transcurso de 2019, La República demostró que legisladores fujimoristas se entrevistaron en el presidio con la lideresa de Fuerza Popular y luego votaron en rechazo a las denuncias que afectaban a Chávarry, e inclusive a congresistas fujimoristas, como puede comprobarse en el recuadro adjunto.

"Estamos recogiendo la información de La República para llevarla a la investigación penal. Esto obliga a ver otra arista de investigación sobre el caso", indicaron las fuentes.

Sin embargo, es necesario que antes se pronuncie el juez Víctor Zúñiga Urday, ante quien el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se incorpore en el caso a Fuerza Popular como persona jurídica, dentro de los alcances de las normas relacionadas a lavado de activos y crimen organizado. Pérez argumenta que los imputados -Keiko Fujimori y la cúpula- usaron la estructura partidaria para captar dinero ilícito y lavarlo con la finalidad de financiar las campañas presidenciales.

"Lo primero es que el juez de investigación preparatoria admite la solicitud de la incorporación al proceso del partido Fuerza Popular como organización criminal", mencionaron las fuentes.

"La hipótesis de la Fiscalía de Lavado de Activos es que Keiko Fujimori utilizó a Fuerza Popular como parte de una estrategia para blindar a funcionarios que eran afines a sus intereses. Por esa razón se le califica como una organización criminal, debido a que tiene una estructura para dichos fines", apuntaron.

Con el propósito de asegurar el control de la bancada fujimorista, sus integrantes visitaban frecuentemente a la lideresa Keiko Fujimori, especialmente días antes de votaciones claves, como lo demuestra el cuadro publicado en esta páginas.

Por si fuera poco, congresistas de la bancada de Fuerza Popular denunciados ante la Comisión de Ética -controlada por los fujimoristas en alianza con los legisladores apristas-, sostuvieron encuentros en la prisión con Keiko Fujimori el día de la votación. Este es el caso, por ejemplo, de Úrsula Letona Pereyra, quien el 21 de mayo tuvo una reunión en Chorrillos con Keiko Fujimori, el mismo día en que la Comisión de Ética archivó su caso.

Según el congresista fujimorista Carlos Tubino, “nosotros no vamos a buscar a Keiko para pedirle directivas y sobre todo directivas políticas. Vamos a darle fortaleza por el momento que le toca vivir”. La Fiscalía piensa otra cosa.

Votos fujimoristas

se controlan desde el penal de Chorrillos“Las visitas que se han hecho a Keiko Fujimori se han hecho basadas en amistad. Si un amigo está en la cárcel y estás en condiciones de visitarlo, ¿no lo harías? Sobre todo, si es injusto”, declaró el congresista Carlos Tubino. Lo cierto es que entre visitas y votos hay demasiada coincidencia.

Antes de salvar con sus votos a Moisés Mamani, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales -Karina Beteta, Milagros Takayama, Luis Galarreta y Milagros Salazar- sostuvieron una reunión con Keiko Fujimori, el mismo 11 de mayo.

De la misma manera, entre el 24, 25 y 29 de mayo de este año se encontraron con Keiko Fujimori las congresistas Beteta, Salazar y Takayama, quienes luego, el 10 de junio, archivaron una denuncia contra la entonces fujimorista Yesenia Ponce.