Informe Lava Jato excluye a Alan García, pero complica a otros exejecutivos del MTC

Revelaciones. Investigación presentada por el grupo de trabajo confirma que García Pérez se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata, pero recomendó no investigarlo por sobornos de Odebrecht en el Metro de Lima. Informe concluye que los actos ilícitos en este proyecto provocaron un perjuicio de US$ 146.929.947,66.,Informe Lava Jato excluye a Alan García, pero complica a otros exejecutivos del MTC,Informe Lava Jato excluye a Alan García, pero complica a otros exejecutivos del MTC,La Comisión Lava Jato, que presidió la legisladora fujimorista Rosa Bartra, concluyó que el expresidente Alan García y su exsecretario de Palacio Luis Navas no sean investigados por presuntas coimas de Odebrecht durante el segundo gobierno aprista por el Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, conocido como Metro de Lima. Sin embargo, el informe de este grupo de trabajo, al que La República tuvo acceso, recomendó acusar al exministro de Transportes Enrique Cornejo, al exviceministro del MTC Jorge Cuba, al exintegrante del Comité de Licitación Edwin Luyo, entre otros, por el delito de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Las reuniones de Alan Sobre García Pérez, se confirma que sí tuvo 15 reuniones registradas con Jorge Simoes Barata, representante de la constructora brasileña. En tres de estas participó Marcelo Odebrecht, en una estuvo Emilio Odebrecht, y en otra asistió Luis Mameri, exrepresentante de la constructora en América Latina que también conocía de las coimas. Además, el documento destaca que García Pérez estuvo con los ejecutivos brasileños el 11 de setiembre del 2008 y que dos meses después, Enrique Cornejo fue nombrado ministro. Sin embargo, el grupo liderado por la congresista fujimorista no recomienda que el Ministerio Público investigue al líder aprista por algún delito. PUEDES VER Comisión Bartra libró de responsabilidad a Alan y Keiko Desbalance de Cornejo El informe, que consta de 1.400 páginas, señala que Enrique Cornejo viajó a Brasil en seis oportunidades, y coincidió en dos ocasiones con Jorge Barata. Estas visitas, realizadas entre noviembre del 2011 y abril del 2014, se dieron en paralelo a cuatro depósitos millonarios –que suman US$ 4.100.000. Por otro lado, la comisión denuncia que el excandidato a la Municipalidad de Lima tuvo un sospechoso incremento patrimonial. El año 2011, los ingresos declarados por el exministro eran de más de S/ 246 mil, pero realizó movimientos por S/ 1.200.000. En 2012, se observa un desbalance de S/ 1.248,288; en 2013, de S/ 966.300, y el 2014, de S/ 66.934. La República intentó comunicarse con el exaprista para recoger su versión, pero no contestó las llamadas. Exviceministro Cuba Al exviceministro Jorge Cuba, hoy preso por el caso Odebrecht, también le encontraron un incremento patrimonial injustificado. Entre el 2011 y el 2016, realizó transacciones mayores a S/ 2 millones, pese a que sus ingresos declarados fueron menores. Por ejemplo, en 2015 señaló que sus ingresos eran de S/ 551.203, pero sus movimientos ascendían a S/ 2.140.000. Como se recuerda, Cuba está preso por presuntamente haber instado al exejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre a que le paguen un soborno a cambio de la obra del Metro de Lima. Este ofrecimiento, según el informe, lo hizo ante Carlos Nostre, quien lo derivó con Barata para concretar el acuerdo. El exdirectivo de Odebrecht confirmó ante la Procuraduría de Brasil que el exviceministro, el exmiembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro Santiago Chau y Edwin Luyo serían las “personas de confianza” que favorecerían a la constructora. Cabe recordar que Jorge Cuba aspiró a inicios de este año a ser colaborador eficaz, sindicando a Cornejo y García Pérez como los principales culpables en la ilícita adjudicación de la obra a la empresa brasileña por los tramos del Tren Eléctrico. Para la Comisión Lava Jato, la declaración de Jorge Barata ante la Procuraduría de Brasil, corroborada en sus extremos, señaló que Cuba ofreció ayuda ilegal a Odebrecht por los Tramos I y II por los montos de US$ 1.400.000 y US$ 6.700.000, respectivamente. Sobre Hispamar, añaden que la cuenta manejada por Edwin Luyo, Oblong, recibió un monto total de US$ 7.930.712,51. A esta cifra se la adicionan US$ 500 mil recibidos de Cuba en abril del 2013. Todo esto suma US$ 8.430.712,51, monto similar al supuestamente negociado con Odebrecht. Como se recuerda, el 20 de enero del 2017 Odebrecht admitió ante el Ministerio Público que pagó US$ 8 millones en coimas por la licitación de este proyecto en el segundo gobierno de García Pérez. Confesión de Luyo El informe recapitula que Luyo admitió haber recibido US$ 196 mil el 11 de julio del 2013 y US$ 304 mil el 11 de abril del 2014 a través de la offshore Oblong International INC, que tiene una cuenta en la Banca de Andorra (BPA). Esta cuenta fue abierta por él. La tesis del oficio, en base a lo que admitió Luyo ante la Fiscalía, es que los depósitos se hicieron mediante la otra offshore llamada Aeon Group, que sería dirigida por Odebrecht para transacciones de coimas. Precisamente, esta compañía depositó US$ 700 mil el 19 de abril del 2012. Otro hecho polémico atribuido a Luyo es que su empresa Cadelu brindó un servicio de levantamiento topográfico al Consorcio Tren Eléctrico, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, por un pago de US$ 85 mil. Otros imputados son Robert Kurt Jungkind por colusión; el exsecretario del MTC Jorge Luis Menacho, por colusión contra el Estado; el exasesor de este ministerio Miguel Navarro, por asociación ilícita; a Oswaldo Dúber Plasencia, por negociación incompatible; y a Jesús Munive Taquía, quien está con prisión preventiva, por cohecho pasivo propio, colusión agravada y enriquecimiento ilícito Cronología de la obra El 13 de febrero del 2009, en el segundo gobierno aprista, García Pérez y el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, emitieron el Decreto Supremo 008-2009-MTC. Esta norma facultó a Provías Nacional “la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura terrestre masivo de Lima–Callao”. Seis días después, según el informe Lava Jato, el Concejo de la Municipalidad de Lima, entonces dirigido por Luis Castañeda Lossio, encargó a Proinversión crear un esquema de concesión que permita la continuación del proceso de promoción de la inversión del Metro en el Tramo I. El 28 de ese mes, mediante el Decreto de Urgencia Nº 032, facultó a Provías ejecutar el proyecto de la Línea 1 mediante la contratación de concurso oferta. El 10 de noviembre de ese año, el Ejecutivo recibió las propuestas de licitación donde participó el consorcio Tren Eléctrico, integrado por Odebrecht y Graña y Montero. En diciembre, el Comité Especial del proyecto otorgó la buena pro del Tramo I al consorcio al que perteneció la constructora brasileña. PUEDES VER Hacer público el informe Lava Jato desata controversia en el fujimorismo A finales de diciembre del 2009, detalla el documento, se celebró el contrato Nº 146-2009-MTC/20 entre Raúl Torres Trujillo, por Provías Nacional; Oswaldo Plasencia Contreras, por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE); y los empresarios Jorge Simoes Barata y José Alejandro Graña Miró Quesada, en representación del Consorcio Tren Eléctrico. El 11 de marzo del 2010, el gobierno de García Pérez publicó del Decreto Supremo 081–2010, que exoneró al Proyecto Tren Eléctrico, en los dos tramos, de la fase de preinversión y de la declaración de viabilidad estabilidad en el SNIP. El Tramo I no pasó por SNIP. Esto evitó que la entidad justifique la viabilidad del proyecto, su rentabilidad económica y social, y su costo. Incluso, no pasar por este proceso, según una investigación citada por la comisión, no permitió que se haga un estudio actualizado de la obra. Se utilizaron referencias técnicas de 1997 y 2005. Además los estudios técnicos para inversión en trenes, de junio del 2007 y febrero del 2008, fueron hechos por ENGEVIX Engenharia S.A., empresa brasileña vinculada a actos de corrupción en investigaciones en Brasil. Respecto al Tramo II, el informe de la Comisión Lava Jato recalca que la auditoría de la Contraloría sobre esta etapa del Metro de Lima aún se encuentra en proceso de estudio “pues la complejidad y magnitud de la obra así lo demandan”. Sin embargo, el grupo de trabajo señaló que ha encontrado irregularidades en la determinación del presupuesto final, que justificó el incremento de casi US$ 300 millones. La Procuraduría Ad Hoc reportó que producto de los delitos de colusión, cohecho y otros, por la Línea 1 del Metro de Lima, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó la constitución en actor civil y accedió al embargo de S/ 1.690.000 por concepto de reparación civil. Mientras que la Comisión Investigadora determinó que el daño al Estado asciende a US$ 146.929.947,66. Investigación fiscal En el marco de la indagación del Ministerio Público, el exviceministro Jorge Cuba aseguró a la Fiscalía que aspira a convertirse en colaborador eficaz para revelar más detallas sobre el Metro de Lima. Mientras que por el lado de García Pérez, el 4 de octubre IDL Reporteros reveló que el exejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre confesó al fiscal José Domingo Pérez que “no puede descartar que le haya pagado sobornos”. El mismo portal recalcó que el sobrecosto del Metro de Lima asciende a S/ 336 millones.

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