Sin ánimo de poner por encima el pesimismo en este inicio de año, durante el año 2024, más de 17 millones de peruanos pasaron hambre de acuerdo al último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). De acuerdo al organismo especializado, en las zonas rurales la situación de hambre es más grave que en las zonas urbanas. Pese a esto, en Lima Metropolitana, el 39.5% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. En el mes de marzo del 2024, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 43.1% de niños padece de anemia.

En este terrible marco, el 2025 ha sido denominado por el gobierno como el “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”. Eso viene de la mano con una iniciativa muy audaz de parte del Gobierno, que está pretendiendo imponer la forma en que se mide la pobreza multidimensional en el Perú. Esta competencia es del INEI, pero este gobierno mediocre ha emitido un Decreto Supremo, en donde quien asume esta competencia es el MIDIS, encabezado hoy por el Ministro responsable de alimentar con carne de caballo a los niños del Perú. Esta forma que pretenden imponer no solo es antitécnica, deja por fuera indicadores importantes como la anemia infantil en el Perú, la inseguridad y la calidad de los servicios públicos, sino que además obedece evidentemente a fines políticos.

Esto no solo es grave porque el gobierno pretende lavarse la cara en su infinita mediocridad, sino que dejarán una herencia de más hambre y muerte en el país, sobre todo entre los más pobres. En políticas públicas, para poder tomar decisiones se requiere evidencia. Si la evidencia se tuerce, como es lo que busca hacer Dina Boluarte presentando cifras maquiladas de pobreza, ¿cómo se justificará la ejecución de políticas contra la pobreza?, ¿cómo se mejorará la focalización de los programas sociales? Si se trata de maquillajes o cirugías, al parecer la señora Boluarte no se conforma con su cara, sino que quiere arrastrar a los programas sociales a su lógica de gobierno de “No me interesa así se perjudiquen diez mil, cien mil personas”. Avisados estamos.

Eliana Carlín

Hambre y mentira, por Eliana Carlín

Si la evidencia se tuerce, como es lo que busca hacer Dina Boluarte presentando cifras maquiladas de pobreza, ¿cómo se justificará la ejecución de políticas contra la pobreza?, ¿cómo se mejorará la focalización de los programas sociales?&nbsp;

La República

La crisis en la que nos encontramos ha penetrado todos los niveles y ámbitos; es tanto institucional como personal; es una crisis estatal pero también de la empresa privada. La extensión y penetración de la podredumbre dificultan trazar una ruta de salida. Por ejemplo, pese a tener la economía en su peor momento desde los años noventa, la Comisión Permanente del Congreso pretende aprobar hoy, 27 de diciembre, una dádiva tributaria de 20,000 millones de soles para las grandes agroexportadoras, en desmedro de la recaudación pública y por tanto de todos los peruanos. Esto, como resultado de lobbies descarados con viajecito para congresistas incluido.

Las muertes relacionadas a la política enrarecen aún más el frívolo ambiente que caracteriza este régimen que se sostiene sobre lobbies y chanchullos. Ha sido hallado muerto el expresidente de directorio de la empresa Frigoinca, proveedor que ingresa a trabajar al Midis de la mano del actual vocero presidencial, Freddy Hinojosa; y hace unas semanas acribillaron a Andrea Vidal, abogada vinculada a un poderoso simpatizante del partido Alianza para el Progreso (APP) acusado de ejercer el proxenetismo dentro del Parlamento. Estas tramas macabras se encuentran en investigación aún, pero ambas están vinculadas al pacto de gobierno, que es el subsuelo de la política.

Pese a esto, es necesario promover más participación, más voz y más acción desde la ciudadanía. Existen varias iniciativas que promueven el diálogo y la educación ciudadana, pero todas ellas se encuentran alejadas del Perú que exige a gritos ser escuchado. ¿Es posible, por ejemplo, promover un diálogo sin invitar a la mesa a representantes de la mayoría que eligió a Pedro Castillo en las últimas elecciones?, ¿es realmente transformador ignorar en el diálogo a quienes cuestionan el funcionamiento de una pseudodemocracia que mantiene a una enorme proporción de la población en pobreza? Tal vez debemos partir por movernos hacia espacios donde sean realmente bienvenidos todos.

El subsuelo de la política, por Eliana Carlín

El asesinato a balazos de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, a manos de sicarios, tiene que ser investigado de manera seria, y se deben identificar a los responsables de la muerte de la joven de 27 años. ¿Quién o quiénes fueron sus contactos para entrar a trabajar? ¿Qué ocurría realmente en esa oficina? Es necesario aclarar estas dudas y todas las que se presenten. Las instituciones del Estado no pueden ser vistas como botín para repartir cupos laborales. Es aterrador que se vincule con este crimen a Jorge Luis Torres, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Todo esto es parte de la impunidad con la cual el cogobierno viene manejando el poder, que ha sobrepasado los límites de lo imaginable. Sin embargo, hablar de una “red de prostitución” en este punto constituye un grave error, en tanto existe una alta probabilidad de que haya jóvenes trabajadoras siendo víctimas de presiones y extorsión, lo cual implica hablar de trata de mujeres. Me refiero a jóvenes que no ingresan a trabajar con más expectativa que la de iniciar funciones descritas en el perfil de sus puestos, y que caen en manos de delincuentes con mucho poder político y económico, además de vinculaciones con el crimen.

La trata de personas es un flagelo que está presente en nuestro país y ha crecido con más fuerza alrededor de las economías ilegales, sobre todo la minería y la tala ilegales. Como vemos ahora, hay partidos políticos que se están revelando claramente como la extensión de estas economías, incluso en aquello relacionado con estas funestas prácticas. Se amalgamaron tan bien, que son indistinguibles unos de otros.

Los espacios laborales deberían ser seguros para las mujeres, con mayor razón en el sector público. Lo cierto es que esta situación pone sobre la mesa prácticas misóginas bastante extendidas. En el caso particular de Andrea Vidal, deben actuar la Fiscalía y el Poder Judicial de forma ejemplar, pero en términos generales, el abordaje tiene que ser estructural, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer.

Lamentablemente, estas instituciones han caído en manos de autoridades que solo sirven para defender a Dina Boluarte de las múltiples acusaciones que pesan sobre ella, y que desprecian a la ciudadanía. Dado el escenario, queda solo organizarnos desde la sociedad civil, aunque parezca que se rema contra la corriente.

Amalgama mortal, por Eliana Carlín

Lejos de despertar sorpresa, las declaraciones de Morgan Quero, en las que llama ratas a los asesinados por el régimen que con entusiasmo integra, reflejan con claridad el carácter de este gobierno: autoritario, mediocre y asesino. No hay excusa que valga. Lo dicho está muy claro. Seguramente se hablará en los próximos días sobre este súbito episodio de transparencia, pero no pasará nada con el funcionario. Este tipo de comentarios, tan indignos para la institución que dirige, deberían al menos tener como consecuencia poner más luces sobre su gestión. Lo que se va revelando sobre este funcionario denota las seguridades que reposan en el poder desmedido. La impunidad está asociada con la corrupción.

Dina Boluarte lleva casi toda la semana buscando con notoria desesperación que se instale en el país una discusión sobre la pena de muerte. Como no ha tenido mucho eco, ha echado mano de los medios públicos para mover su agenda mortal. Pero, ¿qué implica una propuesta como esa? Pues busca sacar al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las campañas de desprestigio y estigmatización contra el Sistema fortalecen estas posturas. Lo que no mencionan quienes promueven esta forma de populismo penal es que no podría aplicarse una reforma de este tipo durante el presente periodo presidencial/congresal. Salir del Sistema Interamericano implica denunciar una serie de tratados de los cuales el Perú es miembro, y ese proceso no es ni sencillo ni rápido. Lo cierto es que está bastante documentado que, además, la pena de muerte no disminuye las estadísticas criminales. Es una cortina de humo, como las del tiempo de Vladimiro Montesinos.

Finalmente, hablando de Montesinos, recordemos que la que pedía que Perú salga del Sistema Interamericano de DD. HH. en el chat “Mototaxi” era la propia Keiko Fujimori, cabecilla del partido que hoy co-gobierna con Boluarte. Pues a estos socios políticos no les bastó con la sangre ya derramada. Todo parece indicar que quieren seguir matando.

Con sed de sangre, por Eliana Carlin

Esta semana son las penúltimas reuniones del pleno del Congreso de la República, y con las de la próxima semana se cierran las votaciones del año. Son, entonces, las últimas oportunidades de la mayoría congresal para avanzar en sus esfuerzos de desmontaje institucional y de ataque contra todo aquello que se considere “caviar”.

Entre algunas de las normas en agenda, se encuentran un Proyecto de Ley que busca incrementar las funciones del Presidente del Congreso para permitirle denunciar por infracción constitucional a los ministros que no reglamenten leyes, otro Proyecto de Ley que busca institucionalizar a los colectivos informales, otra norma más que permitiría transferir fondos de FONAFE al tesoro público, y, finalmente, se ha colocado en agenda la discusión del dictamen que busca controlar las funciones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En estas líneas, me detendré brevemente a hablar del dictamen referido a las ONG. Solo para comenzar, las opiniones técnicas solicitadas por la Comisión de Relaciones Exteriores a las entidades afectadas por esta propuesta fueron emitidas sobre proyectos de ley específicos que posteriormente componen el dictamen. Sin embargo, estos proyectos de ley sobre los cuales se ha opinado no corresponden exactamente al texto sustitutorio. Por tanto, el análisis y discusión respecto del texto final han sido insuficientes.

Además de sustentarse sobre el supuesto falso de que las ONG no rinden cuentas —ya que lo hacen ante APCI de acuerdo con la normativa vigente—, la propuesta actual de modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) establece el incremento de sanciones de 50 UIT a 500 UIT, un incremento en 10 veces las sanciones actuales, sin esgrimir ningún argumento técnico que justifique este salto con garrocha. Cabe mencionar que una sanción de 500 UIT excede, y por mucho, el presupuesto de decenas de organizaciones, y, por tanto, su aplicación implicaría la desaparición de las mismas.

Finalmente, el mencionado dictamen plantea registrar a las organizaciones que se dedican al “activismo político” y define el mismo como la incidencia para “mejorar políticas públicas nacionales”. ¿Qué significa esto? ¿No es acaso una flagrante violación a nuestros derechos constitucionales de participación en los quehaceres sociales, políticos y económicos del país?

Probablemente el Parlamento cuente con los votos para aprobar estas peligrosas modificaciones. Esperemos que, desde la sociedad civil y desde el espacio internacional, se levanten suficientes voces como para frenar esta nueva ofensiva contra nuestros derechos.

“Descansa en paz, shanti”. Contoricón, un luchador por el bienestar de su pueblo. La invasión de tierras de las comunidades indígenas por parte del narcotráfico creció 40%, desde la pandemia, advierte la CNDDHH. Foto: archivo | Fuente: Edgar Matienzo

Hambre y mentira, por Eliana Carlín

Si la evidencia se tuerce, como es lo que busca hacer Dina Boluarte presentando cifras maquiladas de pobreza, ¿cómo se justificará la ejecución de políticas contra la pobreza?, ¿cómo se mejorará la focalización de los programas sociales?

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