La red de Orellana contaba con 16 jueces y 5 fiscales coimeados

La Republica

La mafia de los usurpadores de inmuebles (II)

Corrupción extendida. Pertenecían a las jurisdicciones de Lima, Ucayali y Áncash, y sus nombres fueron registrados en “planillas” que manejaba la hermana del cabecilla Rodolfo Orellana, Ludith Orellana. En otros casos fueron identificados por los colaboradores eficaces de la organización criminal.

Cada vez que una víctima de la organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo iniciaba acciones legales contra este o miembros de su banda, fracasaba en su intento de recuperar la propiedad que le había sido arrebatada con documentos falsos y suplantación de personas. Los afectados tropezaban con una muralla de 16 jueces y 5 fiscales a los que Orellana tenía comprados para que rechazaran o archivaran las denuncias en su contra, o para convalidar la usurpación de los inmuebles.

La fiscal de lavado de activos Marita Barreto Rivera, después de una extenuante labor de 4 años y 8 meses, ha logrado identificar a los magistrados implicados con la asociación criminal del abogado Rodolfo Orellana. Según su informe entregado a la Fiscalía de la Nación, la organización de Orellana no podría haber funcionado sin la participación de jueces y fiscales. Ahora los ciudadanos despojados de sus viviendas o terrenos entienden por qué no conseguían ganarle los procesos al letrado que operaba desde su bufete en la avenida Guardia Civil 835, en San Isidro.

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Para identificar a jueces y fiscales cómplices fueron claves las declaraciones de los colaboradores eficaces. Ellos dijeron que Orellana abrió oficinas en Ucayali y Áncash, en cuyas jurisdicciones judiciales y fiscales se había infiltrado y desde donde desplegaba acciones legales para responder a las denuncias de las víctimas de apropiaciones ilícitas de inmuebles.

Tenían precio

Según el informe de la fiscal Barreto, los jueces vinculados con la organización criminal son Francisco Boza Olivari, Jorge Reátegui Pisco, Luis Palomino Morales, Ricardo Castro Belapatiño y Wenceslao Portugal Cerruche, de la jurisdicción de Atalaya. También Teresa Montalván Ruiz y Christian Stein Cárdenas, quienes cumplían funciones en Coronel Portillo, Ucayali.

En Áncash fueron implicados los magistrados Juan Matta Paredes, César Matta Paredes, Abel Gutiérrez Aponte y Liliana Otero Salinas.

En el caso de Lima, fueron comprendidos los jueces Omar Ahomed Chávez, Juan Salazar Laynes, Juan Varillas Solano, Carlos Huerta Ortega y Laura Márquez Rivera. Respecto al caso de Ahomed, su expediente llegó a manos del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, quien resolvió archivar la investigación sobre su presunto vínculo con Orellana.

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Como resultado de la incautación en las oficinas de la organización de Orellana, la fiscal Barreto descubrió una planilla denominada “Pago a terceros”, que no era otra cosa que las coimas que la mafia abonaba a los jueces y fiscales. Los colaboradores eficaces confirmaron que esa era la modalidad de la mafia para que las autoridades obrasen conforme a los intereses de los criminales en los procesos administrativos, civiles y penales que tramitaban con la finalidad de apoderarse de los inmuebles y archivar las investigaciones en la Fiscalía y el Poder Judicial.

Los pagos eran registrados en el sistema Excel con códigos y números de expedientes, según los colaboradores eficaces.

Una de las personas encargadas de la planilla de la corrupción era Ludith Orellana Rengifo, hermana del cabecilla Rodolfo Orellana Rengifo.

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Fallos a la medida

“Ludith era más cuidadosa que su hermano Rodolfo. Ella tomaba decisiones de filtrar o depurar los cuadros en Excel sobre los pagos a terceros y no pasárselos al contador para que no quede registro de las coimas que pagaban para impulsar los casos que tenían en las fiscalías, juzgados y otros. Rodolfo y Ludith decían que esos pagos agilizaban los procesos para apropiarse de los inmuebles con ‘problemas’”, relató el colaborador eficaz Nº 12-2014.

Según fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos, la red de Orellana obtenía resoluciones favorables para mantener ocultas las ilícitas actividades que ejecutaban los integrantes de la organización. De esa manera, con la complicidad de fiscales y jueces sobornados, actuó impunemente durante 12 años.

Una de las estrategias que utilizó Rodolfo Orellana para traerse abajo los procesos e investigaciones en Lima era formular demandas en provincias con la complicidad de magistrados y fiscales, y así evitar fallos desfavorables.

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Ese es el caso del expresidente de la Corte Superior de Ucayali Francisco Boza Olivari. Aprovechándose de su cargo, este conformó un selecto grupo de magistrados provisionales, los que bajo sus órdenes emitían resoluciones favorables, hábeas corpus y amparos en beneficio de la organización criminal de Orellana, según lo descrito a la fiscal Barreto por el colaborador eficaz identificado como CELAV 09-2015.

“Ante la necesidad de conseguir hábeas corpus que paralizaban los procesos penales que tenía, logró contactarse con el presidente de la Corte Superior de Ucayali, a quien conocía como el ‘Doctor Boza’. Sabíamos que le había ofrecido a Orellana que todas sus acciones de garantía las presentara en el distrito de Ucayali y el nexo de las demandas era el abogado Tomás Torrejón Guevara”, dijo el colaborador eficaz.

“En este distrito judicial sacaron hábeas corpus favorables a Orellana, como en el caso de lavado de activos donde participó el ciudadano asiático Julio Qu o Xianjian Qu. También usaron la Corte de Ucayali para sacar acciones de amparo a favor de terceros con el ánimo de levantar medidas cautelares inscritas en las partidas registrales de las propiedades que ellos estaban interesados”, añadió el testigo protegido.

La versión del colaborador eficaz fue confirmada por la cajera de Rodolfo Orellana, Zoila Montoya Sernaqué, quien aseguró lo siguiente: “Los casos que se coordinaban en Ucayali estaban a cargo de Tomás Torrejón Guevara. Él venía constantemente a Lima para hablar directamente con Orellana sobre las demandas en Ucayali”, manifestó.

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El pagador

El exempleado del Poder Judicial Tomás Torrejón Guevara se convirtió en el “brazo legal” de la organización criminal de Rodolfo Orellana en Ucayali. Era el que se encargaba de pagar las coimas.

“Los depósitos siempre se hacían a través del Banco de la Nación e Interbank a nombre del doctor Tomás Torrejón por orden de Rodolfo Orellana”, anotó un colaborador eficaz.

Rodolfo Orellana logró excluirse de un proceso por querella presentado por el empresario Jorge Pazos Holder, justo cuando el juez del Quinto Juzgado Penal de Lima, César Riveros Ramos, estaba por condenarlo. Lo consiguió mediante una maniobra descrita por el colaborador eficaz Nº 09-2015: “En este proceso se citó a Orellana a la lectura de sentencia. Sin embargo, el abogado Benedicto Jiménez Bacca presentó una serie de recursos para dejar sin efecto dicha resolución. Al no conseguir su propósito gestionó un hábeas corpus ante un juez de Atalaya, en Ucayali, que declaró fundada la demanda y por consiguiente la resolución de sentencia quedó nula”.

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Lo que llamó la atención de este caso es el poder que ostentaba Rodolfo Orellana, quien no solo logró la anulación de la sentencia, sino también el archivamiento del proceso. El juez de investigación preparatoria de Atalaya que anuló la sentencia de Orellana fue Wenceslao Portugal Cerruche.

Este exmagistrado es el mismo que admitió la demanda de amparo a favor de la empresa Comercializadora de Minerales Rivero contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la almacenera Talma, logrando la devolución de 316 kilos de oro que fueros inmovilizados por la Sunat. El material precioso pertenecía al acusado de contrabando Peter Ferrari.

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Vínculos en la Fiscalía

La organización criminal de Orellana también entabló contactos con magistrados del Ministerio Público con el propósito de que sus investigaciones quedaran archivadas a cambio de dinero. Los exfiscales que trabajaron para la red de Orellana, según los colaboradores, son: Luis Arellano Martínez, Jorge Sanz Quiroz, Eduardo Egúzquiza Castro, Fidel Castro Chirinos, José Chipana Llanos y Víctor Rosell Espino.

Luis Arellano Martínez, exfiscal de crimen organizado, actualmente se encuentra investigado por el delito de cohecho pasivo y omisión de actos funcionales y tráfico de influencias en la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. En la misma condición se encuentran los exfiscales Jorge Sanz Quiroz, Eduardo Egúzquiza Castro, Fidel Castro Chirinos, José Chipana Llanos y Víctor Rosell Espino.

Con relación al e magistrado Jorge Sanz Quiroz de la 57 Fiscalía Provincial, se le acusa de haber recibido prebendas económicas a cambio de archivar la investigación de los integrantes de la red criminal de Orellana investigados por lavado de activos, conforme se corrobora con el testimonio del colaborador eficaz 05-2015:

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“Recuerdo que en el año 2010 Maribel Castillo (abogada) comentó que en una reunión se encontraba el fiscal Sanz Quiroz, donde lo conoció; ella llevaba un sobre con dinero por indicaciones de Rodolfo Orellana, que había recogido de la administración a cargo de William Cruzalegui y Mirian Valcárcel Gonzales”, anotó el colaborador eficaz.

A cambio de un puñado de billetes, jueces y fiscales se vendían a la mafia de Orellana.

“Orellana utilizó la Corte de Ucayali para anular sus condenas y archivar todo su proceso judicial"

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Fiscal Barreto volvió a incluir en el caso al juez Ahomed Chávez

El 14 de marzo del 2017, la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Azucena Solari Escobedo, denunció al juez Omar Ahomed Chávez por presuntamente haber recibido 30 mil dólares del exjuez supremo Robinson Gonzales Campos, para que favoreciera a un testaferro de Rodolfo Orellana.

El fiscal supremo Pablo Sánchez declaró insubsistente el informe que imputaba el presunto delito de cohecho pasivo específico atribuido a Ahomed, por lo que en agosto devolvió los actuados a la fiscalía de origen. Por segunda vez, Sánchez desestimó el caso y declaró infundada la denuncia contra el juez Ahomed en marzo del 2018.

En su informe, la fiscal Marita Barreto ha vuelto a incluir a Omar Ahomed como supuesto vínculo de la red Orellana.

Pablo Sánchez y Omar Ahomed mantienen una relación amical. El 10 de mayo del 2010, Sánchez remitió al director de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, Elías Mantero, una carta de recomendación a nombre de Ahomed.

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