Nueva ley de lavado de activos atenuado

"Sin embargo, contra todo límite constitucional, el nuevo delito legislado reduce significativamente la penalidad de los mismos hechos, a 3 años como pena mínima o 5 años cuando el aporte es superior a 500 UIT".

"Sin embargo, contra todo límite constitucional, el nuevo delito legislado reduce significativamente la penalidad de los mismos hechos, a 3 años como pena mínima o 5 años cuando el aporte es superior a 500 UIT".

Por: Fidel Mendoza

La iniciativa legal que pretende incorporar al Código Penal el delito de financiamiento de organizaciones políticas con fondos de origen delictivo no incrimina conductas que sean impunes en la actualidad. Al contrario, son ya reprimidas como delito de lavado de activos, tipificado en el Decreto Legislativo 1106 (2012), del mismo que lo estuvo desde la Ley Nº 27765 (2002).

Conforme a nuestra normativa vigente, los hechos que dan lugar al delito de lavado de activos, cuando son cometidos a través de actos de financiamiento ilegal de partidos ya son reprimidos con pena de 8 a 15 años de privación de libertad, y de 10 a 20 años si el dinero aportado al partido supera las 500 UIT.

Sin embargo, contra todo límite constitucional, el nuevo delito legislado reduce significativamente la penalidad de los mismos hechos, a 3 años como pena mínima o 5 años cuando el aporte es superior a 500 UIT.

Es evidente que los beneficiarios de la nueva norma son los partidos, representantes e integrantes que actualmente son investigados por delito de lavado efectuado en contexto de aportes de campaña (entregados por Odebrecht con fondos de su División de Operaciones Estructuradas), ya que frente a los mismos hechos objeto de investigación existiría en vigor una nueva ley penal más favorable.

Del mismo modo, beneficiaría ilegítimamente a los aportantes pues se reprime también el acto de “entregar”. Se habilitaría la posibilidad de que las defensas soliciten la recalificación de los hechos investigados a la nueva norma, pues sería posible aplicarla retroactivamente por ser más beneficiosa.

Estamos ante un delito de lavado de activos injustificadamente atenuado, nombrado por los congresistas como delito de financiamiento ilegal. Incluso proponen liberar de responsabilidad penal, civil y administrativa a los partidos e integrantes, cuando el oficial de cumplimiento designado por la ONPE emita opinión favorable a estas.

La investigación contra Fuerza Popular viene mostrando que las opiniones técnicas de la ONPE le fueron favorables, pese a ello, se realizaron aportes encubiertos y simulados. No hay duda de que estamos frente a una iniciativa inconstitucional.

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