La reforma busca mejorar la calidad de la representación

Objetivos. También propiciar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas, sobre todo durante las campañas electorales. Un punto positivo es la obligatoriedad de que se presenten listas al Congreso integradas en un 50% por mujeres.

Objetivos. También propiciar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas, sobre todo durante las campañas electorales. Un punto positivo es la obligatoriedad de que se presenten listas al Congreso integradas en un 50% por mujeres.

Reformar la Constitución para propiciar una mejor representación regional, fomentar la participación política de las mujeres y promover la transparencia e integridad de los aportes que reciben las organizaciones políticas son los principales objetivos de los proyectos entregados ayer por el Poder Ejecutivo al Legislativo y que serán sometidos a referéndum este año.

En lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de la representación, el Gobierno de Martín Vizcarra ha puesto en consideración del Congreso dos propuestas.

Una de ellas plantea reformar el artículo 90 de la Constitución para que los congresistas no puedan ser reelegidos de manera inmediata para un nuevo periodo.

En los argumentos, el Ejecutivo señala que se pretende equiparar el trato con las demás autoridades de elección popular –presidente, gobernadores, alcaldes– que no pueden ser reelectas de manera consecutiva. Aunque especialistas han puesto en duda su real utilidad, lo más probable es que esta medida sea respaldada cuando sea sometida a la consulta ciudadana.

Dos cámaras 

Por su parte, el proyecto para restaurar la bicameralidad es el más complejo desde el punto de vista constitucional porque supone la modificación de 45 artículos.

En resumen, el Ejecutivo propone una primera cámara de 100 diputados (dos por cada microdistrito electoral) y una segunda de 30 senadores, electos por un sistema de macrodistritos (o agrupación de regiones, que tendrá que ser definida por ley).

Es decir, la bicameralidad no supondría un incremento de legisladores.

En el Perú votan unos 23 millones de personas. Así, en el caso de los diputados cada uno de los 50 microdistritos agruparía, en promedio, a 460 mil electores. Cada diputado representaría a unos 230 mil votantes. Suena a una tarea muy difícil de realizar.

La pregunta es si esta fórmula realmente podrá mejorar la calidad actual de la representación.

Se ha advertido que una reforma de fondo debería contemplar el aumento de los escaños. No es popular decirlo, sin embargo.

Un elemento bastante positivo es la obligatoriedad de que las listas al Parlamento incluyan, de manera alternada, un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha dicho, con mucha razón, que en las circunstancias actuales de violencia de género, las mujeres peruanas necesitan poder político.

A pesar de que hubiese sido una buena oportunidad para plantear su eliminación, el Gobierno propone mantener el voto preferencial para el caso de los diputados. La elección de senadores será por lista cerrada y bloqueada.

Dinero sucio 

Quizás la reforma política más importante es la referida con la regulación del financiamiento privado de las organizaciones políticas.

Se sabe que para solventar sus campañas (sobre todo lo que tiene que ver con la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación), los partidos buscan diversas fuentes de dinero. Los controles laxos (o inexistentes) permiten la infiltración de fondos sucios.

Con la propuesta del Ejecutivo, el artículo 35 de la Constitución pasará a establecer la obligatoreidad de rendir cuentas de ingresos y gastos, en periodo ordinario y electoral.

Además, los aportes que reciban los partidos deberán entregarse a través del sistema financiero, mientras que aquellos que no sean declarados se presumirán de fuente prohibida.

Asimismo, se prohíben los aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.

Falta definir la fecha

- El Poder Ejecutivo pretende que el referéndum sea llevado a cabo el 7 de octubre, que coincide con las elecciones regionales y municipales. De no llegarse a esa fecha (falta poco menos de dos meses), la segunda opción –y acaso la más realista– es que la consulta ciudadana se celebre en diciembre, en la segunda vuelta regional.

- El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el referéndum se realizará, de todas maneras, este año.

- "De ninguna manera puede pasar del mes de diciembre", señaló el jefe del Estado el día jueves desde el Congreso.

Referéndum

 

 

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