La Comisión de Justicia ya hizo los requerimientos de opinión técnica a funcionarios del Estado involucrados directamente en la reforma judicial.,El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Oliva, confirmó que se dará prioridad al proyecto de ley orgánica para la conformación de la Junta Nacional de Justicia, enviado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. "Junta Nacional de Justicia es nuestra prioridad. Es importante ejecutar la primera Reforma Constitucional y complementar la Reforma Judicial. Se priorizará el Proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia remitido por el Ejecutivo", señaló en su cuenta de Twitter. PUEDES VER “Cambio de fiscales generaría indignación ciudadana” JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA es nuestra PRIORIDAD. Es importante ejecutar la primera Reforma Constitucional y complementar la Reforma Judicial. Se priorizará el Proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia remitido por el Ejecutivo. pic.twitter.com/PMncj7p7oi — Alberto Oliva Corrales (@aolivac) 20 de diciembre de 2018 En ese sentido se ha solicitado, formalmente, emitir una opinión técnica al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; al contralor general de la República, Nelson Shack; y al ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes. En los oficios remitidos a estos funcionarios se les exhorta a que el pronunciamiento sea emitido con carácter de urgencia. Cabe destacar que siete funcionarios formarán una comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos son: - Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo - Nelson Shack, Contralor General de la República - José Lecaros, presidente del Poder Judicial - Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional - Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación - Un rector de universidad pública y un rector de universidad privada, ambas casas de estudios con licencia y 50 años de antigüedad PUEDES VER Declaración de intereses será obligatoria en JNJ En el Referéndum 2018 la población aprobó la conformación de la Junta Nacional de Justicia para que reemplace al Consejo Nacional de la Magistrura, el cual fue desactivado tras el escándalo de corrupción conocido como los 'CNM Audios'. En estos audios difundidos por distintos medios de comunicación se evidenció un presunto tráfico de influencias para elegir a jueces y fiscales a cambio de favores. A esta organización criminal se le denominó 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.
